Banco Central ante el problema de grandes grupos económicos que operan con distintas licencias, y lo que hará

El Banco Central advierte que esa multiplicidad representa complejidad para la supervisión y que se podría mejorar la situación con alguna reforma normativa.

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El abogado Leonardo Costa presenta el evento "Compliance Day 2025".
Foto: Ignacio Sánchez. El País

El Banco Central (BCU) está llevando a cabo una reestructura interna para mejorar su gobernanza y su funcionamiento, según lo ha dicho el propio presidente de la entidad, Guillermo Tolosa.No obstante, a esto se suma una nueva modalidad que preocupa al regulador y supervisor del sistema financiero: existen conglomerados o grandes grupos económicos con distintos tipos de licencia para operar en Uruguay lo que complejiza el trabajo de supervisión.

Hasta ahora, esto ha obligado al Central a trabajar de forma más integral a través de la Superintendencia de Servicios Financieros lo que lleva al regulador y supervisor a considerar que se requiere un cambio normativo.

Así lo planteó Gabriel Lago, jefe del Departamento de Sistemas de Pagos del BCU, en el evento “Compliance Day 2025”, organizado por el estudio Brum-Costa, en el que participaron autoridades nacionales, representantes del sector privado y expertos en delitos en prevención del lavado de activos.

Pablo Bianchi, supervisor de Intermediarios de Valores del BCU, dijo que actualmente existen muchas empresas que tienen más de una licencia —por ejemplo, una con la Superintendencia de Servicios Financieros y otra con el Sistema de Pagos— cuyos abordajes son diferentes, porque se rigen cada una con los parámetros que les compete.

“Para el sujeto es lo mismo, porque sabe que es supervisado igual, pero para el BCU no lo es”, apuntó Bianchi. “No podemos tener una supervisión por un lado y otra supervisión por otro lado, porque es el mismo grupo económico o la misma entidad que quiere hacer diferentes actividades”, apuntó.

Es decir, existen varias supervisiones, con distinto foco, a cada grupo empresarial al mismo momento y ante esta realidad, la Superintendencia de Servicios Financiero por ejemplo, procura informarse sobre la visión del sistema de pagos de los casos y de darle la propia, o a veces llevan juntos la actividad de supervisión.

Lo cierto es que no es fácil un abordaje con esas características, según los jerarcas del BCU, quienes insisten en que el asunto requiere ajustes normativos.

Además, manifestaron que cuando alguien plantea un negocio, actividad o filial nueva en el país, suele suceder que distintas organizaciones que de alguna manera tienen que ver con esa operativa (por ejemplo, las casas de cambio) llaman al BCU para que aporte su opinión (léase, su mirada en relación a potenciales riesgos de lavado). Esto ha llevado a querer formar mesas de trabajo en la materia.

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Gabriel Lago y Pablo Bianchi (ambos del BCU), junto a Juan Manuel Cabrera (Brum Costa).
El País.

Bianchi señaló que “algo igual pasó mucho con los activos virtuales. Se formó un grupo interdisciplinario, donde cada integrante tenía su especificidad, y de ahí salieron varios documentos que fueron la base para una nueva normativa en la materia que está en proceso” de implementación.

A su vez, aclaró que las actividades ya están reguladas, pero muchas veces en compartimentos estancos y requieren actualización normativa en función de la evolución que ha tenido el mercado.

En otro orden, los expertos señalaron que los organismos del Estado (léase, también el BCU) deberían realizar más trabajos con inteligencia artificial para el cumplimiento de estas y otras funciones, ante un sector privado que se actualiza rápidamente, y que se requiere también más personal formado en estas tecnologías, internamente.

Lago consideró que hay más nuevos modelos de negocio en el mercado local y que, por ende, las instituciones del Estado no pueden quedar atrás.

Licencias de las fintechs

Los funcionarios del BCU hablaron sobre las fintechs, considerando que ya no compiten tanto con los bancos como cuando surgieron, sino que también cooperan entre sí.

