El Senado vota los cambios a la ley de Lavado de Activos con el atentado a la fiscal Ferrero como trasfondo

Redacción El País
Luego del atentado contra el domicilio de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, se aceleraron algunos procesos parlamentarios para aprobar leyes que sirvan para combatir al narcotráfico y al crimen organizado.

Tras el incidente que generó alarma en el sistema político, fue el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, quien le pidió al Parlamento apruebe los cambios a la ley Integral contra el Lavados de Activos.

La normativa se estudia desde junio en la Comisión de Hacienda del Senado y el Frente Amplio decidió tratarla como “grave y urgente” la semana pasada, algo que generó divisiones con la oposición que pidió más tiempo para seguir estudiando el tema.

Finalmente, este miércoles el Plenario de la Cámara de Senadores trata el proyecto de ley que, entre otras cosas, prevé darle mayores potestades a los organismos encargados del control como la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y bajar a 40 mil dólares las transacciones con efectivo.

El Partido Nacional y el Partido Colorado anunciaron que votarán a favor de la ley en general pero no acompañarán mucho de los artículos propuestos.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi fue de las más críticas con el proyecto. La legisladora entiende que se sigue aumentando la legislación sobre lavado de activos y que eso no garantiza “eficiencia”.

“El exceso de legislación lleva a problemas, a multiplicación de delitos”, aseguró y pidió poner el foco en los denominados “delitos precedentes” al lavado.

Para Bianchi, “toda la ciudadanía” queda bajo sospecha y “las profundizaciones de los controles pueden terminar en que un dentista que le saca la muela a un narco termine preso por narcotráfico”. Gremios de profesionales como de escribanos, contadores y abogados han puesto reparos en el proyecto.

“Es un delito penal de autor, propio de regímenes autoritarios, se castigan a las personas no por lo que hicieron si no por lo que son. Es el delito precedente el que tenemos que investigar. Se avanza sobre libertades individuales, no es eficaz ni eficiente”, afirmó Bianchi. Concluyó además que “el ciudadano queda indefenso para el Estado” y se “limita la libertad”.

Bettiana Díaz, senadora del Frente Amplio, defendió el proyecto argumentando que “Uruguay necesita adecuar los mecanismos de control. No es una ocurrencia del Poder Ejecutivo y la estrategia es revisar el mecanismo de cooperación internacional.

Díaz dijo que la lucha contra el lavado de activos y contra el terrorismo quedarán “centralizados en Torre Ejecutiva” y que la ley “es una herramientas potente para no hacerle la vida tan fácil a quienes sacan dinero de las actividades delictivas y lo quieren blanquear en el sector financiero”.

“Hay que fortalecer la institucionalidad, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad”. Informó además que el proyecto amplía atribuciones a la Senaclaft con “supervisión, sanciones y asistencia a las fiscalías en elas investigaciones”.

La senadora frenteamplista dijo que esta normativa debe ir acompañada de controles en fronteras, el espacio aéreo, el control de carga de valores y el intercambio de información entre organismos del Estado y a nivel internacional.

Recordó también que las condenas por lavado de activos han bajado y que “se debe aumentar las garantías a los funcionarios que se dedican a investigar este tipo de delitos”.

Por su parte, el senador del Partido Colorado, Robert Silva, aseguró que “hay un ánimo colaborativo ya que estamos de acuerdo en el fondo. Vamos a votar en general pero con algunas observaciones que preocupan”. Recordó que a nivel académico y de organizaciones de profesionales hay cuestionamientos relevantes al proyecto de ley.