Caso Goldring: audiencia empezó y se suspendió porque ella "no se estaba sintiendo bien"; Fiscalía presentó sus pruebas

La audiencia de control de acusación contra la corredora de bolsa Sara Goldring tuvo un nuevo episodio este viernes, luego de haber sido postergada el 15 de mayo por problemas de salud de la imputada. Si bien se esperaba que en esta instancia se finalice la discusión sobre la prueba ofrecida por Fiscalía y que los representantes de las víctimas comiencen a introducir evidencia para el eventual juicio oral, esto no fue posible.

La corredora compareció a través de una pantalla por motivos médicos, tal como lo hizo en la primera audiencia de control de detención.

Tras una pausa en la instancia de este viernes, Marcelo Domínguez (abogado de Goldring junto a Gonzalo Fernández), pidió a la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera la suspensión de la audiencia, argumentando que la mujer no se estaba sintiendo bien.

A raíz de esta petición, se finalizó con la prueba ofrecida por la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, y la audiencia se dio por culminada.

Entre la prueba documental de Fiscalía se encuentran expedientes realizados por el Banco Central, informes de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y copias de contratos con bancos del exterior.

La abogada Ana Irabedra (representante de damnificados) también llegó a solicitar la suspensión de la audiencia, argumentando que los representantes de las víctimas no habían tenido acceso a los extractos de expedientes que presentó Fiscalía, pero el reclamo fue desestimado.

La jueza explicó que las defensas tendrán tiempo el próximo lunes o el martes 9 de junio, días en los que se continuará discutiendo la prueba, para incorporar los elementos que consideren oportunos.

Goldring, de 76 años, fue acusada por la Fiscalía de Lavado de Activos por apropiación indebida. El fiscal pidió la pena máxima prevista para ese delito: cuatro años de penitenciaría.

La defensa de la imputada sostiene que no existió una maniobra delictiva, sino pérdidas derivadas de inversiones de riesgo y de la caída de los mercados.

La audiencia de control de acusación es una etapa previa al juicio en la que las partes discuten qué prueba será admitida para el debate oral.

En el caso que involucra a Goldring, Fiscalía y las víctimas buscan probar que las pérdidas sufridas por cientos de clientes no fueron únicamente consecuencia de una mala evolución del mercado, sino de una operativa irregular que incluyó ocultamiento de información, manejo indebido de fondos y saldos que no reflejaban la realidad de las cuentas.

Según pudo saber El País, parte de la evidencia que intentarán introducir los representantes de las víctimas está vinculada a declaraciones de clientes, correos electrónicos, estados de cuenta y documentación sobre fondos administrados en la operativa de Goldring. La mayoría de esta prueba ya fue introducida por Fiscalía y aceptada por la jueza en las audiencias recientes.

Uno de los puntos que buscarán acreditar refiere a los perfiles de riesgo de los clientes. Fuentes del caso dijeron a El País que se presentarán correos electrónicos en los que se solicitaba a estos que actualizaran su perfil de inversión.

En algunos casos, según la documentación que se pretende incorporar, se les pedía que enviaran formularios firmados en blanco para que luego fueran completados. En otros, se les indicaba que debían pasar a un perfil agresivo para poder operar.

La defensa de Goldring ha sostenido que varios clientes tenían perfiles de inversión agresivos y que conocían los riesgos de la operativa, por lo que no habría existido maniobra delictiva.

Según los denunciantes, la documentación mostraría que esos perfiles fueron modificados o presentados de forma funcional a la estrategia de la corredora.

Otro bloque de prueba apunta a los estados de cuenta que recibían los clientes. Según los denunciantes, algunos inversores veían saldos positivos o posiciones aparentemente líquidas, pero cuando Lideco avanzó en la liquidación de las sociedades vinculadas a Goldring, constató que ese dinero no existía. En varios casos, los bienes habrían sido pasados a efectivo bajo el argumento de proteger las inversiones por la volatilidad generada tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

También se espera que el próximo lunes se incorporen elementos sobre clientes que veían en sus estados de cuenta que el put —una de las posiciones utilizadas en la operativa— figuraba en cero, cuando en realidad mantenían deudas. Para los representantes de las víctimas, ese tipo de información será clave para intentar demostrar que los clientes no conocían la verdadera situación de sus inversiones.

Otro aspecto que se espera discutir refiere al fondo SCGCM, creado por Goldring. Los denunciantes pretenden presentar documentación complementaria a la de Fiscalía que mostraría que ese fondo tenía una valuación adulterada.

El País consultó a los abogados Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo, quienes representan a un grupo de damnificados. Aseguraron que "efectivamente" presentarán prueba “coadyuvando con la Fiscalía”, aunque prefirieron omitir detalles hasta después de la audiencia del lunes.

El caso Goldring tiene actualmente tres frentes abiertos. El primero es el administrativo-concursal, vinculado a la intervención del Banco Central del Uruguay y al rol de Lideco en la liquidación de las sociedades Custodia de Valores Mobiliarios —CVM— Corredor de Bolsa S.A. y United Brokers Agente de Valores S.A.

El segundo es el proceso penal, en el que Fiscalía ya presentó acusación y pidió cuatro años de penitenciaría.

El tercero es el frente civil y patrimonial, por el que los damnificados buscan recuperar parte del dinero perdido.

En paralelo, sigue pendiente la posibilidad de un Acuerdo Privado de Reorganización, por el que Goldring ofreció pagar el 60% de los créditos reconocidos en el proceso de liquidación. Para que el acuerdo prospere se requiere la adhesión de una mayoría especial de acreedores, algo que hasta ahora no se logró.

La defensa de la imputada comunicó que la propuesta dejará de estar disponible cuando finalice la etapa de control de acusación.