Es más, hay bancos que son socios o accionistas de fintechs, lo que le agrega complejidad al tema, aunque también cierta integración al sistema.

Al respecto, Lago observó que cada país tiene su marco legal y que una fintech que opera en Argentina, Brasil o Chile, no tiene necesariamente la misma licencia que en Uruguay, porque las exigencias y el alcance son diferentes. Esto no siempre está claro en el mercado, según notan los funcionarios del Central.

Ese tema está siendo estudiado por el BCU y aparece mencionado en el proyecto normativo de activos virtuales que la entidad propone y está en proceso de aprobación.

Sobre el cambio normativo que promoverá el Central en relación a las licencias, Bianchi se atajó: “preferimos avanzar despacio y en forma segura, y no rápido y tener que ir marcha atrás”.

Tanto Bianchi como Lago concordaron en que se debe encontrar un balance entre, por un lado, la regulación, la vigilancia y la supervisión, y por otro, la dinámica de los mercados y el desarrollo de los nuevos negocios, que son más acelerados. De alguna forma, los mercados van mucho más rápido que las leyes y, hasta cierto punto, es esperable que así se.

Además, afirmaron que cualquier modificación normativa que se realice, debería ser contemplada en el marco de la importancia de la continuidad de las políticas en los distintos gobiernos y directorios del BCU.

Agustina Pérez Comanale (Binance), Martín Benitez (Cámara Uruguaya de Fintech) y Patricia Tudisco (BCU), junto al moderador Juan Diana (Brum Costa).jpg
Agustina Pérez Comanale (Binance), Martín Benitez (Cámara Uruguaya de Fintech) y Patricia Tudisco (BCU), junto al moderador Juan Diana (Brum Costa).
El País.

Proyecto de ley de activos virtuales

En un panel sobre “Regulación Cripto en Uruguay, proyecto normativo BCU”, los ponentes afirmaron que es positivo que el país avance en ese sentido, y estiman que podría darse algún impacto del Presupuesto Nacional.

La intendente de Regulación Financiera del Banco Central, Patricia Tudisco comentó que tuvieron que dedicarle tiempo a definir el concepto de “activo virtual financiero”, porque esa figura es la base de nuevas regulaciones, y explicó su alcance.

Por su parte, Martín Benítez (de la Cámara Uruguaya de Fintech) opinó que el proyecto de ley, próximo a aprobarse, le exige garantías muy altas a las empresas del sector. “Es mucho para los emprendimientos chicos”, dijo, al tiempo que propuso que se establezca un sistema escalonado, o similar.

Tudisco lo tranquilizó al responder que el BCU ha recibido otras consultas sobre la “proporcionalidad” de las garantías exigidas, por lo que están dispuestos a revisarla.

Asimismo, Benítez apuntó directo al centro del interés principal de la cámara, al decir: “lo que queremos es que los bancos dejen operar a las empresas de activos virtuales”.

Esa es una lucha que el sector de las fintech ha mantenido desde un comienzo y en la que se mantenido más firme, en la medida en que su desarrollo depende en gran parte de ello.

La Cámara Uruguaya de Fintech ha venido participando en mesas de trabajo y compartiendo información sobre el sector con el BCU desde la administración anterior, cuando Diego Labat estaba al frente, sobre todo para acompañar la redacción del proyecto de ley en la materia, con el que básicamente está de acuerdo, aunque con algunos reparos como el mencionado.

Asimismo, la cámara cuenta con una "Guía de buenas prácticas" en la adquisición y uso de activos virtuales dirigido a las empresas y población general, que ha tomado como referencia a otros países, y también comparte con el BCU.

Finalmente, Agustina Pérez Comenale (de Binance) defendió al sector, señalando que las estafas están en todas las industrias, y opinó que la regulación que aporta valor es siempre oportuna en los mercados, así como educar a la población en estos temas.

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