Sara Goldring fue derivada a internación minutos antes de una audiencia y se resolvió una nueva prórroga

La audiencia de control de acusación contra la corredora de bolsa Sara Goldring volvió a prorrogarse este lunes, luego de que su defensa presentara un certificado médico en el que consta que la imputada no se encontraba en condiciones de comparecer, ni siquiera por videollamada.

La instancia debía continuar en el Juzgado de Crimen Organizado de 2^do Turno, luego de que el pasado viernes Fiscalía terminara de ofrecer la prueba que introducirá a juicio. Pero al iniciar la audiencia, el abogado Marcelo Domínguez, defensor de Goldring junto a Gonzalo Fernández, presentó documentación que daba cuenta de la situación de salud de la corredora, de 76 años.

Según manifestó Domínguez, la mujer fue derivada a internación luego de que se le "abriera una herida quirúrgica" que tiene en una pierna, lo que impidió que pudiera comparecer en la audiencia.

En el caso Goldring, la etapa de control de acusación ya venía marcada por varias postergaciones por problemas de salud de la imputada. En las primeras jornadas, la mujer compareció a través de una pantalla. Este lunes, su defensa se comprometió a garantizar la comparecencia de la imputada siempre que su condición médica lo permita.

Un grupo de damnificados que se hizo presente en la audiencia reclamó a la jueza Diovanet Olivera. "Estamos hace cuatro años en este infierno", dijo una mujer que luego se retiró entre lágrimas. La magistrada, por su parte, explicó que en el proceso penal la comparecencia de la imputada es preceptiva y que en este caso se encuentra justificada mediante un certificado médico.

"Recemos para que se mejore", ironizó otra denunciante al abandonar la sala. Durante la retirada, damnificados intercambiaron opiniones sobre la postergación. "Ojalá tengamos suerte la próxima" y "esto es una tomadura de pelo", dijeron otros.

La causa penal contra la corredora está a cargo de la Fiscalía de Lavado de Activos, encabezada por Enrique Rodríguez. El fiscal acusó a Goldring por un delito continuado de apropiación indebida y pidió cuatro años de penitenciaría, la pena máxima prevista para ese delito.

La tesis de Fiscalía es que Goldring no solo perdió dinero de sus clientes por una mala evolución del mercado, como sostiene su defensa, sino que habría ocultado información relevante y utilizado activos confiados por inversores para cubrir pérdidas u obligaciones generadas dentro de su propia operativa.

La defensa de la corredora rechaza esa acusación. Sus abogados sostienen que no existió una maniobra delictiva, sino pérdidas derivadas de inversiones de riesgo y de una caída de los mercados internacionales. También han señalado que varios clientes tenían perfiles de inversión agresivos y conocían los riesgos de las operaciones.

Los representantes de los damnificados, por su parte, buscan introducir prueba que entienden clave para reconstruir la operativa. Entre esos elementos hay declaraciones de clientes, correos electrónicos, estados de cuenta y documentación vinculada a perfiles de riesgo, saldos informados y valuaciones de fondos.

En paralelo, continúa abierto el frente patrimonial. Goldring impulsó un Acuerdo Privado de Reorganización para pagar a los damnificados el 60% de los créditos reconocidos en el proceso de liquidación. Sin embargo, la propuesta no alcanzó hasta ahora las adhesiones necesarias.

La posibilidad de ese acuerdo generó diferencias entre los propios damnificados. Mientras algunos entienden que aceptar la propuesta es la forma más rápida de recuperar parte del dinero, otros rechazan la fórmula y pretenden continuar con los reclamos civiles y penales hasta las últimas consecuencias.