María Dolores: Parlamento remite informe a Fiscalía por denuncia luego de que FA y coalición acordaran moción

El debate político en torno a la compra por US$ 32,5 millones de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) llegó a su fin en lo respectivo al tratamiento parlamentario. Luego de meses del inicio de la comisión investigadora en marzo, la Cámara de Representantes trató tres informes en minoría este miércoles.

De todas maneras, los partidos de coalición (Nacional, Colorado e Independiente), junto a Identidad Soberana, plantearon desde el primer momento su voluntad de remitir a Fiscalía toda la documentación correspondiente en el marco de la denuncia penal presentada en setiembre del año pasado.

En su informe, aseguran que “existieron múltiples y graves violaciones a la Constitución, a las leyes, a los decretos y reglamentos vigentes y a los más elementales principios éticos”.

“Se tiene la sospecha fundada de que algunas de estas conductas pueden ser penalmente punibles y en consecuencia este informe será presentado a la Justicia competente”, sostienen, por lo que proponen remitirlo a Fiscalía y piden al Poder Ejecutivo que se destituya a los directores que apoyaron la adquisición, lo que finalmente sucederá.

En contraposición, el Frente Amplio (FA) afirma que “no surge elemento objetivo que permita sostener la existencia de irregularidad, ilicitud, desviación de poder, falta de competencia, ausencia de motivación, perjuicio patrimonial o apartamiento del interés público”.

En esa línea, manifiesta que la compra de la estancia fue “jurídicamente ajustada, técnicamente fundada, financieramente respaldada y estratégicamente alineada con los cometidos del INC”.

No obstante, ambos bloques mayoritarios negociaron para acordar una moción común, pero cediendo en distintos aspectos: el FA a incluir en su moción que se eleve la información a Fiscalía y la oposición a quitar el pedido de remoción de los directores de Colonización. Ningún informe minoritario se aprobó, pero luego un sustitutivo que se elaboró en contemplación del acuerdo alcanzado sí fue aprobado.

Entre los informes, se deja clara la postura de cada lado en cuanto algunos de los argumentos centrales. El primero, que funcionó como puntapié para toda la polémica, es sobre si se hizo en homenaje al fallecido expresidente José Mujica.

“El verdadero motivo de la compra del campo en cuestión no obedeció propiamente a los cometidos que la ley le asigna a Colonización, sino a un homenaje partidario”, asegura la coalición, que incluyó una captura de un acta de sesión del directorio del INC de mayo de 2025 —fecha en la que se aprobó la compra— donde se menciona como “homenaje” el “considerar el ofrecimiento de campo”.

Sin embargo, el FA aduce que “el homenaje consistió en la realización de un minuto de silencio y en la adecuación de la sesión al duelo, pero no en que la compra del establecimiento fuera aprobada como un acto de homenaje político”. Las posturas chocan por cómo interpretan el texto del acta.

Otro punto cuestionado es la presunta falta de estudios técnicos previos. “Al examinar el expediente administrativo se constata que, al momento en que el directorio resolvió ejercer el derecho de preferencia y adquirir el inmueble, el informe técnico exigido no integraba las actuaciones administrativas”, dice la coalición.

Este informe se entegró dos días después y contenía “numerosas advertencias”. A su vez, “no constituía el plan de explotación económica”, como debería normativamente, sino que es “un informe que describe el campo”, según la coalición.

El FA responde que “el problema detectado en el expediente electrónico se debió únicamente a dificultades informáticas derivadas del tamaño de los archivos” y por eso la integración del informe no se habría detectado. “Se realizó un acta notarial de constatación”, agrega, además de que insiste en que “no existió omisión ni irregularidad”.

El precio pagado por hectárea fue otra fuerte polémica. Desde un principio, se señaló que el mismo —US$ 7.380— fue “significativamente por encima” de los promedios de mercado que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que en esas fechas era de US$ 5.265.

“El precio se justifica por la alta calidad productiva de los suelos, la existencia de un sistema de riego ya instalado, tres viviendas en muy buen estado de conservación, un corral de engorde con capacidad para aproximadamente 8.000 animales y la infraestructura asociada al manejo productivo del establecimiento”, contesta el FA, al tiempo que recuerda que “el precio fue pactado previamente entre particulares”.

Esto último fue rebatido por el colorado Juan Martín Jorge, diputado denunciante, quien sostuvo que el acuerdo entre privados “no quiere decir que sea un precio de mercado”, porque “se dijo que había un valor sentimental”.

La coalición cuestionó que el INC no tenía recursos previstos para la compra pues, “se carecía de crédito presupuestal”. De hecho, recuerda que el Tribunal de Cuentas observó la compra a mediados de 2025 e indicó que “no contaba con disponibilidad presupuestal suficiente a fin de afrontar el gasto”.

Ante esto, el FA explica que en ese entonces el organismo funcionaba con el Presupuesto aprobado en 2024 y “debía ajustarse posteriormente a los lineamientos del nuevo gobierno”. Enfatiza que los montos “existían” en forma de fondos ya comprometidos para el INC y así fue confirmado al consultar a la Contaduría General de la Nación.

Sebastián Valdomir, diputado del FA, dijo en su intervención que la estancia “es una señalización de ir cumpliendo los compromisos” de campaña electoral, en referencia a la compra de 25.000 hectáreas por parte del INC, que al momento lleva cerca de 12.000.

“Hay cinco gremiales que están participando activamente en este proyecto”, expresó, y llamó a “ser respetuosos del esfuerzo” de los productores. “Si hay alguna omisión o irregularidad para corregir, se hará”, sentenció.

Un tercer informe fue presentado por Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, con una postura desmarcada de ambos bloques.

“Rechazamos la compra por la oportunidad de la inversión, hacemos un llamado al gobierno a priorizar el Presupuesto Nacional en temas sensibles. No se detectaron elementos de corrupción o de faltas administrativas”, indica.

Además, remarca que después de cierto tiempo la comisión “se transformó en cuanto a su proceder y se enfocó en los procesos de la unidad productiva, dejando de lado la búsqueda de irregularidades”.

Durante su intervención en la sesión de Diputados, Perrone aludió a la falta de funcionarios y recursos de Fiscalía y lanzó: “Hoy vamos a hacer un papelón porque todo esto lo vamos a mandar a Fiscalía”.

En ese sentido, criticó que no se le da “recursos ni apoyo político” y acusó al Parlamento de “lavarse las manos”. “Esto va camino a un ‘archívese’”, añadió. Perrone también opinó que “María Dolores no es plata tirada, porque está ahí y no desapareció”.

En setiembre del año pasado, diputados del Partido Nacional, el Partido Colorado e Identidad Soberana presentaron una denuncia penal ante el Poder Judicial por “la aparente comisión de los delitos de abuso de funciones, falsificación ideológica de documento público, fraude, y conjunción del interés personal y público” en la compra de la estancia.

Los denunciantes solicitaron la declaración testimonial de 12 funcionarios del INC, del delegado del Tribunal de Cuentas, y de anteriores y actuales directores del organismo. Entienden que se pudo haber configurado un delito de abuso de funciones porque pudo haber “un presunto desvío de los fines de la Administración, utilización ilegítima de facultades y medios del cargo público, y perjuicio económico directo para el Estado”.