"Clanes familiares y pandillas locales": Negro explicó situación del crimen organizado en Uruguay y la región

Redacción El País
“Uruguay atraviesa un punto de inflexión en materia de seguridad”. Así lo aseguró el ministro del Interior, Carlos Negro, en el Parlamento, donde explicó la dimensión del crimen organizado a nivel local y regional.

El jerarca relató que están en un “proceso muy avanzado” en el proyecto de ley para la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y consideró ante los legisladores que el país “debería valorar la creación de una fiscalía con foco en los delitos dentro de la cárcel”.

El ministro indicó que la criminalidad “se ha vuelto más violenta, más compleja y más conectada con los mercados ilegales regionales” en las últimas décadas. Hizo la salvedad, al mismo tiempo, de que Uruguay continúa “siendo un país con instituciones fuertes y bajos niveles de corrupción”.

Sin embargo, los datos a nivel local "muestran un incremento sostenido de homicidios, extorsiones, cibercrímenes, delitos asociados al narcotráfico, así como la incipiente intervención de bandas en algunos territorios”. Todo esto —añadió— “refleja una tendencia regional en la que el crimen organizado gana capacidad de maniobra y diversifica sus actividades y desafía cada vez más la autoridad del Estado”.

“El crimen organizado en América Latina, y también en Uruguay, es un fenómeno extremadamente variado: desde clanes familiares y pandillas locales, como puede ser el caso hoy de nuestro Uruguay, hasta bandas de alcance regional y redes transnacionales asociadas a economías ilícitas globales”, continuó en comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.

El ministro, además, indicó que “en algunos territorios de Latinoamérica los grupos criminales sustituyen funciones estatales, y ofrecen seguridad a las poblaciones extorsionándolas”. Región en la que la “extorsión es el delito y la manifestación criminológica más importante, por más que en Uruguay aún, por suerte, no lo sea”, sostuvo. Se trabaja para “evitarlo” a nivel local, pero en otros lugares “campean los peajes, las contribuciones de los comerciantes y la toma de los territorios, dentro de los cuales los vecinos tienen que aportar para transitar, para comerciar o para vivir”, dijo Negro.

En el combate al crimen organizado se debe “reconocer” —aseguró el titular de Interior— el “fracaso de los enfoques tradicionales”. A modo de ejemplo habló sobre la “persecución masiva del microtráfico”. En esa línea, explicó que durante años “miles de personas fueron encarceladas” sin que “afectara la disponibilidad de drogas ni las ganancias de los mercados ilegales”. Es una estrategia —continuó en su crítica— “que consume recursos policiales, judiciales y penitenciarios sin impacto real en los mercados ilegales, y en forma indiscriminada”.

Una de las medidas en las que se avanzó es en el “intercambio de inteligencia sobre rutas, precursores, armas y brokers, potenciando” el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur. En particular les preocupa el corredor transoceánico que se va a inaugurar y va a conectar el puerto de San Pablo, en Brasil, con Perú y Chile. Por lo que están “trabajando en operaciones coordinadas contra redes transnacionales, en acuerdos sobre control financiero y lavado y cooperando en puertos, pasos fronterizos y crimen digital”, agregó.

En el Ministerio del Interior trabajan en proyectos de ley sabiendo que en el Parlamento el oficialismo no cuenta con mayorías. Uno de los temas ampliamente discutidos es la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. El ministro explicó que esta iniciativa legislativa “se encuentra en etapas muy avanzadas desde el punto de vista normativo” dado que “está prácticamente diseñado y pronto para ser enviado al Parlamento —o muy próximo a ello”.

“Se encuentra en la Oficina Nacional del Servicio Civil. Va a pasar a Economía para presupuestarlo y, luego, a los sindicatos para que opinen y hagan su aporte al proceso. Se nos reclamó, como Ministerio, que no lo habíamos incluido en el proyecto de ley de Presupuesto. En ese momento, contestamos que era un tema complejo, si bien no era sensible políticamente, porque había grandes niveles de acuerdo”, explicó el ministro sobre por qué presentarlo por fuera de la principal ley del gobierno.

Por otra parte, consideró que “el país debería valorar la creación” de una fiscalía penitenciaria para los “delitos que se cometen dentro de la cárcel”, lo que sería —a entender del ministro— “un factor muy importante para la persecución” de estos. La dificultad actual es que, “debido a la enorme población carcelaria y a los escasos recursos con los que cuenta Fiscalía”, no se capta la cantidad que ocurre, que son “de la misma especie y calidad” que los que suceden afuera.

Otro asunto que se debería replantear como sistema político —aseguró Negro— es “tener un consenso para permitir que una persona que comete un delito de baja intensidad” no tenga una “pena de prisión a todas luces”. Puso como ejemplo una persona sin antecedentes que compra una bordeadora con origen ilícito a $ 1.000 y que en la ferretería vale $ 2.500. “Vamos a llevar un receptador y a los cuatro meses vamos a sacar a un integrante de la banda criminal capaz de cometer un delito de sicariato”, argumentó.