Tres senadores blancos presentan denuncia penal por “presunta divulgación ilegítima” en Operación Trazador

Los senadores nacionalistas Graciela Bianchi, José Luis Falero y Rodrigo Blás presentarán este miércoles una denuncia penal en Fiscalía por la “presunta divulgación ilegítima” de información que se dio en torno a la investigación penal por la Operación Trazador, por la que condenaron por lavado de activos a Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista montevideano Gonzalo Gómez.

A entender de los legisladores, la “presunta divulgación ilegítima de información, fotografías, videos y otros antecedentes vinculados a una investigación penal” podría “configurar el delito”.

“La denuncia comprende la posible extracción, entrega o difusión de materiales conocidos u obtenidos en razón del ejercicio de funcionares públicas y sujetos a obligaciones de secreto, reserva o confidencialidad”, se lee en la denuncia penal que presentarán en la Fiscalía de Delitos Económicos.

Allí se argumenta que la “eventual divulgación habría podido exponer a funcionarios policiales, personas investigadas y terceros, relevar identidades y métodos operativos, alertar a eventuales involucrados y afectar diligencias destinadas al esclarecimiento de hechos delictivos”.

Por ese motivo, solicitaron “investigar el origen de la información difundida, su régimen jurídico de protección, la cadena de acceso y custodia, las modalidades de su circulación y la identidad y responsabilidad de las personas que hubiera intervenido ilegítimamente en tales hechos”.

En concreto, entienden necesario “determinar qué volumen de información se divulgó efectivamente” de la investigación penal, “y si se encontraba incorporada a una carpeta fiscal, a registros de investigación policial o a otros repositorios oficiales”.

Asimismo, creen que se “deberá establecerse cuál era el régimen de custodia, qué personas tuvieron acceso y si la circulación del material respondió a alguna habilitación legal”.

Los senadores incluyeron en la denuncia publicaciones en redes sociales del periodista Eduardo Preve. Esto, argumentan, sirve para “reconstruir el origen y las eventuales vías de filtración, distinguir una difusión inicial de posibles entregas sucesivas de información, identificar a quienes tenían acceso al material en cada momento y establecer los riesgos concretos para la investigación y las personas involucradas”.

También apuntan que, “según la información periodística, uno de los videos difundidos habría sido filmado por un jerarca policial”.

En esa línea, creen que es necesario “verificar la identidad de quien efectuó el registro, el contexto funcional de la filmación, su finalidad, el dispositivo empleado y las condiciones de archivo, acceso, reproducción y transmisión”.

Lo que quieren los legisladores —indican— es "esclarecer la existencia de eventuales filtraciones y sus circunstancias, identificar el origen institucional de los materiales y determinar si alguna persona obligada a guardar reserva facilitó ilegítimamente su conocimiento por terceros".