En la mesa ratona del despacho del ministro Carlos Negro se encuentran dos libros que lo acompañaron toda su vida adulta. El Código Penal y la Constitución de la República.
Hace nueve meses que cambió los juzgados por el diseño de la política de seguridad y habla con orgullo de los operativos de los últimos meses en La Teja, Cerro, San José, Río Negro y más. Se fijó un objetivo ambicioso y explica: “Y sí, si no, no agarraba”
-¿Cuál fue su propuesta al llegar a liderar el Ministerio del Interior?
-Al principio presentamos a todos los funcionarios más importantes del ministerio cuál iba a ser la estrategia nacional de seguridad pública. Lo primero fue una forma de policiamiento distinta, con un marco teórico, que se llama disuasión focalizada. Tiene evidencia de que ha funcionado en otros lugares de América con altos niveles de violencia. En Uruguay los homicidios marcan una meseta que no se ha podido bajar en años. Salvo en la pandemia, que obviamente influyó para la baja de los homicidios, a pesar del discurso oficialista de la época. Para nosotros era fundamental enfocarnos en la disminución de la violencia. Empezamos a trabajar en eso y paralelamente también dijimos, “vamos a tener dos velocidades distintas”, una en el policiamiento y la otra en el diseño para atacar problemas estructurales. Venimos de 30 años en los que no se han solucionado.
-¿Qué implica el policiamiento focalizado? ¿Estar en los “puntos calientes”?
-Es más que eso. Es el estudio de la evidencia y del territorio, considerando a los protagonistas, a las bandas, a la forma de violencia, a las municiones, a la estructura que opera en cada situación. Apuntar a los que cometen los delitos más graves y que son el motor que reproduce la violencia. Esto en términos de crimen organizado significaría apuntar a los líderes y darles el mensaje claro de que si matan o disparan se los va a perseguir. Esa es la primera parte de la estrategia. Pero luego eso va más allá, va incluso a la cárcel, evitando que los dirigentes de las bandas sigan ordenando desde allí.
-El enfoque a largo plazo se previó como un Plan Nacional de Seguridad que está en etapa de procesamiento. ¿Cuál va a ser el bastión clave?
-Los grandes ejes van a ser la violencia, los homicidios como manifestación más importante, el control de la cantidad de armas y municiones, que hoy adolece de varias debilidades, y violencia de género.
-En noviembre se capturó a los dos grandes narcos del país. ¿Qué balance hace el Ministerio? ¿Qué pasa con esas bandas cuyo liderazgo queda vacante?
-La captura de estas dos personas es el resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Dijimos que íbamos a focalizar la acción hacia el crimen organizado y lógicamente la captura de estas dos personas es seguramente la consecuencia necesaria. A eso apuntamos y ese fue el resultado, pero no fueron los únicos.
-¿Cuál es el riesgo de ese espacio vacío que queda? ¿Más enfrentamientos disputando ese lugar?
-Cuando uno ingresa o toca de alguna manera la estructura criminal más allá de los más fungibles, sabe que va a tener respuesta y reacción. Eso, como un dominó, va a hacer caer otras fichas. Hay que estar preparados y montar una estructura de inteligencia que evite el surgimiento o el éxito de ese tipo de respuestas. No nos puede inmovilizar, porque si nosotros no actuamos por miedo a la respuesta de los grupos criminales, nos quedamos absolutamente inmóviles. Y si quedamos inmóviles continuaremos asistiendo a un crecimiento paulatino, pero sostenido de la violencia y la criminalidad organizada, que va mucho más allá de las bocas.
-¿Cómo se logró las capturas? ¿Es una decisión política de esta gestión ir a golpear a los líderes en forma directa?
-Sin ingresar en la política pasada del Ministerio del Interior, porque me parece arriesgado desde mi punto de vista, recuerdo haber visto que una de las banderas que blandía el gobierno anterior fue la lucha contra el microtráfico. Se planteaba con esas palabras. Para nosotros, enfocar la política de seguridad en el microtráfico, era un error conceptual. El microtráfico es un fenómeno muy importante que, sobre todo por la capilaridad que tiene, molesta e interfiere mucho en la vida cotidiana de la gente, pero sabemos también que combatir el último eslabón de la cadena no evita que sigan circulando las grandes cantidades de droga y dinero. Nosotros estamos enfocados también en la organización. De dónde están trayendo la droga, por dónde, cuándo, incautarla y meter al responsable preso. Todo eso sin descuidar el tema de las bocas, que seguimos interviniéndolas. En el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, capturamos en pocos días a siete personas, de las cuales la mitad eran dirigentes. Son personas que estaban en el diseño, en la logística. Eso es difícil en estos casos, porque estamos hablando de un sicariato. Los policías que nosotros pusimos a cargo de cada una de las direcciones, ese es un factor para mí determinante en el éxito. Son otras personas. Los que hoy están a cargo de la Policía, en el 80% de los casos son otras personas.
