"Soy el que sale en la tele": cómo funcionaba la banda que "El Ricardito" controlaba desde la cárcel

“Ricardito” no necesitaba estar en el Cerro para hacerse sentir. Desde la cárcel seguía dando órdenes, controlando bocas de droga y comunicándose con integrantes de una organización que vendía pasta base y cocaína todos los días durante las 24 horas. En una de esas llamadas, dirigida a una mujer que había sido amenazada, golpeada y obligada a vender droga, apeló a su propia fama criminal: “Soy el que sale en la tele”.

La frase fue mencionada por la fiscal de Estupefacientes de 2^do Turno, Stella Llorente, en una audiencia judicial a la que accedió El País. Para los investigadores, esta resume el lugar que Ricardo Cáceres, medio hermano de Luis "Betito" Suárez, ocupaba dentro de la estructura. La fiscal sostuvo que Cáceres lideraba desde prisión una red de puntos de venta en el Cerro, con personas encargadas de suministrar droga, recaudar dinero, custodiar bocas, vigilar cámaras y recorrer los distintos lugares de acopio y venta.

La investigación avanzó después de que la Brigada Departamental Antidrogas recibiera información de fuentes reservadas y denuncias de vecinos sobre una organización dedicada al comercio de drogas en la zona. Esa información coincidía con otros hechos que ya venían siendo trabajados por la Policía. En el centro de esa estructura aparecía “Ricardito”, quien ya había sido condenado por organización de actividades de narcotráfico, extorsión, violencia privada y lesiones personales.

Uno de los puntos señalados por la investigación estaba ubicado en la intersección de las calles Egipto y Estados Unidos, lugar conocido como “la escalerita”. Allí ocurrió un triple homicidio hace pocas semanas, y se presume que los autores eran integrantes de una banda rival.

Esa vivienda formaba parte de una red más amplia de bocas que funcionaban día y noche en el Cerro, con consumidores que entraban y salían constantemente.

En uno de esos lugares vivía un cuñado de “Ricardito”. Allí se encontró droga y dinero. El hombre intentó desligarse diciendo que tenía un inquilino, pero los investigadores ubicaron championes y otros efectos personales que lo vinculaban directamente con la vivienda y con la organización. Ese hombre fue señalado como una pieza logística clave: proporcionaba medios de transporte, entre ellos una moto y un monopatín eléctrico, para que otros integrantes recorrieran y controlaran los puntos de venta.

El rol de la esposa de Cáceres fue uno de los puntos centrales de las audiencias. Ella era el nexo de comunicación entre su pareja presa y los demás integrantes de la organización, además de ser la encargada de recolectar y administrar parte del dinero. Esa participación terminó con su condena a cuatro años y siete meses de penitenciaría por negociación de sustancias estupefacientes prohibidas y asociación para delinquir.

La mujer utilizaba un vehículo que fue registrado en varias tareas de vigilancia. Si bien estaba a nombre de una tercera persona, esta declaró que la verdadera titular era la esposa de “Ricardito”. El auto era utilizado para recorrer las bocas, reunirse con encargados y retirar dinero.

Un dron utilizado por la Policía la registró en varias oportunidades. Una de ellas fue el 14 de abril en la zona de Berna y Vigo. Estacionó, descendió del vehículo y habló con una persona encargada de cuidar una de las bocas. La misma mecánica se repitió otros días. También fue vista en “la escalerita”, donde ingresó, permaneció en el lugar, dialogó con los ocupantes y luego se retiró.

El 2 de mayo, la mujer llegó al domicilio de una de las encargadas de manejar puntos de venta. Esa persona salió de la casa y le entregó una bolsa gris, que más adelante fue incautada, conteniendo evidencia clave para la investigación. Se trata de una hoja con anotaciones que la fiscal Llorente definió como "propias de la venta de estupefacientes". Allí aparecían registros como “50B”, “10M” y “27B”. De acuerdo con la interpretación de los investigadores, la “B” hacía referencia a pasta base y la “M” a cocaína.

Días después, la mujer repitió una recorrida similar. Para los investigadores, esa secuencia mostraba que no se trataba de visitas aisladas, sino de un camino recurrente por los distintos puntos de la organización. En esos seguimientos, la Policía observó consumidores que entraban y salían de las viviendas.

La ruta del dinero también fue utilizada como evidencia. La Fiscalía mencionó informes de redes de cobranza que registraron giros enviados a la esposa de “Ricardito”. Entre octubre y diciembre de 2025, una persona le giró $ 209.143. Otro hombre le envió dinero en 28 oportunidades, por un total de $ 421.221. También se detectaron nueve giros por $ 127.500 y otros seis movimientos, en un lapso de 23 días, por $ 48.819. Según la fiscal, todos esos depósitos fueron realizados en sucursales del Cerro.

En el allanamiento a la casa de la esposa de Cáceres, los investigadores encontraron carteras, monederos, morrales y mochilas con monedas y billetes de baja denominación. También se le incautó marihuana y dos envoltorios pequeños de cocaína.

La organización, conocida como "Los Ricarditos" también tenía un sistema de vigilancia propio. En todos los puntos de venta y acopio fueron encontradas cámaras instaladas de forma similar. Esas eran controladas desde dispositivos electrónicos y permitían observar el movimiento de consumidores, integrantes de la organización y policías.

