Frente Amplio contrataca y va por la creación de una comisión investigadora por Cardama en el Senado

La bancada de senadores del Frente Amplio presentó una solicitud para conformar una comisión preinvestigadora en la Cámara Alta, luego de que el pasado viernes el presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmara de forma definitiva la intención del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama. El pedido, dirigido a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, fue firmado por el senador Sebastián Sabini.

El oficialismo enumeró una serie de argumentos para llevar adelante la propuesta, entre los que señaló las “dificultades desde el inicio para conseguir las garantías” e informes posteriores —como el de Bureau Veritas— que concluyeron que hubo “incumplimientos graves en la ejecución de la obra por parte de la empresa constructora”.

“Una de las principales irregularidades que surgen está dada por la imposibilidad de poder ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de más de 4 millones de euros tras constatar que era apócrifa y que la empresa emisora fue formalmente liquidada en el Reino Unido”, fue uno de los principales puntos destacados.

A su vez, se marcó que en el informe pericial se constató que el “tras once meses no se dispone de proyecto de construcción definitivo, ni de planos, ni de evidencias de obtención de aprobación ni permiso de construcción de conformidad con los requisitos de la bandera del Uruguay”.

Además, se mencionó el retraso en la construcción de los bloques del primer buque y la falta de cumplimiento de hitos del contrato, como la puesta de quilla del segundo barco, o la llegada de los dos motores Caterpillar (el contrato fue rescindido).

“El astillero no ha resuelto el proceso de aprovisionamiento de materiales y equipos, no habiendo respondido sobre la situación actual del suministro de los motores principales por Finanzauto ni determinado la situación de los demás pedidos solicitados. El astillero no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega según el contrato, imposibilidad que descansa en la aplicación de un método de análisis de ruta crítica al cronograma contractual corroborado por la evidencia documental y el examen de las condiciones contractuales”, esgrimió Sabini.

En esta línea, el oficialismo, luego de que la oposición impulsara la posibilidad de una comisión investigadora en Diputados, afirma que “teniendo presente que el prestigio institucional de nuestro país se ha visto claramente afectado por la presunta comisión de un fraude contra el Estado, así como las irregularidades verificadas sobre el proceso de constitución y mantenimiento de las garantías”, se debería promover una comisión investigadora con el fin de aclarar todos los hechos relacionados al contrato.

“De constatarse veracidad en todos o en algunos de los puntos antes mencionados, el país queda expuesto a pérdidas cuantiosas, materiales e institucionales, porque cuando en un contrato estratégico se produce un encadenamiento de incumplimientos esenciales, el debate ya no es técnico: pasa a ser institucional y de responsabilidad porque falla el sistema de protección del Estado”, indica el documento al que accedió El País.

También se plantean algunas interrogantes a ser indagadas, entre otras: ¿Por qué se dejó sin efecto el procedimiento competitivo y se optó por una compra directa con quien había quedado muy atrás en el mismo?; ¿Quién trajo a Cardama al Ministerio de Defensa una vez abandonado el procedimiento competitivo?; ¿Es cierto que se le dio a Cardama la posibilidad de mejorar su oferta y a los otros posibles oferentes no?

También se cuestiona la extensión dada para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento, los controles llevados adelante y también se apunta a saber los responsables de haber tomado la decisión de aceptarla.