El BCU apunta a "supervisar la convocatoria indiscriminada al público, que pueda significar un riesgo"

El Banco Central (BCU) se ha propuesto ampliar sus competencias de regulación y supervisión para prevenir delitos (sobre todo vinculados a estafas y lavado de activos) y proteger los derechos de los usuarios. El escándalo de Conexión Ganadera, la nueva forma de hacer negocios, el surgimiento de operadores en el mercado y otros acontecimientos, han llevado al BCU a tomar acción para actualizarse en su estructura y forma de funcionamiento, para dar mejor respuesta.

En esa línea, la gerente de Asesoría Jurídica del BCU, Viviana Pérez Benech, explicó el proyecto de modificaciones de los artículos 37 y 38 de la Carta Orgánica de la autoridad monetaria, planteados en el proyecto de la ley de Presupuesto. Esos artículos se refieren, básicamente, al BCU como rector del sistema financiero, con sus competencias.

La funcionario realizó su presentación en el marco de las “XIV Jornadas de Derecho Bancocentralista”, que organizó ayer el BCU, en su sede.

Pérez Benech explicó que las modificaciones amplían el perímetro regulatorio para el control de determinados sectores, “en función de determinados acontecimientos del país”.

El BCU prevé organizar las entidades y operativas que son objeto de regulación y supervisión por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros, en cuatro grupos: 1) los integrantes del sistema financiero (el proyecto de ley los mantiene sin cambios); 2) los emisores de valores de oferta pública y personas físicas o jurídicas que realicen operaciones financieras (aun sin emitir valores); 3) las actividades de entidades no incluidas en la enunciación precedente que realicen determinadas operaciones (esto es, aquellas que realicen colocaciones e inversiones financieras con recursos propios o fuentes de financiamiento limitadas nacional e internacional, esto último se agrega en el proyecto de ley); mediadores financieros y asesores; que realicen transferencia de fondos, entre otros. 4) las cooperativas de ahorro y crédito de capitalización y cooperativas de consumo y otras empresas no financieras.

Cabe señalar que en el primer grupo mencionado se incluyen prestadoras de transferencias, cambio, pagos y cobranzas, créditos y similar naturaleza; emisores de activos virtuales estables (esta inclusión es una innovación, y se sustituyen las casas de cambio que pasan a otro grupo), las AFAP y fondos que administran (se agrega “hasta que esté operativa la Agencia Reguladora de la Seguridad Social”), empresas de seguros y reaseguros, proveedores de servicios de activos virtuales, bolsa de valores, administradoras de inversión, entre otros.

Pérez Benech destacó que, en el grupo 2, el proyecto plantea que el BCU supervise a las personas físicas o jurídicas que, aun sin emitir valores, “realicen operaciones financieras convocando a la inversión o recibiendo financiamiento mediante la captación de recursos financieros del público en general o ciertos sectores o grupos específicos de éste”.

“Se apunta así a supervisar la convocatoria indiscriminada al público, que puede significar un riesgo. Ahí entraría la competencia del BCU. No en otro tipo de situación, porque el BCU no regula (negocios en) el sector privado”, aclaró la gerente.

Foto: Archivo El País

En la gran mayoría de los casos, las ampliaciones de las competencias del BCU son para proteger a los usuarios ante llamados públicos para negocios riesgosos, prevenir efectos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, según insistió Pérez Benech.

En esta ampliación de alcance, el BCU podrá instruir el cese inmediato de una actividad, o aplicar otras sanciones correspondientes.

Además, la Superintendencia de Servicios Financieros tendrá el cometido, de acuerdo al artículo 38, a dictar normas generales de prudencia e instrucciones particulares, “tendientes a promover la estabilidad, solvencia, transparencia y el funcionamiento ordenado de las entidades supervisadas y de los mercados en que actúan” y de los consumidores de servicios financieros.

Entre las atribuciones de la Superintendencia de Servicios Financieros estará requerir información de cualquier persona física o jurídica y patrimonios de afectación independientes, en el marco de investigaciones vinculadas al ámbito de su competencia.

Asimismo, podrá efectuar inspecciones e incautar documentos con las mismas potestades que la Dirección General Impositiva (DGI); esto es, a nivel de inspecciones, incautaciones, exhibir documentación, información a terceros.

“Para el ejercicio de esta atribución no será oponible el secreto profesional”, afirmó Pérez Benech.

También la Superintendencia podrá instruir el cese inmediato o preventivo de actividades o cualquier otra medida preventiva, mientras no se cumplan los requisitos exigidos por la misma o ante el ulterior incumplimiento de éstos, y aplicar las sanciones correspondientes.

La mesa redonda sobre “Prevención lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, estuvo integrada por Sandra Libonatti (Senaclaft), Enrique Rodríguez (fiscal especializado en delitos de lavado de activos) y Juan Pedro Cantera (superintendente de Servicios Financieros).

Libonatti explicó que actualmente la Senaclaft está poniendo foco en la capacitación y coordinación con otros organismos (Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, etcétera) y que buscan compartir información con éstos para no duplicar esfuerzos. Este es un tema que involucra al derecho a la protección de datos.

Libonatti se refirió a la nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y, en ese marco, compartió que la Comisión Coordinadora está haciendo una revisión del marco legal.

Un cambio que promueven es que la Senaclaft supervise más entidades. “Se pregunta mucho sobre el proyecto de ley, pero el problema que tenemos es la efectividad del sistema”, afirmó Libonatti, apuntando a que la debida diligencia simplificada que realizan los sujetos obligados no es suficiente.

Muchas veces, se entiende que no es necesario pedir el origen de los fondos de los clientes, porque en la operación en cuestión participó algún banco, pero igual debe realizarse, consideró.

Foto: Archivo El País

Por su parte, Rodríguez afirmó que la Fiscalía está enfocada en la macrocriminalidad, enumeró casos que muestran que Uruguay ya no está expuesto al riesgo del narcotráfico, sino que está en terreno del flagelo, y urgió a tomar real conciencia de ello. “El BCU recibe unos 900 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) al año y a la Fiscalía llega solo el 2%”, agregó, apuntando a la necesidad de revisar qué tipo de ROS realizan los sujetos obligados. “Las condenas podrían ser más”, apuntó.

Finalmente, Cantera destacó la importancia de realizar trabajos coordinados entre las distintas instituciones de cara al flagelo, incluyendo la cooperación internacional, además de alentar la inteligencia operativa conjunta.