En una de las escuchas telefónicas, una imputada advirtió que estaba “lleno de botones en (la calle) Vigo”. Según la fiscal, lo decía porque lo estaba viendo a través de las cámaras. También fue registrada una frase sobre una persona que había sido detenida. “Agarraron al viejo”, dijo, mientras lo observaba por las cámaras.

Los investigadores también extrajeron información de celulares incautados en allanamientos realizados a principios de año. De allí surgieron filmaciones, capturas de pantalla y videos de las bocas. Ese material mostraba que los puntos no solo vendían droga, sino que eran monitoreados de forma permanente.

Las escuchas permitieron reconstruir la actividad cotidiana de la red. El 22 de mayo fue interceptada una llamada de un imputado apodado “Bebe”, que se encontraba en “la escalerita”. En la conversación llamó “tía” a una mujer que estaba en otro punto de venta y le dijo que solo le quedaban “10 promos”. También le dijo que estaba haciendo las cuentas porque “la Juana” iba a buscar el dinero.

La Policía montó vigilancia y minutos más tarde vio llegar el auto utilizado por la esposa de “Ricardito”. En esa instancia, la mujer permaneció unas tres horas en ese lugar antes de retirarse.

Para la Fiscalía, "Bebe" se encontraba en uno de los escalafones más bajos de la organización. Su tarea era suministrar droga en la boca conocida como “la escalerita”. La videovigilancia lo mostró intercambiando droga con consumidores, incluso afuera de la vivienda.

Foto: Estefanía Leal.

“A todos los que estén ahí deciles que está a 170 el gramo de base y 250 el gramo de merca”, dijo en una conversación interceptada. También habló con otro integrante y dijo que ya había hablado con “el Negro”, en referencia a “Ricardito”.

La investigación también señaló a otro ya condenado, apodado “El Guille”, como uno de los encargados de la distribución en los puntos. La Fiscalía lo vinculó además con episodios de violencia contra consumidores. En particular, mencionó la denuncia del padre de una víctima que dijo que su hija, consumidora de drogas, había sido amenazada de muerte, secuestrada, golpeada y obligada a vender todos los días en una boca.

En ese contexto, “Ricardito” realizó una llamada desde la cárcel. Según relató Fiscalía, Cáceres llamaba todos los días. En esa oportunidad, habló con la víctima, le dijo que sabía quién era y se presentaba como “el que sale en la tele”. También le decía que su organización tenía varias bocas. Para la fiscal, esa evidencia “demostraba claramente” la mecánica del negocio: una red de venta de drogas, pero también de amenazas, control y sometimiento.

Otro episodio relatado en audiencia ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Chile. El propietario dijo a la Policía que personas “del Ricardo” lo habían amenazado para que les permitiera ingresar. Según su declaración, le dijeron que si no los dejaba entrar “se metían de vivos” y le apuntaron con un arma. El hombre contó que aceptó por miedo a represalias, ya que su hijo estaba preso.

La Policía ingresó con su autorización y comprobó que allí funcionaba otro punto de droga. Incautaron celulares, cocaína, pasta base, una libreta con apuntes y dinero. También fue encontrado un cuaderno con direcciones y cifras.

En otro allanamiento, realizado el 18 de marzo en Río de Janeiro y Chile, fue ubicado un domicilio que la Fiscalía nuevamente vinculó al cuñado de “Ricardito”. Allí se encontraron documentos, una moto y cocaína.

La presencia de los investigados en distintos puntos demostraba que no se trataba de vendedores aislados, sino de una asociación criminal. Había personas que suministraban droga, otras que controlaban, otras que recaudaban, otras que prestaban vehículos y otras que actuaban como porteros o vigilantes.

Las defensas de cuatro imputados (entre ellos la esposa y el cuñado de "Ricardito"), tuvieron acceso a la carpeta investigativa y entendieron que había mérito suficiente para avanzar por la vía del proceso abreviado. Los imputados admitieron los hechos, lo que fue considerado como una atenuante. La Fiscalía diferenció las penas según el rol que cada uno cumplía dentro de la organización.

La esposa del narco fue condenada a cuatro años y siete meses de penitenciaría. El cuñado recibió una pena de cuatro años y cuatro meses. Una tercera integrante fue condenada a tres años. Además, se dispuso el decomiso de elementos que, según la Fiscalía, eran producto del delito: dinero, el vehículo utilizado por la esposa de Cáceres y la moto vinculada al cuñado.

“Bebe”, uno de los imputados que había resultado herido en el triple homicidio del Cerro, fue detenido al recibir el alta médica y ya resultó condenado a dos años y tres meses de penitenciaría por suministro de sustancias estupefacientes y asociación para delinquir. Su pena fue menor por el lugar que ocupaba en la estructura.

Durante esa audiencia, la defensa pidió asistencia médica para el imputado. El hombre dijo que había sido maltratado por la Policía, que no le habían dado medicamentos y que no podía caminar por la herida de bala en una pierna. También planteó que su vida corría peligro si era enviado al exComcar o al Penal de Libertad. El juez dispuso que fuera evaluado por un médico forense para determinar su situación.