El canciller Álvaro Ramos terminó la comunicación telefónica con las últimas palabras de Zulma Guelman en la cabeza y supo con total nitidez los dos pasos que debía seguir, uno a continuación del otro. Entonces llamó al presidente Julio María Sanguinetti y le replicó exactamente las mismas palabras que había escuchado de su embajadora en Tokio pocos minutos antes: “Zulma dice que los japoneses quieren romper. La única forma de corregir es que viaje a explicar”, le dijo al mandatario quien autorizó el viaje de su ministro en el instante. Entonces Ramos tuvo la segunda conversación, mucho más difícil que la anterior, y le dijo a su hijo que empacara porque en cuestión de horas saldrían para Japón. Había sido una Navidad particular en la casa de La Floresta de los Ramos, fruto de una situación familiar difícil, y todo apuntaba a que recibirían el año 1997 en un avión cruzando medio mundo para salvar una relación diplomática que estaba a milímetros de estallar.
“Te necesito en Japón ya. Rompemos relaciones si tú no venís”, fueron las dos frases que Guelman que causaron una reacción inmediata del ministro, pese a que los informes anteriores ya evidenciaban una mala percepción sobre las acciones de Uruguay. El 1º de enero, Ramos se tomó un avión para intentar explicarle al gobierno japonés que en Uruguay había separación de poderes y que la liberación de Luis Alberto Miguel Samaniego y Silvia Sonia Gora Rivera, dos integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) detenidos un año antes en el país, había sido una decisión independiente de la justicia.
La determinación del Tribunal de Apelaciones de negar la extradición a Perú por el secuestro de un empresario boliviano, adoptada el 24 de diciembre de 1996, había permitido la inmediata liberación del embajador uruguayo en Perú, Tabaré Bocalandro, que era uno de los cientos de invitados que habían acudido a la residencia del embajador de Japón en Lima, el 17 de diciembre, para celebrar el día nacional, cuando el MRTA tomó la casa por la fuerza. La situación se había interpretado como un canje entre el gobierno de Sanguinetti y el MRTA y, en consecuencia, había provocado la profunda molestia de los gobiernos de Perú, Bolivia y Japón, para quienes esas acciones habían puesto en peligro al resto de los rehenes, al tiempo que mostraban a un gobierno dispuesto a ceder ante las peticiones de los terroristas.
Guelman le advirtió a Ramos que el argumento de la separación de poderes no estaba logrando su cometido en una situación que se le había tornada tan delicada que la embajadora recordaría, muchos años después, como el momento más difícil de su carrera. Si bien no se había efectivizado, ya había un pedido al embajador nipón en Montevideo para que se retirara. Para poner paños fríos se requería de una acción simbólica: una visita del ministro.
Sabiendo que viajaba con su hijo y suponiendo que el aeropuerto estaría plagado de periodistas, Guelman llegó con anticipación junto al diplomático Juan Carlos Ojeda y habló con el gerente de United Airlines para que la dejara subir antes que bajara el ministro. La embajadora entró y le advirtió a Ramos que tenía a toda la prensa esperándolo. El ministro se despidió de su hijo en el avión, quien quedó a cargo del funcionario de la embajada y se bajó junto a su director de Política, José María Araneo, para enfrentar a los micrófonos.
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Cualquiera que estuviera de paso por el Aeropuerto Internacional de Narita hubiera pensado que había llegado Mick Jagger a juzgar por el enjambre de cámaras que se había estacionado para recibir al canciller uruguayo. A Ramos no dejó de generarle un poco de extrañeza todo eso aunque sabía que debía mantener una solemnidad inflexible porque la situación lo ameritaba y porque los patrones culturales de los japoneses también lo imponían.
Todo diplomático uruguayo que llegara a Japón como embajador debía atravesar el umbral hacia el orden estricto desde el momento mismo de presentar cartas credenciales en el Palacio Imperial. Guelman, al igual que todos sus antecesores desde 1921, había pasado por ese rito que, como en otros Estados que conservan el peso de la tradición y la memoria institucional, exigía una preparación previa, incluyendo prácticas y simulacros, para conocer normas de conducta y procedimiento frente a los emperadores. Como seres espirituales descendientes de un mundo celestial, la ceremonia seguía un riguroso protocolo para que todo luciera cercano a la perfección. El guión estipulaba lo que se debía hacer y cada paso del camino. La forma y dirección del caminar y lo que se debía decir: ni una palabra más ni una menos. Con esa presentación, el embajador ingresaba a la sociedad japonesa y se sometía a una experiencia estética que constituía descubrir los mil mundos que habitaban en esa tierra, cuyo núcleo aún conservaba mucho de la nación milenaria.
