El gobierno de Yamandú Orsi está encaminado a aprobar, en un plazo bien corto —tal y como se había propuesto—, modificaciones importantes a la actual ley de lavado de activos, una prioridad de este gobierno para mejorar el combate al narcotráfico y que fue transmitido por el propio mandatario a los partidos políticos este 29 de setiembre, a quienes les pidió colaboración en este sentido como respuesta al atentado que había sufrido el día anterior, en su casa, la fiscal subrogante de Corte Mónica Ferrero.
La propuesta del Poder Ejecutivo —que en resumidas cuentas propone intensificar los controles dándole mayores potestades a organismos como la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), además de bajar el tope de las transacciones con efectivo— contó este miércoles con el voto en general de los partidos Nacional y Colorado —con la excepción del senador Gustavo Zubía—, y del apoyo de cuatro de los cinco senadores de esta última fuerza política a la totalidad de sus artículos, lo que fue celebrado como un triunfo en Presidencia, indicaron a El País fuentes del gobierno.
La intensa negociación que hubo durante esta jornada fue la que logró que los colorados votaran todo el articulado, ya que entendieron como satisfactorio que se aceptaran cambios y aditivos en los que había trabajado el senador Robert Silva —y que ya habían sido aceptados, conceptualmente días atrás, en el piso 11 de la Torre Ejecutiva.
Uno de ellos tiene que ver con el nuevo límite para las transacciones en efectivo: de los aproximadamente US$ 150.874 que estaban permitidos a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC) —aprobada en julio de 2020—, ahora pasó a ser de 200 mil Unidades Indexadas (unos US$ 31.830, a valor de hoy), pero junto con un agregado: se podrá pagar en efectivo "el cinco por ciento (5%) del valor total" de la transacción, "siempre que dicho monto no supere las 450.000 Unidades Indexadas", o sea unos US$ 71 mil.
Esta modificación, entre otras cosas porque significa derogar una disposición que fue refrendada en las urnas en marzo de 2022 cuando la oposición buscó derribar 135 artículos de la LUC, no la acompañaron los senadores blancos.
El asunto deberá pasar ahora por Diputados, donde el Frente Amplio precisa el apoyo de al menos dos representantes. No serán de Identidad Soberana, porque su líder, Gustavo Salle, ya advirtió a El País que considera que la iniciativa "no se mete con los verdaderos lavadores" y que "va en línea con la agenda 2030", que busca "el total control absoluto de la humanidad por parte de los banqueros.
Se da por descontado, dijeron a El País fuentes del Partido Colorado, que los diputados de esta fuerza política acompañen el proyecto, así como que los nacionalistas aprobarán la misma mayoría de artículos que acompañaron ahora.
La ciudadanía bajo sospecha y el foco en los homicidios
Durante la sesión, no obstante, tanto blancos como colorados criticaron la iniciativa del gobierno, porque comparten el argumento de que no es el mejor camino ni el más efectivo para mejorar hoy la lucha contra los narcos, y eso lo dejaron en claro en sus intervenciones.
"Va a ser una pellizcadita al narcotráfico", dijo en determinado momento el senador blanco Sebastián Da Silva, que cuestionó el aumento de la burocracia para profesionales como escribanos y contadores, y que a su entender no significa mayores obstáculos para los narcotraficantes.
Más temprano, la senadora Graciela Bianchi había dicho que esta legislación no garantizaba la “eficiencia” en los controles, y que "el exceso de legislación lleva a problemas, a multiplicación de delitos”. El principal problema, siguió Bianchi, es que “toda la ciudadanía” quedará ahora bajo sospecha y “las profundizaciones de los controles pueden terminar en que un dentista que le saca la muela a un narco termine preso por narcotráfico”, en línea con los planteos hecho estos días por los gremios de profesionales.
“Es un delito penal de autor, propio de regímenes autoritarios, se castigan a las personas no por lo que hicieron si no por lo que son —cuestionó también la senador, con argumentos que el colorado Pedro Bordaberry reafirmaría (ver recuadro)—. Es el delito precedente el que tenemos que investigar. Se avanza sobre libertades individuales, no es eficaz ni eficiente”.
El senador suplente Nicolás Martinelli, por su parte, afirmó que esta ley "no soluciona el problema de la seguridad pública ni la parálisis en la que está el Ministerio del Interior" y que debería estarse discutiendo
"la creación de una nueva fiscalía de homicidios, una nueva fiscalía de lavado de activos, la descentralización del INR, la creación de un centro público de adiciones y los allanamientos nocturnos. Esas son las herramientas que pueden ayudar a mover la aguja", concluyó.
Desde el Frente Amplio, la senadora Bettiana Díaz había dicho en tanto que la lucha contra el lavado de activos y contra el terrorismo quedarán “centralizados en Torre Ejecutiva” y que la ley “es una herramientas potente para no hacerle la vida tan fácil a quienes sacan dinero de las actividades delictivas y lo quieren blanquear en el sector financiero”.
"No nos bukelicemos en lo malo, bukelicémonos en lo bueno", pidió Pedro Bordaberry
Lo que hizo Nayib Bukele en el último tiempo en la República de El Salvador, en donde terminó con la violencia de las maras —feroces bandas criminales que extorsionaban a gran parte de la población— y este año registró 1.000 días sin homicidios, suele ser una referencia en el sistema político uruguayo como un modelo que consiguió objetivos en política de seguridad pero alterando el sistema institucional y democrático del país.
El senador colorado Pedro Bordaberry, a su turno en la discusión en la cámara alta, trajo justamente a colación la comparación con la gestión del presidente salvadoreño pero para pedir que no se sigan los aspectos negativos de su ejemplo. “No nos tenemos que bukelizar. Y nos bukelizamos no cuando logramos que no hayan homicidios”, dijo el líder de Vamos Uruguay. “La crítica que le hacemos a la bukelización es la falta de garantías y de derechos de los ciudadanos No nos bukelicemos en lo malo —insistió—, bukelicémonos en lo bueno, en el resultado”.
Bordaberry señaló entonces que las modificaciones propuestas por el gobierno a la vigente ley de lavado es otro caso del Estado avanzando “un poquito más sobre la libertad” individual, y que, como ocurre en otras áreas, se toma a los ciudadanos como “empleados”, ya que son ellos los que tienen que cumplir con los debidos controles, pero sin recibir un sueldo. “Nos toma de empleados y no nos paga. De la misma forma que hace la DGI”, protestó. Y siguió: “Aquí aparecen los sujetos y la debida diligencia cada vez más exigente, porque el Estado no llega a cumplir su función esencial, que es terminar con los narcotraficantes y el lavado de dinero”.
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