-Tras el atentado, usted dijo que el protocolo se había cumplido. ¿Se están estudiando modificaciones?
-En los primeros días de la gestión le dije a José Manuel Azambuya: ‘Tenemos que ir reuniéndonos con la fiscal de Corte subrogante porque hay un problema en la seguridad de los fiscales y el protocolo, que necesita tener un texto claro’. Yo sé que se estaba elaborando uno y tenía idea de que había una comisión formada. Fuimos a pedirle a Mónica ese material para, si no estaba terminado, terminarlo. Hablamos y ella se comprometió a darnos ese material. No nos llegó nunca. A partir de ahí no se movió del tema y a mí siempre me preocupó. Los protocolos son muy duros, rígidos y para el protegido es bastante incómodo en su vida personal. Yo ahora lo sufro, cambió mi vida. Tengo que adaptar cosas, pero cuando era fiscal me hubiera molestado mucho vivir como vivo ahora en materia de seguridad. Y yo sé que para mis colegas es lo mismo, pero hay que hacerse cargo, hay que firmar y decir “yo no quiero”. Si hubiera mérito para que un policía tuviera que estar adentro de mi casa tendré que hacerlo. El protocolo de seguridad, seguramente, indique que un protegido no pueda vivir en casa, salvo que sea una casa que tenga condiciones, como un barrio privado con la seguridad de un apartamento.
-¿En el protocolo que tiene Ferrero debería existir ajustes a partir de lo que pasó?
-Es que no estaba diseñado en base a un protocolo escrito y sabido previamente. Ese es el problema. Lo que se hacía es una custodia muy compartida con el custodiado a su medida, como nos gusta a todos. Pero eso no es, de repente, lo que indica la seguridad.
-En los días posteriores al atentado salió un video de Sebastián Marset con una granada en la mano. ¿Lo leyó como un mensaje?
-No, no necesariamente. El vínculo del atentado con Marset es algo que todavía no ha terminado de investigarse. Eso continúa. Hay determinadas cuestiones que no se pueden ventilar. Pero a mí esa foto de Marset con gente atrás, aunque todavía no se sabe si fue verdad o inteligencia artificial, me sirvió para calibrar cuál es la imagen que se tiene del narcotráfico. Se lo visualiza como eso, encapuchados con armas largas, formados para la foto. Eso es lo que se trata de decirnos, por parte de algunos relatos que hay por ahí, que es el narcotráfico. Ahí uno cae (en la cuenta) y dice, “claro, por eso es que piensan que se combate a los tiros”. Bastaría con hacer un ejército más poderoso que ese que está en la foto para ganarles. ¿Por qué no le ganan? ¿Por qué no lo combaten y le ganan? Hace falta entender que eso no es el narcotráfico, es una pequeñísima parte. El narcotráfico es un mercado, es lavado de activos, es profesionales al servicio de esa organización. Es plata que ingresa al mercado legal y se mezcla y termina convirtiéndose en un mercado híbrido de legalidad e ilegalidad. Y es una comunidad que se inunda de dinero que proviene de un origen ilícito. A lo que apuntamos como política de persecución criminal es precisamente a lo que duele, a la plata. Porque esto es por plata. No es por balas. No es por matar. Esto es por plata. El narcotráfico se nutre no de muertes, se nutre de plata.
-Hubo muy pocas condenas por lavado de activos en los últimos años ¿se busca revertir eso?
-Sí, aparte en el sistema de lavado siempre se mezcla la conveniencia económica de la coyuntura con el riesgo que lleva a promover ese desarrollo económico. En plata, genera empleo, construcción, inversiones, etc. Esa tensión que existe entre el control de la actividad económica para evitar el lavado y el desarrollo económico siempre está latente. Pero nosotros hemos puesta la mira ahí también porque sabemos que el gran riesgo está en precisamente descuidar controles y que cuando queramos acordar Uruguay sea una plaza financiera con dinero ilícito.
-Finalmente no se votaron rubros para hacer encuestas de victimización en este periodo. Tanto usted como Diego Sanjurjo había destacado su importancia.
-Eso corresponde al INE y es un presupuesto que no manejamos. Pero siempre hay posibilidad económica. Creo que sí, porque hablé con el ministro de Economía en su momento. Confío en que pueda hacerse.
-¿El programa de interruptores va a seguir?
