Criminalidad en auge, diez años de inestabilidad política y una economía por debajo de su potencial: estos son los principales desafíos que afrontará la derechista Keiko Fujimori para gobernar Perú en el período 2026-2031.
Después de tres fracasos consecutivos, la hija del expresidente Alberto Fujimori finalmente llegará al gobierno tras vencer a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, por menos de un punto de diferencia.
El primer desafío será sacar adelante a un país dividido, tras vencer por menos de 50.000 votos de diferencia.
Su ajustada victoria marca el regreso del fujimorismo al poder. El legado de su fallecido padre, que gobernó el país entre 1990 y 2000, divide profundamente a los peruanos. “Sabemos que el país está dividido. Tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, dijo Keiko el lunes tras la conclusión del escrutinio.
Su rival cuestiona la legitimidad de los resultados.
Y el fuerte sentimiento antifujimorista que persiste entre los peruanos podría generar “resistencia y protesta” y complicar la luna de miel del nuevo gobierno, afirma el politólogo Eduardo Dargent, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Con esta división como telón de fondo, Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016, varios de ellos destituidos por el Congreso o que renunciaron antes de correr la misma suerte. Uno duró sólo cinco días.
Esto se debe a que Perú, aunque en la forma tiene un sistema presidencialista, de hecho ha funcionado como un parlamentarismo: el Congreso puede destituir a un presidente por “incapacidad moral permanente”, una definición vaga que queda a criterio de los legisladores.
Para no correr la misma suerte, Fujimori deberá construir alianzas en el parlamento, donde su partido Fuerza Popular no tiene mayoría propia.
“Su mayor reto es cambiar el estilo, construir un Ejecutivo con capacidad de diálogo”, tanto para tejer alianzas políticas como para evitar conflictos sociales, dice Dargent.
La gobernabilidad será clave para aplicar sus políticas. El crimen organizado y la inseguridad son la mayor preocupación en Perú.
En 2025 hubo 26.500 denuncias de extorsión, nueve veces más que hace cinco años. Tal como hizo su padre para derrotar a las guerrillas, Keiko prometió “mano dura” contra estos crímenes que ella califica de “terrorismo urbano”.
Pero lograr respuestas rápidas y efectivas no será fácil, apunta Ricardo Valdés, director del Observatorio del Crimen y Violencia. El país tiene “urgencia” por resultados “y esto va a ser muy complejo porque sus medidas requieren de tiempo”, dijo el especialista a la AFP.
La futura presidenta precisa un inicio “que marque la diferencia”, para demostrar que hay un gobierno capaz de resolver problemas, sostiene el analista Augusto Alvarez Rodrich.
“Si consigue restablecer la seguridad, habrá construido un capital político tan importante como el que logró su padre cuando derrotó a la hiperinflación y al terrorismo”, estima.
Fujimori encontrará una economía que en 2025 creció 3,4% y tuvo la inflación más baja de América Latina (1,5%).
Recibirá “un país con estabilidad macroeconómica” pero con “una fuerte brecha entre la macro y la microeconomía”, señaló el analista Jorge González Izquierdo.
Los buenos precios de los metales como oro, plata y cobre en el mercado internacional contribuyeron al crecimiento del PIB. Pero el país no logra beneficiarse por completo debido a la alta informalidad y a la inestabilidad institucional, coinciden analistas.
Candidato de izquierda recurre a la CIDH
El candidato de izquierda Roberto Sánchez anunció que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “la grave afección al proceso electoral” en Perú.
“Presentaremos un recurso ante la CIDH, estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares”, dijo Sánchez en la red social X. El candidato defendió que su partido, Juntos por el Perú, tiene “el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia”, después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), rechazara su solicitud de anular la votación en el exterior, lo que le daría a él la victoria.
Inician juicio contra presidente interino
El juicio contra el presidente interino de Perú, José María Balcázar, acusado de apropiación ilícita por presuntamente desviar fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque a sus cuentas personales cuando era decano de esa institución, comenzó ayer martes con una solicitud de su defensa para suspender el proceso hasta que deje el cargo el próximo 28 de julio. La Fiscalía sostiene que Balcázar administró recursos económicos que pertenecían a dicho colegio profesional y supuestamente se apropió de parte de ese dinero entre 2019 y 2020. La investigación fiscal señala que se efectuaron diversos pagos por abogados agremiados que no ingresaron correctamente a las cuentas institucionales y que parte de esos recursos terminaron depositados en cuentas personales de Balcázar.
Al inicio de la audiencia virtual de este martes, Balcázar se conectó para proporcionar sus datos personales. Indicó que tiene tres hijos, carece de antecedentes penales y que su domicilio actual es el Palacio de Gobierno, en Lima. Asimismo, señaló que percibe ingresos mensuales de entre 20.000 y 30.000 soles (entre 5.800 y 8.800 dólares).
El abogado de Balcázar, Víctor Pariona, presentó una solicitud de excepción de prescripción y solicitó la suspensión del proceso, al argumentar que el acusado tiene 83 años y los hechos presuntamente delictivos ocurrieron cuando tenía más de 65 años. Además, sostuvo que Balcázar, como presidente interino, no puede ser sometido a ningún juicio mientras ejerce el cargo.
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