Abogados de damnificados en República Ganadera reclaman que se designe fiscal titular y evalúan demandar a Fiscalía

Cinco abogados que representan a damnificados de República Ganadera reclamaron este miércoles en el Parlamento que se designe un fiscal titular para dirigir la investigación. Ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, cuestionaron que a casi dos años de las primeras denuncias "la única medida penal vigente sea la prohibición de salir del país para los dos directores de la empresa". Si la situación se mantiene, evalúan demandar a la Fiscalía General de la Nación por falta de servicio, dijo a El País el abogado Juan Pablo Decia. “Ya es desidia”, sostuvo.

Decia concurrió a la comisión junto con los abogados Juan Fagundez, Carlos Esponda, Graciana Abelenda y Natalia Iruleguy. La delegación pidió a los diputados que citen a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, para que informe sobre el estado de la causa y los recursos asignados a la investigación. Los legisladores escucharon a la delegación y le pidieron que les enviara la presentación para estudiar el caso.

Las primeras denuncias penales se presentaron el 27 de noviembre de 2024, un día después de que República Ganadera solicitara su concurso. En el proceso concursal se verificaron deudas por US$ 95,6 millones con 1.445 acreedores, según la documentación que los abogados prepararon para la comisión.

La Fiscalía de Delitos Económicos de 1^er Turno, que lleva el caso, quedó sin titular en mayo cuando el fiscal Alejandro Machado y su adjunto Leonardo Rosas fueron trasladados a la Fiscalía de Cibercrimen. Gilberto Rodríguez subroga el cargo mientras sigue al frente de su propia fiscalía.

Uno de los episodios que los abogados relataron a los diputados ocurrió el pasado 8 de octubre, en una audiencia en la que se discutía si los dos directores debían seguir impedidos de salir del país. Ese día concurrió en representación de Fiscalía una fiscal de Estupefacientes que, según Decia, dijo que aún se aguardaba un informe del equipo multidisciplinario para avanzar sobre los bienes de los investigados.

Un intercambio de correos al que accedió El País muestra que dos días antes, el 6 de octubre, un oficial de la sección Lavado de Activos del Ministerio del Interior había enviado el informe a Fiscalía.

En el informe, con fecha del 30 de setiembre, un equipo integrado por personal de distintos organismos señaló que había identificado "indicios de un patrón de vaciamiento patrimonial". También detectó transferencias dentro y fuera del país para las que no encontró una explicación acorde con la actividad comercial de República Ganadera.

"No es sospecha ni apreciación de los abogados, es prueba que está en la carpeta", sostuvo Decia. Según los abogados, en aquella audiencia Fiscalía solo pidió prorrogar por 120 días la prohibición de salir del país de los dos directores.

Durante la comparecencia, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, preguntó si la demora podía perjudicar las posibilidades de los damnificados de recuperar su dinero. Decia respondió que sí. El día anterior había presentado un escrito ante Fiscalía en el que identificó, entre los bienes que buscaba embargar, las cuotas pendientes por la venta de un inmueble en Ciudad de la Costa.

Según el informe del equipo multidisciplinario, el 30 de mayo de 2025, seis meses después de las primeras denuncias, María Elina Fynn (exsocia de República Ganadera) vendió la propiedad por US$ 590.000. La compradora pagó US$ 208.000 en el acto y acordó abonar los restantes US$ 382.000 en cuotas. Decia pidió que Fiscalía solicite al juzgado el embargo de ese crédito para que las cuotas que queden por pagar se depositen a la orden del juez.

En el mismo escrito, el abogado pidió a Fiscalía que solicite a la Justicia la formalización y la prisión preventiva de los dos socios administradores de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Andrés Mussio, entre otros investigados. También reclamó embargos sobre inmuebles y vehículos y la inmovilización de fondos en cuentas bancarias.