Redacción El País
Ante el reclamo del presidente de la República, Yamandú Orsi, el Frente Amplio anunció que este miércoles impulsará para que se trate en el Senado de forma urgente la ley integral contra el lavado de activos impulsada por el Poder Ejecutivo.
“Hoy le transmitimos a los coordinadores del Partido Nacional y del Partido Colorado en el Senado que mañana vamos a tratar y aprobar en la Cámara de Senadores, de manera urgente el proyecto de ley de modificación a la ley integral contra el lavado de activos. No hay más tiempo que esperar”, escribió Daniel Caggiani en X.
Hoy le trasmitimos a los coordinadores del Partido Nacional y el Partido Colorado en el Senado de la Republica que mañana vamos a tratar y aprobar en la Cámara de Senadores, de manera urgente el Proyecto de Ley de modificación a la Ley integral contra el lavado de activos. No hay… pic.twitter.com/NUvYcQOPR3
— Daniel Caggiani (@DCaggiani) September 30, 2025
Según un documento de trabajo de la bancada del oficialismo al que accedió El País, uno de los puntos más relevantes en los cambios pretendidos es el de actualizar delitos precedentes, incorporando nuevas modalidades vinculadas al ciberdelito y al fraude financiero, para expandir el abanico de acciones a perseguir que pueden generar lavado de activos.
También se plantea un rediseño de las atribuciones y en la posibilidad de acceso a la información por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
A su vez, se pretenden agregar sanciones y multas si se incumple con comunicar el transporte de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios por un valor superior a los US$ 10.000.
Entre otros planteos, se obliga a abogados, escribanos y contadores a cumplir con obligaciones antilavado en los casos de permuta de inmuebles o establecimientos comerciales cuando la transacción se realice con criptomonedas.
Eliminación de fiscalía y cambios a la LUC
El proyecto propone además la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, bajo el argumento de que desde su creación no logró los resultados esperados y que su labor se superpone con la de otras fiscalías que ya investigan los delitos precedentes al lavado.
La idea es que sean los mismos fiscales que llevan adelante esas causas quienes, de forma paralela, asuman también la investigación por lavado de activos.
Otro de los cambios centrales es la reducción de los topes para operaciones en efectivo. El nuevo límite se fija en 270.000 Unidades Indexadas (UI), cuando actualmente el máximo permitido es de 1.000.000 UI. El nuevo tope será de US$ 40.000 cuando actualmente es superior a US$ 150.000.
Para el oficialismo, cuando se introdujo el aumento del tope en 2020, a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), se amplió el riesgo de lavado de activos al dificultarse el seguimiento de los flujos de activos.
Desde la oposición, en tanto, se manifestaron reparos sobre la relevancia que puede tener un cambio normativo de esta naturaleza en el enfrentamiento contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“No llevemos esta discusión a la ley de lavado, y la empantanemos en el Parlamento, cuando esto es justamente un tema de gestión en el territorio contra el narco, donde la Policía enfrenta al narco de frente”, opinó el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda tras la reunión con Orsi que tuvo lugar este lunes.
El impulso de que se trate el proyecto de ley de forma urgente en el Senado se da en el marco del atentado que sufrió en la madrugada del domingo la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.
En conferencia de prensa, el presidente exhortó a las bancadas de los partidos políticos que “aceleren el tratamiento de la ley de lavados” remitida por Presidencia de la República.
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