El vínculo bilateral no había tenido sobresaltos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1921, con la notoria excepción de la ruptura de relaciones en enero de 1942 y la declaración de guerra testimonial de febrero de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Un año después de formalizar el vínculo, los estados se habían propuesto negociar un Tratado de amistad, paz, comercio, navegación y naturalización. En agosto de 1922, el gobierno de Baltasar Brum remitió al enviado extraordinario y ministro plenipotenciario japonés, Takashi Nakamura, un proyecto para un Tratado de paz y amistad, como paso previo a la firma del de comercio, navegación y naturalización, sobre el que aún se oponían “dificultades insalvables”. La respuesta desde la Legación de Japón, establecida en Buenos Aires, señalaba la preferencia del Gobierno Imperial de negociar todos los aspectos bajo un mismo documento cuando las condiciones lo habilitaran.
Durante las décadas venideras, los aspectos comerciales serían dominantes en la relación bilateral hasta el día en que la casualidad había juntado un acto de terrorismo del MRTA en la residencia del embajador japonés en Lima con el proceso judicial de dos integrantes de esa organización que habían ingresado con documentación falsa a Uruguay para retirar de un banco un botín de US$ 1,4 millones que un empresario boliviano al que habían secuestrado les había transferido para comprar su libertad. Una rápida determinación en Montevideo había provocado una respuesta inmediata en Lima, como si esos movimientos estuvieran conectados. El efecto de esa yunta era una crisis política inédita entre ambos países.
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La reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Ryutaro Hashimoto, fue extremadamente formal y, pese a la perceptible molestia de los japoneses, no perdieron su toque de amabilidad. El objetivo de Ramos era uno solo: echar por tierra la teoría de la negociación con el MRTA y explicar el proceso que había tenido dentro de la justicia uruguaya. Ramos negó que hubiera cualquier intervención del Poder Ejecutivo y aludió al hecho de que, si bien existían diferencias de opinión dentro del Poder Judicial, ya habían adoptado la posición de negar el pedido de extradición. Lo único que había ocurrido es que se había acelerado el proceso antes del inicio de la feria judicial, razón por la cual el Tribunal de Apelaciones había comunicado su determinación en la víspera de la Navidad. Ese había sido el pedido específico del Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia: con una decisión tomada parecía razonable no abrir un compás de espera.
Eso fue lo que Ramos explicó en Japón. Su presencia, por encima de sus argumentos, fue lo que sirvió para bajar las tensiones. Los integrantes del gobierno japonés escucharon, hicieron varios comentarios y aceptaron con agradecimiento el gesto de estar ahí. El viaje de Ramos había cumplido el objetivo de salvar la relación y tan rápido como supo que todo estaría bien volvió a cruzar medio mundo.
Perú, en cambio, nunca se sacó el mal sabor que le dejó el episodio. Ha perdurado la idea de que el gobierno de Sanguinetti negoció el arreglo con el MRTA, lo cual fue valorado como una traición, y que hubo un pedido explícito del propio presidente de la República al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Marabotto, en algún rincón del Palacio Santos para que ello sucediera. En el documental Rehenes (2018) de Federico Lemos, el excanciller Francisco Tudela, quien fue el rehén de mayor jerarquía política que tuvo el MRTA, reiteró que fue el gobierno de Sanguinetti quien solicitó a la justicia la libertad de Gora y Samaniego a cambio de la libertad de Bocalandro. Y en esa película el expresidente uruguayo también repitió lo que su gobierno manifestó en su momento: “Eso no es verdad. No hubo ninguna negociación”.
