El Parlamento comenzó este martes el tratamiento para la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en la comisión especial designada, en una jornada marcada por la comparecencia de Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores, y demás autoridades de Cancillería. Luego, asistieron productores rurales y exportadores para dar su visión sobre los beneficios y posibles impactos.
La Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural (FR) y la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) ponen el foco en que la aprobación por parte de los legisladores se dé lo más rápido posible, en el contexto de un “problema” de competitividad.
Jorge Andrés Rodríguez, directivo de la FR y presidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), dijo a El País que es “un debate de desarrollo nacional”, ya que “posicionarse en favor del acuerdo para nosotros es fortalecer el interior productivo”. Asimismo, describió que la UE es destino de cerca del 15% de las exportaciones uruguayas, es “la que paga mejor” y “la que exige más calidad”.
“Para nosotros es empleo real, es más inversión, es crecimiento. Creo que el desafío de la clase política no es firmar el acuerdo —sería una mirada muy errada no firmarlo—, pero de firmarlo sí debe haber un compromiso de acompañar los procesos en Uruguay en pos de la competitividad porque eso nos va a hacer llegar mejor a los mercados”, aseguró.
En ese sentido, el dirigente rural destacó positivamente “las mejoras arancelarias que se logran con el acuerdo”, pero sostuvo que igualmente se volverá a poner sobre la mesa la cuestión de la competitividad, vinculada a fenómenos económicos como el valor del dólar. Para Rodríguez, corresponde ese énfasis, al entrar en un mercado “con otras relaciones de precios” y “otro patrón de costo”, en el que se está “ante competidores muy ágiles”: “Esto requiere agilidad, y no es lo que nos caracteriza, sobre todo en la clase política”, dijo.
Desde la ARU, su presidente, Rafael Ferber, afirmó que esperan que el Parlamento apruebe el tratado “lo más rápido posible”, para lo que brindarán a los legisladores datos de exportación y facturación hacia la UE. En diálogo con El País, descartó tener “preocupaciones” con respecto al acuerdo, pero resaltó que “los temas de competitividad están realmente en un punto muy complicado”.
“Es una competencia con los demás países del Mercosur, que cuanto más complicado esté, peor va a ser. Es una realidad, porque hay cuotas para cumplir, hay que negociarlas, y hay una cuestión tensa de negociación entre los países del Mercosur por la cuota de carne. En cuotas de carne para la UE, estamos los cuatro (países del Mercosur) en condiciones de cumplirla. Va a haber una negociación dura”, mencionó el dirigente rural.
“Después, obviamente, Brasil tiene otras cuotas que le interesan y que lo afectan, que nosotros no tenemos. Hay varios casos. Nosotros en la parte industrial no tenemos un problema por el acuerdo, que tal vez Brasil y Argentina lo tengan, pero nosotros no tenemos aspectos negativos al respecto”, agregó.
Margarita Varela, gerenta general de la UEU, al igual que otros dirigentes rurales, declaró a El País que espera que el acuerdo se apruebe “de la forma más rápida posible”, porque es un acuerdo “largamente esperado” y quieren “estar listos una vez que la Unión Europea decida que el acuerdo se pueda aplicar de forma provisional, lo que tiene que ver con la parte comercial y en concreto las desgravaciones arancelarias”.
“Hay un convencimiento a nivel nacional de que necesitamos mejorar nuestra inserción internacional, de que este es un acuerdo conveniente y que es una muy buena señal hacia afuera de apertura al mundo, de Uruguay y del Mercosur en general, además de que el acuerdo da beneficios al 90% de los productos que se exportan, con distintas velocidades de desgravación, pero hay un beneficio real”, sostuvo.
Consultada por el diálogo con los legisladores, puntualizó que entre los temas prioritarios a conversar están el “acceso a mercados, logística y conectividad, costos de producción, estabilidad macroeconómica, sostenibilidad e innovación”. Además, puso sobre la mesa los llamados “intereses defensivos”: “Las sensibilidades de cómo la mayor competencia europea puede afectar a ciertos sectores, cuáles son las disposiciones que están previstas en el acuerdo y el trabajo que hay que hacer internamente, público o privado, para darle a esos sectores una mejora de competitividad”.
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