El informe clave que llevó a Orsi a revocar reducción de inhabilitación de Lustemberg a anestesista Miralles

Un informe jurídico elaborado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) fue clave para que el presidente de la República, Yamandú Orsi, resolviera restablecer la sanción de cinco años de inhabilitación a la anestesista Inés Miralles. La decisión revirtió lo dispuesto por la propia ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien había reducido la sanción a tres años.

El caso se originó a raíz de la muerte de Soledad Barrera, una pediatra de 41 años que falleció tras permanecer varios meses en coma como consecuencia de una mala praxis durante una operación de vesícula realizada el 26 de octubre de 2023. El episodio tomó y generó una fuerte controversia política, que llevó incluso a la oposición a reclamar la renuncia de la secretaria de Estado.

Según supo El País, tras recibir el informe proveniente del MSP, firmado por el director de Servicios Jurídicos, Martín Esposto, Orsi solicitó asesoría legal a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para tomar la resolución final. Las conclusiones a las que arribó la cartera llevaron al primer mandatario a revocar la resolución de Lustemberg y restablecer la inhabilitación de Miralles por un período de cinco años.

Para la resolución de Presidencia, a partir de un recurso de revocación presentado por Rosario Barrera, madre de la víctima, se tomaron en consideración nuevos “hechos que ameritan reconsiderar la sanción oportunamente dispuesta, fundamentalmente al dictado de la sentencia del 18 de diciembre de 2025 que homologó el acuerdo abreviado promovido por Fiscalía de Flagrancia de 9° turno condenando a Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable.

Con respecto a la equivoca reducción de la sanción, se destacó que “se habían dado por probados cuatro apartamientos graves a la lex artis (actuación conforme de un profesional) por parte de la anestesista, en el marco del procedimiento quirúrgico donde se produjo un paro cardíaco y un agravio neurológico severo e irreversible, que llevara posteriormente al fallecimiento de la señora Barrera”.

Por tanto, Presidencia hizo lugar al recurso de revocación presentado por los representantes legales de Barrera y, a partir de la sentencia judicial, fundamentó y resolvió dejar sin efecto la reducción de la sanción.

Por su parte, desde el MSP dijeron a El País que el informe elaborado por el área jurídica “demandó varios meses de trabajo” y que de él “surgieron nuevos elementos”. A raíz de esos nuevos hechos, Lustemberg mantuvo una conversación con Orsi sobre el caso. La resolución lleva la firma tanto del presidente como de la ministra.

La sanción original había sido dispuesta en diciembre de 2024, a partir de un fallo de la Comisión de Salud Pública. Sin embargo, el 1° de octubre de ese año, Lustemberg resolvió reducirla (Miralles había presentado recursos tras ser sancionada). La decisión provocó la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la comisión.

El informe elevado por el MSP a Presidencia sostiene que la reducción de la inhabilitación para el ejercicio profesional, dispuesta en octubre, “se fundó principalmente en los principios de discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad e individualización de la sanción”.

“La motivación estuvo constituida por argumentos de tipo jurídico y no sobre el fondo del asunto. La resolución ministerial, fue por tanto, ajustada a derecho y dictada por los elementos y probanzas que se tenían a la vista, a esa fecha”, se indica.

Sin embargo, se marca que se impone realizar una revisión de lo resuelto dado los elementos nuevos surgidos. En referencia a este punto, se señala que al momento de la decisión de reducir la inhabilitación la Administración no tenía la misma información que en el presente.

“Resultan a la fecha nuevos elementos que no se tenían al momento de la toma de decisión, que consisten en los acuerdos a los que se arribó en el marco de la Justicia Civil y Penal, las pericias y probanzas diligenciadas en ese ámbito y la investigación administrativa dispuesta por la Sociedad Médica Universal (se habían informado actitudes irregulares de Miralles)”, indica el informe que fue finalizado el 28 de octubre pasado.

En un proceso abreviado acordado con la Fiscalía, Miralles fue condenada en diciembre de 2025 por el delito de homicidio culpable a dos años de prisión, sustituyéndose con libertad a prueba y régimen de arresto domiciliario por ocho meses.

La pericia realizada, dice el informe, establece de forma categórica que “la extubación posterior a un PCR de causa inexplicada, fue un acto médico inapropiado” y que “la sucesión de hechos, tanto previos como posteriores al PCR pudieron haber influido en el desenlace final de la víctima”.

“Estamos frente a un apañamiento de la conducta esperada para la media de un especialista en anestesiología enfrentando a esta situación”, se añade.

Por tanto, concluye el informe, Miralles reconoció su responsabilidad ante la Justicia de los hechos denunciados, "lo que no había ocurrido en las distintas instancias administrativas en las que se presentó y por tanto constituye un elemento clave a ser considerado a la hora de resolver el recurso”.

“Conforme a lo antes mencionado, se impone en el caso reconsiderar los hechos, a la luz de la nueva probanza recabada en forma posterior al dictado de la resolución. Existie un verdadero deber de la Administración de rectificar sus actos cuando nuevos elementos así lo ameriten”, sugiere el director de Servicios Jurídicos del MSP.

En este sentido, recomienda hacer lugar al recurso presentado por Rosario Barrera, revocar parcialmente la reducción de la sanción y elevarla nuevamente a cinco años para ser revaluada la rehabilitación antes del vencimiento del plazo por la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República.

Consultada por El País, Barrera dijo que aunque contenta no estaba, “al menos el presidente se puso la mano en el corazón y comprendió después de tantos reclamos”. “Yo voy a seguir adelante”, finalizó.

Una vez conocida la resolución, desde el Partido Nacional se pidió la renuncia de Lustemberg, que ha sido duramente criticada por este caso. El exsubsecretario José Luis Satdjian criticó la demora para tomar la decisión.

“Un año después. La ministra tendría que haberse dado cuenta de su erro hace mucho tiempo y arreglarlo ella. Seguimos sin saber los verdaderos motivos por los que actuó fuera de todo criterio. El MSP actual no da garantías para los usuarios”, apuntó.

El diputado Federico Casaretto, por su parte, afirmó que “Lustemberg se tiene que ir” y valoró la decisión de Orsi. Sin embargo, desde el MSP aseguraron que la resolución fue consensuada entre el presidente y la ministra, que previamente había defendido la baja de la sanción.

También el diputado Amin Niffouri habló de “desprolijo accionar” de las autoridades y criticó la demora de meses para tomar la decisión.