La AUF "anti-compliance" que costó millones al fútbol y la resistencia al cambio: "nos apretaron físicamente"

En un congreso sobre compliance, autoridades analizaron el cambio que se necesitaba en el fútbol local tras decisiones económicas que fueron polémicas, además de los desafíos del ciberdelito en Uruguay.

Pedro Bordaberry
Pedro Bordaberry en una cancha de fútbol.
Foto: Pedro Bordaberry.

En el marco del evento de la World Compliance Association realizado en el Banco República (BROU), un panel integrado por el senador de la República y ex asesor externo del equipo Montevideo City Torque, Pedro Bordaberry; la asesora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y primera oficial de cumplimiento del organismo, Gabriela Machado y la directora de Ética, Cumplimiento e Integridad de Conmebol, Graciela Garay, analizó los desafíos de la transparencia y la integridad en las organizaciones deportivas. Las tres voces, protagonistas de los procesos de transformación en la AUF y en Conmebol, coincidieron en que el compliance dejó de ser un formalismo para convertirse en un factor estratégico, capaz de modificar la cultura del fútbol y sus incentivos por la lucha contra el lavado de activos. También relataron que hubo amenazas cuando no existía el compliance en el fútbol uruguayo y se quiso corregir esa situación.

Cuando "US$ 3 millones es más que US$ 23 millones"

Bordaberry centró su intervención en la experiencia que tuvo al frente de la Comisión Normalizadora que dirigió la AUF en 2018, cuando el organismo enfrentaba el riesgo de quedar fuera de la FIFA si no reformaba su estatuto. En este marco, el senador describió un escenario crítico: “Encontré una cosa divertida: no había compliance, había anti-compliance. Es decir, todo lo contrario”.

Relató que la falta de normas, controles y cultura organizacional derivaba en decisiones que perjudicaban económicamente al fútbol uruguayo. Entre los episodios más notorios, recordó la primera oferta por los derechos de televisación del fútbol uruguayo hace más de 30 años: “Para algunos, US$ 50 millones (ofertados por el actual permisario del fútbol uruguayo, Tenfield S.A.) eran más que US$ 82 millones (lo que puso sobre la mesa otro oferente, la sociedad anónima denominada Bersabel S.A. -actualmente Flow-). ¿Saben a quién se lo dieron (los derechos de televisación)? Al de US$ 50 millones. Una cosa maravillosa, ¿no?”.

"Después de eso, US$ 3 millones eran más que US$ 23 millones. La empresa Tenfield S.A. (que le revendía los derechos de la camiseta de la selección uruguaya a Puma) pagaba (en 2016) por siete años US$ 3.5 millones (a la AUF), apareció Nike y dijo 'voy a pagar US$ 23 millones'. Hubo una reñida elección en la AUF, ganó Nike por 10 votos a nueve. Para nueve miembros de la AUF (Peñarol, River Plate, Liverpool, Boston River, Cerro, Juventud, Racing, Segunda División y Villa Española) US$ 3 millones eran más que US$ 23 millones, y votaron por esos US$ 3 millones. Es decir, nueve clubes votaron para que la AUF recibiera US$ 20 millones menos en un contrato”, mencionó el senador, haciendo alusión a la propuesta de patrocinio de Nike para vestir a “la Celeste” en dicho año.

Vale recordar que el 23 de agosto de 2016 la asamblea de la AUF había aceptado la oferta de Nike por esos siete años. Al día siguiente, Tenfield S.A. fue oficialmente notificada de lo ocurrido y que tendrían 20 días hábiles para igualar la oferta, con un plazo que caducaba el jueves 22 de setiembre de ese año. Recién el lunes 26 de septiembre -días después del plazo final- Tenfield S.A. anunció que igualaba la oferta, por lo que Puma siguió vistiendo a la selección uruguaya hasta el año pasado.

También ejemplificó cómo intereses externos incidían en decisiones internas: “Pusimos un artículo prohibiendo la indebida incidencia de terceros… porque había terceros que hacían contratos y después influían en los clubes al votar”, sostuvo.

Pedro Bordaberry.
Pedro Bordaberry.
Foto: Leonardo Mainé.

Bordaberry también contó anécdotas de resistencia y presiones. “Nos llegaron a apretar y pesadear físicamente”, afirmó, y narró situaciones insólitas, como clubes que cobraban transferencias del exterior mediante cheques manuales emitidos por la AUF. “Yo venía de votar la ley de lavado de activos en el Senado y les decía '¡pero vamos a ir todos presos acá!'”, aseguró.

En este marco, destacó la importancia del rol de la oficial de cumplimiento: “la persona más importante dentro de la institución es la que hace que se cumplan las normas”, dijo, y remarcó que la implementación de procesos transparentes tuvo un impacto directo en los ingresos del fútbol. Recientemente, “la AUF hizo un llamado público y transparente y se presentaron 17 ofertas. El mínimo hoy es de US$ 47 millones (por los derechos de televisación del fútbol uruguayo). Antes pagaban (Tenfield S.A.) US$ 15 millones”, indicó.

Para Bordaberry, el cambio cultural sigue siendo el desafío central en relación al lavado de activos en el deporte: “El fútbol es un lugar muy atractivo para lavar dinero. Hay mucho para hacer”.

“El compliance trae grandes beneficios para el fútbol uruguayo. Aprendimos que US$ 47 millones es más que US$ 15 millones”, sentenció.

Cambios visibles

Por su parte, Machado repasó cómo fue implementar un programa de cumplimiento en la AUF desde cero. “Fue un verdadero desafío…tenía cierto desconocimiento de lo que me estaban proponiendo”, recordó. En aquel momento, la AUF comenzaba un camino influido por los estándares que FIFA y Conmebol desarrollaban tras los escándalos internacionales del FIFA Gate.

