Jueza rechazó encubrimiento de la expareja de Mariana Rivero y lo condenó por femicidio a 28 años de cárcel

La jueza penal Viviana Galletto condenó a Luciano Ledesma a 28 años de penitenciaría por el femicidio de su expareja, Mariana Rivero, y por vilipendio de cadáver especialmente agravado. En la sentencia, la magistrada concluyó que Ledesma mató a la joven de 24 años cuando ella fue a su casa a retirar las pertenencias que habían quedado allí tras la separación.

El 20 de octubre de 2023, Mariana tomó dos ómnibus hasta el barrio Tres Ombúes, donde vivía Ledesma. Los mensajes que le envió durante el viaje, los registros de su tarjeta STM y las cámaras permitieron reconstruir el recorrido. El último lugar en el que se la pudo ubicar fue la casa de su exnovio. Según el fallo, allí fue donde Ledesma la degolló y desmembró el cuerpo. Al día siguiente trasladó los restos hasta un monte de Punta Yeguas y los enterró en dos pozos. Fue él quien 19 días después de la desaparición indicó a los investigadores dónde buscar.

En el juicio, el padre de Mariana, Marcelo Rivero, contó que aquella tarde recibió un mensaje desde el celular de su hija. Decía que había salido a comer con una amiga a Tres Cruces. Sin embargo, los registros de las antenas ubicaban el teléfono en la misma zona que el de Ledesma.
Cuando Marcelo habló con él, recibió otra versión. Ledesma le dijo que Mariana había llegado a su casa al mediodía, habían discutido y ella se había ido. La jueza destacó que, desde que ingresó a la vivienda, las cámaras y los registros de transporte no volvieron a captar movimientos.

Las imágenes del día siguiente aportaron otro indicio. De mañana, Ledesma fue en bicicleta hasta la casa de su madre. Llegó sin llevar nada y salió con un bolso oscuro con letras blancas. Más tarde, un taxista recordó haber llevado hasta la entrada del parque de Punta Yeguas a un pasajero que había acomodado una valija, una mochila y un bolso en la parte de atrás del auto. Cuando la Policía encontró el cuerpo, también se encontró con un bolso con las mismas características que el de las filmaciones.

Las abogadas del femicida habían pedido que se lo condenara únicamente por encubrimiento. Sostuvieron que otra persona había matado a Mariana y que Ledesma había actuado "bajo amenazas" contra su familia. También señalaron que en la vivienda no se habían encontrado rastros biológicos que vincularan a su defendido con el homicidio.

Por su parte, las abogadas de la madre, Soledad Suárez, María Echetto e Ivana Mesano, adhirieron al pedido de la Fiscalía de imponerle 30 años de penitenciaría y otros 15 de medidas de seguridad eliminativas. Andrés Arocena, abogado del padre, también adhirió.

La jueza Galletto consideró que la ausencia de rastros era "compatible con las acciones de Ledesma" para ocultar el crimen. Sobre la supuesta intervención de un tercero, señaló que ninguna prueba lo situaba junto a Mariana ni respaldaba las amenazas. Las cámaras permitieron reconstruir cómo Ledesma se desplazó solo durante horas, en ómnibus y en taxi, hasta el lugar donde enterró el cuerpo junto con un cuchillo y los documentos de la joven.

Para calificar el crimen como femicidio, la jueza valoró el control que Ledesma ejercía sobre Mariana. Su madre había presenciado cómo la vigilaba por videollamadas incluso mientras comía. Cuando Mariana intentaba terminar la relación, él amenazaba con quitarse la vida. "Fue el desenlace extremo de un vínculo en el que él pretendió controlar su vida y le negó la libertad de decidir por sí misma, incluso sobre la continuidad de esa relación", sentenció Galletto.

La autopsia permitió distinguir la herida que causó la muerte de las lesiones posteriores. La médica forense Jacqueline Cano explicó que Mariana estaba viva cuando recibió el corte en el cuello y que el desmembramiento ocurrió después. Para Galletto, la forma en que Ledesma trató los restos también justificaba una condena por vilipendio. Entendió que, además de intentar ocultar el crimen, repartió el cuerpo en dos pozos y "privó de sus restos a la familia que la buscaba".

La fiscal Alicia Abreu había pedido 30 años de penitenciaría y otros 15 de medidas de seguridad eliminativas (el máximo en el sistema uruguayo). Al fijar la pena en 28 años, Galletto valoró como agravante la alevosía. Entendió que Ledesma conocía la discapacidad que afectaba la movilidad de Mariana y que aprovechó esa circunstancia al atacarla. Como atenuante, tuvo en cuenta que carecía de antecedentes.

Para imponer las medidas adicionales, la jueza entendió que faltaba una evaluación que permitiera establecer qué probabilidad había de que Ledesma volviera a cometer un hecho similar. "Describir rasgos de personalidad, por graves que sean, no equivale a formular un pronóstico de reiteración delictiva", señaló. Agregó que la gravedad del crimen ya había sido considerada al fijar la pena y que usarla como único fundamento para imponer otros 15 años supondría "valorar dos veces los mismos hechos".

La jueza también dispuso que Ledesma pague una reparación equivalente a 12 ingresos mensuales suyos o, en su defecto, a 12 salarios mínimos. La suma se distribuirá en partes iguales entre los padres de Mariana.