Carlos Negro entre la visión "frutillita" y la "mano dura" ante la situación "crítica" de la seguridad pública

"La culpa es del que está atrás". La frase, tantas veces expresada por actores políticos cuando les toca asumir el gobierno, fue mencionada en el Parlamento por el ministro del Interior, Carlos Negro, al referirse a que el fracaso de las políticas de la seguridad pública a trascendido los gobiernos. "Siempre la culpa la tiene el otro", dijo.

En un extenso diagnóstico expresado la semana pasada ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado, el jerarca remarcó que "todas las recetas" aplicadas hasta ahora, por lo menos desde el retorno a la democracia, han fracasado.

El ministro recordó el planteo que en el pasado gobierno efectuó Cabildo Abierto sobre la necesidad de declarar la emergencia en materia de seguridad pública. También la respuesta del entonces presidente Luis Lacalle Pou, en cuanto a que existía una "emergencia de hecho".

Foto: Estefanía Leal.

En su visión, el país atraviesa hoy una "situación crítica" en seguridad. "Si somos francos y damos una discusión por lo alto, todos debemos decir que hemos fracasado con rotundo éxito", expresó Negro. "Por algo estamos en la situación en que estamos y tenemos las cifras que tenemos", indicó.

Así, Negro habló de un sistema penitenciario "colapsado", con altas tasas de impunidad y reincidencia. Con 16 mil presos en las cárceles que, reparó, cuestan cada uno US$ 1.000 por mes. Se trata de "números escalofriantes" para un país como Uruguay, lo que a su vez genera un grave riesgo para que las bandas criminales, tal como ocurre en otros países de la región, se "sindicalicen" en las prisiones. "Milagrosamente eso aún no ha ocurrido, pero no podemos descartarlo", advirtió.

Sumado a eso, planteó la situación de la gente que vive en la calle, en gran parte exreclusos, derivada de "políticas de ingreso indiscriminado" a la cárceles, muchas veces por cortos períodos. "Tres o cuatro meses, para volver a la calle con todos los vínculos absolutamente destrozados", dijo. "Los tenemos en las puertas de nuestras casas".

"Las cárceles no están sirviendo para disuadir ni para impedir que se cometan delitos", advirtió. "Mucho menos para reinsertar personas", dijo. Así, señaló, de cada diez personas que saldrán de prisión de aquí a tres años, siete van a volver la cárcel.

En su diagnóstico, Negro incluyó la "epidemia" de homicidios, con 11 asesinatos por cada cien mil habitantes, o números de violencia doméstica en "ascenso permanente".

Para Negro, Uruguay mantiene una debate público "bastante poco calificado" sobre seguridad pública, que ha "bastardeado" el tema, con discursos sencillos que incluso apelan a lo emocional. Desde el pensamiento "Cenicienta" o "frutillita", hasta el de los "halcones" y la "mano dura". Entre esos dos "demonios", agregó, se ha entablado una discusión sin resultados positivos.

Sin mencionarlo, el ministro aludió a las políticas del presidente Nayib Bukele en El Salvador y ciertos paradigmas "profundamente antidemocráticos" que "campean" en Centroamérica y el Caribe. Caminos que, expresó, Uruguay "no puede, no se debe ni plantear recorrer". La razón: "no es un país con las características de los que a veces se ponen como ejemplo de mano dura", indicó.

Al respecto, subrayó la necesidad de un estudio "más serio y profundo" en cuanto la eficacia del Estado en su intervención en conflictos criminales: cuántos delitos se generan, cuántos se denuncian, cuántos son judicializados, cuántos terminan con condenas o prisión.

"La impunidad es un dato importante", advirtió. "Quizá sea uno de los mayores estímulos para la criminalidad", agregó. "En tanto y en cuanto no logramos capturar al delincuente y penarlo, estamos generando un peligroso estímulo para que el delito se siga cometiendo", advirtió.

Ante la comisión, Negro y su equipo presentaron su plan de seguridad, que aspiran a aplicar a mediados del año que viene. El plan está actualmente en fase 1, que es la eleboración de un informe inicial que sirva como "disparador del proceso". Continuará con un "diálogo social" entre todos los actores involucrados, la propuesta técnica, la propuesta política y la "validación social".

En su visión, no será a través del aumento de penas que se terminará con el delito. "Es una chicana barata, que se vende porque tiene buen prensa", dijo. Además, subrayó, los delicuentes "no compran el Código Penal" antes de salir a delinquir. Para Negro, el mayor estímulo a la delincuencia sigue siendo no atrapar al delincuente.

Según Negro, el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad aporta datos importantes para delinear políticas, pero esa información, dijo, no ha sido del todo transparente ni completa. "Ha sido el común denominador de todas las administraciones que han pasado", aseguró. "Se generan datos sin profundidad. En eso, también, estamos trabajando".

Ante los legisladores, Negro habló de la necesidad de realizar una Encuesta de Victimización más abarcativa. También de la necesidad de conocer las características de los delincuentes. Por ejemplo, sus trayectorias criminales o las posibilidades de reinserción, rehabilitación y educación que tuvieron.

Con respecto a los homicidios, Negro puso sus fichas en dos programas específicos. Uno denominado "Barrios sin Violencia", que se viene desarrollando desde el gobierno anterior y que, según indicó, sus resultados aún no se han evaluado. El otro es el programa "Más Barrio", en conjunto con otras secretarías, para el que se está ajustando su diseño final. Consiste en establecerse de forma "permanente" en ciertas zonas, con servicios públicos como vivienda, salud y educación.