El primer lobby judío que recibió un gobierno uruguayo estuvo en manos de un grupo de sionistas argentinos que, en mayo de 1922, cruzaron el río con el objetivo de que la administración de Baltasar Brum lograra interceder ante el gobierno de Brasil para que este votara en el Consejo de la Sociedad de Naciones, en donde ocupaba un sitio como miembro no permanente, a favor de la creación de un mandato británico en Palestina como paso previo al establecimiento de un hogar nacional judío en esa tierra.
El acto de persuasión diplomática ante Río de Janeiro fue ejecutado por la cancillería de Juan Antonio Buero siguiendo un pedido explícito de la Organización Sionista Mundial y se enfrentó a los intereses del Vaticano, que disentía con la propuesta de la corona, en virtud de la custodia que el proyecto de mandato había establecido para los sitios sagrados en Jerusalén, según revelan documentos del Archivo Histórico-Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, el archivo de la Sociedad de las Naciones, el Archivo Central Sionista con sede en Jerusalén y el Archivo Weizmann. La gestión uruguaya tuvo lugar 46 años antes de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sucesora de la Sociedad de Naciones, resolviera la partición de Palestina y el Estado de Israel declarara su independencia.
El Consejo de la Sociedad de las Naciones, con sus cuatro miembros permanentes y los cuatro no permanentes, tenía planificado reunirse en el Palacio de Saint James (Londres), en mayo de 1922, para resolver sobre el destino de los territorios que habían formado parte del Imperio Turco-Otomano hasta la Primera Guerra Mundial (1914-1918). La posibilidad de que Palestina quedara bajo autoridad de un mandato británico era la única apuesta de la Organización Sionista Mundial que, desde su primer congreso en Basilea en 1897, había determinado el retorno judío a la tierra de Israel como un objetivo político que respondía al problema de un pueblo sin tierra. Para ello, los sionistas ya contaba con el compromiso de la corona británica que, a través del su ministro de Asuntos Exteriores, James Balfour, había prometido el “establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío” sin afectar “los derechos civiles y religiosos de comunidades no judías existentes” habitando ese territorio.
La Declaración Balfour, tal como se denomina a la carta que el ministro británico envió al magnate judío Lord Rothschild en noviembre de 1917, había iniciado el trayecto que luego se reforzaría en la Conferencia de San Remo de abril de 1920, cuando los poderes vencedores en la Primera Guerra Mundial determinaron que Gran Bretaña fuera el mandatario en Palestina con la tarea específica de ejecutar la Declaración Balfour. La renuncia de Turquía en favor de las potencia aliadas de todos sus derechos y título sobre Palestina sellado con un tratado de paz firmado en Sevres, en agosto de 1920, dio un paso fundamental en esa dirección al abrir el camino formalmente para que el gobierno británico llevase a la práctica la Declaración Balfour.
La corona presentó el proyecto de estatuto para ese mandato al Consejo de la Liga en abril de 1921. Pero en sus planes no estaban dos antagonistas que retrasaron su aprobación por más de un año. Gran Bretaña habría recibido el mandato mucho antes de no haber sido por la interferencia de Estados Unidos y el Vaticano.
Los estadounidenses querían proteger los derechos petroleros que la Standard Oil Company había asegurado en la región antes de la Primera Guerra Mundial. Tales derechos no estaban garantizados por el mandato debido a que Estados Unidos, aún en una posición internacional aislacionista, no era miembro de la Liga de las Naciones. Pero los británicos necesitaban el apoyo de Washington, por lo que prometieron mantener los derechos de la compañía petrolera a principios de mayo de 1922.
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Cuando parecía que el mandato estaba listo para su aprobación, el Vaticano le puso un freno. Un día antes de la votación, programada para el 11 de mayo, el Papa Pío XI —que se había convertido en pontífice tres meses antes— insistió en que los lugares de culto religioso en Palestina se mantuvieran enteramente bajo control cristiano, libres de cualquier influencia que el Estado nacional judío pudiera ejercer.
La opinión del Papa importaba porque cinco de los miembros del consejo —Bélgica, Brasil, España, Francia e Italia— eran predominantemente católicos, y la aprobación del mandato requería una votación unánime en el consejo. En aquel momento, el jefe de la Iglesia Católica aún era lo suficientemente poderoso como para incidir en un curso de acción internacional.
Ese 10 de mayo de 1922, en la víspera de la votación, el líder del movimiento sionista, Chaim Weizmann, se reunió con el director de la Sección de Mandatos de la Secretaría de la Sociedad de Naciones, William Rappard, con quien mantuvo una “larga” y “extremadamente interesante” conversación, según se desprende de la minuta del encuentro, que conservan los archivos del organismo que tuvo sede en Ginebra.