-Viene del periodo pasado y fue evaluado. Tenía problemas, nosotros trabajamos sobre esos problemas y vamos a esperar a la próxima evaluación, en 2026, a ver cómo resulta.
-¿Cómo recibe que se haya escuchado decir desde la oposición ‘Negro tienen fecha de vencimiento’?
-Todos los ministros tienen fecha de vencimiento y es a los cinco años o cuando el presidente de la República lo disponga. Lo sabemos todos. Más el ministro del Interior. ¿Con qué sentido se dijo? Bueno, es una cuestión que deberá responder (Álvaro) Delgado. Yo no entro en la discusión política partidaria del agravio, de la confrontación y de seguir poniendo a la seguridad pública como botín electoral. No estoy en eso, no aspiro a eso, mi meta no es la carrera política, ni salir de este ministerio posicionado políticamente. Así que eso no entra en mi juego.
-¿Es posible buscar un acuerdo político que trascienda en un escenario de tanta confrontación?
-Yo creo que el mensaje simbólico que dio todo el sistema político en asistir a esos encuentros por seguridad va en ese sentido. Más allá de los discursos políticos que se dieron por fuera de los encuentros, ahí se vio si había voluntad de participar o no en las políticas de seguridad.
-Frente a la carrera electoral, a veces los discursos se oyen más fuerte y siendo la preocupación principal junto a la economía...
-Eso es una especulación sobre lo que va a suceder en el sistema político y la seguridad. Es un tema que rinde mucho en el discurso político y en la rencilla. En seguridad creo que es mayor la posibilidad de sacar tajada con discursos de confrontación. En economía creo que hay cierto cuidado para preservar una situación y no generar crisis o erosión. En seguridad no hay ese cuidado.
-¿Con su antecesor, Nicolas Martinelli tenía una buena relación. ¿Cómo recibe sus críticas?
-Sí, una buena relación. Por mi condición de fiscal, de no poder hacer política, siempre me he relacionado bien con personalidades y dirigentes de todos los partidos. Yo no puedo aceptar la propuesta de la discusión de zócalo, que termina siendo personal en algunos casos, me saca del foco en el que yo tengo que estar que es en la gestión. Tengo que estar todos los días pensando en cuidar a todos los uruguayos y uruguayas de la mejor forma que yo pueda o que yo sé. No puedo ingresar en el debate de si estoy a tal hora o no, si tengo los zapatos lustrados o no.
-El FA en su programa trajo el concepto de “desprisionalización”, en base a eso, ¿tiene la intención de que vuelva la suspensión condicional del proceso?
-Sí, sí. Estamos trabajando en consensos en temas que nos parecen clave. Una es generar suficiente sensibilidad respecto a que una cárcel con 17.000 personas privadas de libertad, en Uruguay, no es gestionable porque jamás alcanzarían los recursos para satisfacer esa demanda. En la medida de que eso es insostenible a mediano y largo plazo hay que buscar la forma de que la cárcel no sea el único medio de intervención en un conflicto. Y para que haya otros tiene que haber institutos normativos que fueron sacados de un hachazo, prácticamente, del procedimiento penal. ¿Por qué instrumento legal lo vamos a instrumentar? Lo estamos discutiendo, pero la cárcel no puede ser la única solución. Porque la consecuencia de la cárcel como se ha utilizado hasta ahora, es las bandas criminales, la situación de calle. Entonces, la suspensión condicional del proceso es una herramienta fundamental para aplicar medidas alternativas en aquellos casos de menor intensidad delictiva, delitos leves, los que no deben ser solucionados o intervenidos con la cárcel. En el futuro también tenemos planteado quizá la construcción de alguna cárcel más o aumentar las plazas para atender frontalmente el hacinamiento.
- ¿Cuál es su mayor meta dentro del ministerio? Algo que diga “si logro esto, cumplí”.
-Yo soy un enamorado de mi profesión, del Derecho Penal. Un amante eterno de la Fiscalía. Cuando me fui, me fui por el desafío que implicaba, a mi edad, poder cambiar algo. Yo sabía en la Fiscalía dudosamente cambiaría. Yo tenía la posibilidad de estar delante de la gestión, de hacer cosas que se lleven a la práctica y que tengan efectos positivos. El desafío que nos marcamos fue generar una política de seguridad distinta en el país y que fuera un quiebre histórico, que sea un modelo de gestión de política de seguridad, que se pudiera evaluar y mostrar hacia afuera, a la región. En enero les dije a dos convocados: “Quiero que nos pongamos a trabajar ahora en un modelo uruguayo de seguridad”. Si tiene éxito, va a implicar que siga. Como una suerte de política económica, que en Uruguay ha trascendido los gobiernos. Yo quiero lograr lo mismo. Esa sería la meta.
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