El director de Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Martín Esposto, presentó su renuncia al cargo en medio de la controversia política generada por la marcha atrás en la reducción de la sanción a la anestesista Inés Miralles, condenada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
Según informaron fuentes del ministerio a El País, el jerarca elevó su dimisión al director general de Secretaría —de quien depende directamente su división—, Rodrigo Márquez, alegando un desgaste por la “alta exposición” mediática del caso.
La cartera, por su parte, “decidió aceptar la renuncia”, añadieron las fuentes.
Esposto tuvo un rol central en el expediente: fue quien firmó tanto el informe que inicialmente respaldó la decisión de la ministra Cristina Lustemberg —en octubre de 2025— de rebajar la inhabilitación profesional de Miralles de cinco a tres años y también el documento posterior que recomendó revocar esa medida y restablecer la pena original.
El documento en el que se determina la revocación de la decisión original de la ministra está firmado por el presidente Yamandú Orsi, y también tiene la rúbrica de la ministra.
En la breve carta de renuncia dirigida a Lustemberg, Esposto expresó que lo hacía por “razones personales” y que se sentía honrado por haber sido designado en primer lugar.
“Por la presente el comunico formalmente que razones personales me hacen presentar renuncia al cargo que me honró con su designación. Desempeñé el mismo con profesionalidad y con la tranquilidad y certeza de haberlo realizado con lealtad institucional y sobre todo personal. Aprovecho para manifestar el reconocimiento y agradecimiento a todo su equipo de trabajo”, dice la carta a la que accedió El País.
Cambio de rumbo
La decisión del mandatario de restituir los cinco años de inhabilitación se concretó tras un recurso de revocación presentado por Rosario Barrera, madre de la víctima, quien falleció luego de permanecer meses en coma tras una cirugía de vesícula en octubre de 2023.
Para dar marcha atrás con la resolución ministerial, Presidencia —previa consulta a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC)— se basó en el segundo informe elaborado por la división jurídica a cargo de Esposto, finalizado el pasado 28 de octubre.
En ese documento, el MSP sostuvo que, si bien la rebaja dispuesta en octubre de 2025 estuvo “ajustada a derecho” según los elementos disponibles en ese momento, surgieron “hechos nuevos” que obligaban a la Administración a rectificar su acto.
En concreto, se hace referencia a “fundamentalmente al dictado de la sentencia del 18 de diciembre de 2025 que homologó el acuerdo abreviado promovido por Fiscalía de Flagrancia de 9° turno condenando a Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable”.
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