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Tabaré Bocalandro nunca habló públicamente de su polémica liberación ni de los siete días en los que fue rehén del MRTA. Lo que ha quedado son los múltiples relatos de los otros rehenes que estuvieron junto a él en la residencia. En general, coinciden en que el embajador uruguayo en Lima tuvo un comportamiento inadecuado, lejos del espíritu de solidaridad que predominaba entre ellos, y que en alguna ocasión puso en riesgo a todo el grupo. Particularmente duro es el relato del congresista Samuel Matsuda en su libro Rehenes en la sartén. Identificándose bajo el seudónimo de Saúl, Matsuda cuenta el siguiente episodio:
La escena está prendida en la retina de Saúl. Los terroristas tenían el control absoluto de la situación. Los invitados VIP habían sido empujados a abarrotar los dormitorios del segundo piso; entre ellos un sujeto alto, cincuentón, inconfundible acento rioplatense, farfullando monólogos indescifrables, arrinconado bebía sin control empecinado en saturarse con todos los tragos que pudiesen encubrir la borrachera de pánico que lo turbaba desde los minutos eternos de la violenta incursión, los disparos intermitentes, los gritos histéricos, al suelo carajo, todos al suelo, patria o muerte, tupamaros de mierda. Tabaré Bocalandro, el jefe de la misión diplomática de la República Oriental del Uruguay en el Perú, embriagado de miedo, de ese miedo corrosivo que es más que miedo, que deshilacha los nervios, que remueve y opaca todos los sentidos y apresura a la vejiga a mojar los pantalones. Al borde de los diablos azules Bocalandro salió al pasillo a lanzar procacidades. Tambaleante se dirigió hacia las escaleras vociferando, yo me voy de aquí, a mí ningún tupamaro hijodeputa me va a detener. Dos encapuchados lo pararon en seco apuntándole con sus AKM; uno de ellos, el más excitado, tenía impreso el número 22 en el pañuelo rojiblanco que cubría su rostro; otro emerretista, de pie en el centro de la escalera principal, ordenó disparar si Bocalandro pretendía seguir soliviantando los ánimos de los demás y, con voz de mando crispada, también vociferó, no nos provoquen, ante cualquier extraño ademán yo actúo, no nos van a temblar las manos, carajo. En esas agitadas circunstancias apareció el diplomático [rumano] Octavian Filip. Tomó a Bocalandro por los brazos y lo instó a calmarse y a retornar a la habitación. Bocalandro opuso resistencia y no cejó en su beodo empeño de insultar y hostigar a grandes voces a los dos agitados y nerviosos terroristas, a punto de hacer de la residencia una carnicería. Filip no dudó en usar su ímpetu y fuerza para izar a su estrafalario colega, llevarlo cargado al dormitorio y, al tiempo de echarlo sobre la cama del embajador [de Japón] Aoki, increparlo, no se mueva embajador, no se da cuenta de que ellos en estos momentos se encuentran en un estado de delirio harto peligroso capaces de cometer lo impredecible, ya ha jodido bastante, si sigue jodiendo lo noqueo. Bocalandro haciendo honor a su patronímico siguió yéndosele la boca, ladrando bravatas y frases incoherentes; al rato se quedó profundamente dormido.
Tanto el relato de Matsuda como el del vicealmirante Luis Giampietri, quien desde adentro tuvo un rol protagónico en el rescate y luego sería vicepresidente de Perú, ponen el acento en al diferencia de comportamiento entre los gobierno de Uruguay y de Bolivia y sus respectivos embajadores.
Dice Giampietri en 41 segundos para la libertad. El relato de un testigo directo de la crisis de rehenes de Lima: “A diferencia de Uruguay, Bolivia se negó a liberar a los cuatro delincuentes del MRTA que tenía detenidos por cargos de secuestro. Nuestros captores respondieron de inmediato con represalias contra el embajador (Jorge) Gumucio. Lo abofetearon y le dieron golpes con la culata de fusiles AKM en diversas partes sensibles de su cuerpo; lo amenazaron con granadas. Él se mantuvo estoico y sin quejarse durante los ataques, que con el tiempo se volvieron tan violentos que temimos por su vida”.
Matsuda, Giampietri y Gumucio fueron tres de los 72 rehenes que estuvieron cautivos durante 126 días y fueron liberados en la Operación Chavín de Huántar, el 22 de abril de 1997.
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