Redacción El País
El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay planteó, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, su oposición a la inclusión de la auditoría de estados contables y, especialmente, de la Revisión Limitada, como actividades por las cuales existiría obligación de reportar operaciones sospechosas, como plantea el proyecto de ley contra a estudio que propone cambios a la normativa sobre control de lavado de activos.
La presidenta del colegio, la contadora Cristina Freire, afirmó que ambos informes “no permiten detectar operaciones de lavado de activos, porque son análisis ex post”. Agregó que, “en el caso de la Revisión Limitada, la exigencia generará efectos negativos sobre los costos de las pequeñas y medianas empresas, que son quienes impulsan la economía del país, sin aportar beneficios reales al sistema de prevención de lavado”.
El Colegio de Contadores planteó que la Revisión Limitada debe eliminarse del proyecto por razones técnicas y prácticas: su alcance es limitado, el grado de certeza es menor que el de una auditoría completa y no resulta eficaz para detectar operaciones sospechosas. Además, entiende el colegio, impone una responsabilidad desproporcionada sobre el profesional.
Freire también advirtió, entre otras objeciones, que el umbral fijado para las actividades delictivas precedentes de defraudación tributaria bajó drásticamente s US$16.000. “Es un umbral tan bajo que incluso en las propias auditorías se puede considerar importe no material, alcanza ampliamente a las pymes y recarga a los propios estudios contables con costos que, en muchos casos, no pueden trasladarse a sus clientes”.