Machado señaló que el proceso requirió aprendizaje, paciencia y la capacidad de integrar a toda la organización. “Querer certificar al mes era ingenuo. Los procesos llevan su tiempo y deben ir acompañados de un cambio cultural”, remarcó.

Entre los avances más visibles mencionó la creciente participación en las capacitaciones anuales. “Hace unos años éramos las mismas caras siempre…En agosto vimos el cambio: hicimos un evento para 150 personas que colmó nuestras expectativas”. Para Machado, ese interés creciente muestra que “el compliance en el fútbol llegó para quedarse y es hacia donde va el mundo”.

Sede de FIFA.
Sede de FIFA.
Foto: AFP.

De cara al futuro, la AUF busca ordenar y actualizar todos sus procedimientos internos, alinearse con estándares internacionales y fortalecer la formación continua. “Siempre hay procesos para mejorar”, afirmó.

Consolidación de políticas

En tanto, la directora de Ética, Cumplimiento e Integridad de Conmebol repasó la transformación iniciada con la presidencia de Alejandro Domínguez, tras el escándalo global del FIFA Gate. “Cuando todo el mundo pensó que era el fin del fútbol, nosotros encontramos una oportunidad”, afirmó. Además, recordó una frase que marcó ese inicio: “no sé todo lo que tenemos que hacer, pero sí sé lo que no tenemos que volver a hacer”.

Conmebol
Conmebol
Foto: AFP

Garay destacó que Conmebol se apoyó en certificaciones internacionales que hoy implican auditorías anuales: “Ya cada área es dueña de cada riesgo y de cada acción. Lo que iniciamos en 2021 hoy es una consolidación de procesos y políticas”, explicó.

“La ética se convirtió en una ventaja corporativa, cada broadcaster nos elige porque tiene confianza en nosotros”, agregó.

En cuanto a los desafíos regionales, subrayó la necesidad de fortalecer la gobernanza en las asociaciones y clubes, especialmente ante la llegada del fair play financiero en 2026: “Compliance es optativo, pero cuando existe una multa deja de serlo. Con el fair play financiero habrá una necesidad real de cumplir”, sostuvo.

Garay también abordó una de las mayores amenazas para la integridad deportiva: las apuestas ilegales. “El mundo ilegal es mucho más grande que el legal”, advirtió. Explicó que el lavado de dinero se canaliza muchas veces a través de amaños y plataformas no reguladas. Por eso, Conmebol impulsa capacitaciones regionales y trabaja junto a Interpol y a sponsors legales para ampliar la prevención. “La cancha no puede estar separada de la institución”, sentenció.

Ciberseguridad como pilar

El Congreso de Compliance de la World Compliance Association también dedicó un panel específico al estado de la ciberseguridad en Uruguay, donde se abordaron los estándares vigentes, los nuevos requerimientos regulatorios y los riesgos que afectan tanto a organizaciones como a usuarios. Reynaldo de la Fuente, socio director de Datasec, y Fabiana Santellán, gerente de Gestión y Auditoría de Seguridad de la Información en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic), expusieron la situación de Uruguay en la materia.

En este sentido, De la Fuente detalló que la ley de Protección de Datos Personales “establece obligaciones claras que deberían traducirse en controles concretos de seguridad de la información”.

Uno de los puntos más preocupantes, dijo, es la baja adopción de la autenticación reforzada: “Solo el 25% de las grandes empresas usa segundo factor de autenticación para accesos remotos, pese a que hoy el principal vector de ataque es el robo de credenciales”.

Afirmó además que muchas organizaciones aún no dimensionan los riesgos reales, debido a que “hay empresas que invierten millones en equipamiento, pero se ahorran dinero en controles básicos como licencias. Eso es indigno y revela fallas de comunicación interna”.

Sobre el crecimiento del ciberdelito, destacó que las estafas denunciadas superaron las 30.000 el último año, frente a 1.300 reportadas en 2013. “Han secuestrado cuentas de WhatsApp solo porque alguien envió el código que le pidieron por teléfono”, sostuvo, al describir la vigencia de técnicas simples.

Finalmente, advirtió que las amenazas tradicionales siguen sin resolverse. “Preocupa que las organizaciones siguen preparándose para escenarios optimistas. Los ataques reales son coordinados y buscan maximizar el daño”, aseguró.

Por su parte, Santellán destacó que Uruguay mantiene un buen posicionamiento en índices internacionales de ciberseguridad. “Habitualmente estamos entre los primeros tres lugares de la región, detrás de Estados Unidos, Canadá o Brasil según el indicador”, afirmó. No obstante, indicó que el país arrastra debilidades específicas: “La dimensión más frágil históricamente es la regulatoria, especialmente la vinculada al combate del ciberdelito”.

Santellán remarcó que el principal desafío es cultural. “Si bien más del 80% de las organizaciones dice que la ciberseguridad le importa, solo el 40% tiene políticas o responsables. Ahí hay una percepción del riesgo que no estamos logrando transmitir”, aseguró.

También explicó las seis funciones del marco —identificar, proteger, ,gobernar, detectar, responder y recuperar— y cómo aplican tanto a organizaciones como a usuarios. “No sabemos cuándo tendremos un incidente, pero que ocurrirá es una certeza”, sostuvo.

Por último, destacó la necesidad de cooperación entre sectores. “Si queremos mejorar la seguridad país, no es un tema del gobierno de turno: convoca al sector público, al privado, a la academia y a la sociedad civil”, sentenció.

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