Diez personas fueron judicializadas en el marco del "operativo Babel", una investigación comenzada meses atrás con el objetivo de desarticular "un clan narcotraficante con jerarquía elevada, dedicado a la comercialización y distribución de sustancias estupefacientes" en Montevideo, informó el Ministerio del Interior.
Según detalló la fiscal del caso, Stella Llorente, hay tres personas condenadas y otras siete formalizadas. En el caso de los condenados, hay penas de dos años y de dos años y ocho meses de prisión. En tanto, los formalizados fueron enviados todos a 90 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación a la espera del juicio.
Este operativo está relacionado con otros dos realizados en el barrio de La Teja. "La investigación analiza también la presunta participación de esta organización en hechos de violencia, incluyendo circulación de armas de fuego, conflictos entre grupos y otros eventos delictivos" ocurridos principalmente en la zona citada.
Desde el Ministerio del Interior apuntaron que se contemplan eventuales vínculos entre integrantes de la estructura y personas privadas de libertad por operaciones anteriores.
Negro explicó situación del crimen organizado en Uruguay
“Uruguay atraviesa un punto de inflexión en materia de seguridad”. Así lo aseguró el ministro del Interior, Carlos Negro, en el Parlamento, donde explicó la dimensión del crimen organizado a nivel local y regional.
El jerarca relató que están en un “proceso muy avanzado” en el proyecto de ley para la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y consideró ante los legisladores que el país “debería valorar la creación de una fiscalía con foco en los delitos dentro de la cárcel”.
El ministro indicó que la criminalidad “se ha vuelto más violenta, más compleja y más conectada con los mercados ilegales regionales” en las últimas décadas. Hizo la salvedad, al mismo tiempo, de que Uruguay continúa “siendo un país con instituciones fuertes y bajos niveles de corrupción”.
Sin embargo, los datos a nivel local "muestran un incremento sostenido de homicidios, extorsiones, cibercrímenes, delitos asociados al narcotráfico, así como la incipiente intervención de bandas en algunos territorios”. Todo esto —añadió— “refleja una tendencia regional en la que el crimen organizado gana capacidad de maniobra y diversifica sus actividades y desafía cada vez más la autoridad del Estado”.
“El crimen organizado en América Latina, y también en Uruguay, es un fenómeno extremadamente variado: desde clanes familiares y pandillas locales, como puede ser el caso hoy de nuestro Uruguay, hasta bandas de alcance regional y redes transnacionales asociadas a economías ilícitas globales”, continuó en comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.
En el combate al crimen organizado se debe “reconocer” —aseguró el titular de Interior— el “fracaso de los enfoques tradicionales”. A modo de ejemplo habló sobre la “persecución masiva del microtráfico”. En esa línea, explicó que durante años “miles de personas fueron encarceladas” sin que “afectara la disponibilidad de drogas ni las ganancias de los mercados ilegales”. Es una estrategia —continuó en su crítica— “que consume recursos policiales, judiciales y penitenciarios sin impacto real en los mercados ilegales, y en forma indiscriminada”.
Una de las medidas en las que se avanzó es en el “intercambio de inteligencia sobre rutas, precursores, armas y brokers, potenciando” el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur. En particular les preocupa el corredor transoceánico que se va a inaugurar y va a conectar el puerto de San Pablo, en Brasil, con Perú y Chile. Por lo que están “trabajando en operaciones coordinadas contra redes transnacionales, en acuerdos sobre control financiero y lavado y cooperando en puertos, pasos fronterizos y crimen digital”, agregó.
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