Weizmann, un bioquímico inglés que fue el artífice de la Declaración Balfour y quien a la postre sería el primer presidente del Estado de Israel, le transmitió al suizo Rappard que el cardenal Pietro Gasparri, secretario de Estado del Vaticano, era “intensamente hostil” contra el Sionismo y el Mandato Británico en Palestina. Gasparri había criticado en un memorándum, al cual había tenido acceso el gobierno británico, varias características especiales del proyecto de mandato para Palestina. Entre los artículos a los que se oponía particularmente estaba el 14, relativo a la custodia y control de los lugares santos.
Dicho artículo había establecido que los británicos quedarían a cargo de una comisión que regularía las reclamaciones de las diversas comunidades religiosas y supervisaría todos los lugares santos. El Vaticano desconfiaba de una nación que cuatro siglos antes se había separados de la Iglesia y criticaba la preponderancia que los ingleses le habían otorgado a los judíos para ese territorio (pese a que también le habían hecho una promesa contradictoria a los árabes, durante la guerra en su afán de que los ayudaran a combatir a los turcos-otomanos en ese territorio).
La impresión que Weizmann le comunicó a Rappard es que existía una “absoluta armonía” entre la propaganda de la Delegación Árabe en Londres y las declaraciones sobre Palestina en el Observatorio Romano, por lo que concluía que el Vaticano subvencionaba y dirigía la campaña antisionista árabe.
Weizmann creía que algunos de los países católicos sobre los que el Vaticano podría tener influencia se terminaría inclinando por el mandato británico cuando llegara el momento de votar. Esa idea le había quedado luego de conversar con el primer ministro francés Raymond Poincaré y con el presidente francés Alexandre Millerand. Sin embargo, se mostró menos seguro sobre la postura oficial del gobierno italiano.
Lo que Weizman también había escuchado, según figura en la minuta de Rappard, es que el Vaticano estaba siendo “muy activo” en América del Sur y particularmente en Brasil. “En lo que respecta a Palestina, creía que cabía esperar oposición del representante de Brasil, ya que ese era el único país en el que la influencia del Vaticano estaba menos contrarrestada por la influencia sionista”, escribió el suizo que debía conducir la discusión internacional en este tema.
Weizman tenía buena información: ante las objeciones del Papa, las naciones católicas no estaban dispuestas a aprobar el mandato y la votación del 11 de mayo tuvo que ser postergada.
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Seis días después de la reunión entre Weizmann y Rappard, una delegación de la Federación Sionista Argentina, visitó al canciller Buero, con el pedido de que intentara interceder ante su par de Brasil a favor de la causa sionista.
Según estimaciones de investigaciones sobre la inmigración judía en Uruguay, en aquel momento había alrededor cinco mil judíos en el país, organizados en torno a colectivos de ayuda a inmigrantes y con dos incipientes organizaciones sionistas, pero aún sin una representación política fuerte, por lo que el principal nodo comunitario en la región estaba en Buenos Aires. Desde ahí se expandían los tentáculos que, a través de distintos medios, buscaban asegurarse el voto de Brasil.
En una carta al Comité Ejecutivo de la Organización Sionista Mundia en Londres, fechada el 30 de mayo de 1922, los representantes argentinos daban cuenta de sus acciones políticas. “Por casualidad supimos de la oposición del representante brasileño a la cuestión del mandato. Recayó entonces sobre nosotros la tarea de influir en el Gobierno de Brasil para que cambiara su posición a nuestro favor”, relataban. Y ennumeraron: una visita al embajador de brasilero en Argentina, Pedro Ferreira Taboada, a través del cual le enviaron una nota al presidente de Brasil; un telegrama a la Asociación Sionista de Río de Janeiro “exigiéndoles que no escatimaran esfuerzo alguno para conseguir el apoyo del representante brasileño”; una solicitud de ayuda a sus correligionarios uruguayos para que abordaran al representante de Brasil en el país; una audiencia con el presidente argentino Hipólito Yrigoyen para procurar que se pronunciara abiertamente a favor de la creación de un Hogar Nacional para el pueblo de Israel, a lo que el mandatario les dijo que requería el consenso del gabinete; y gestiones ante el gobierno de Chile y Uruguay. “Al enterarnos de los vínculos existentes entre Uruguay y Brasil, consideramos oportuno enviar también una comisión ante aquel gobierno”, decía la misiva.
La misión sionista, integrada por Judah Wilensky y Wolf (Vladimir) Nijensohn, vio como Buero actuó con “decisión” aquel 16 de mayo de 1922 al solicitar, en presencia de sus visitantes, que se le telegrafiara de inmediato al ministro uruguayo en Brasil, Dionisio Ramos Montero, con estas instrucciones: “Federación Sionista de Buenos Aires presentóse solicitando que nuestro Gobierno interponga su amistoso oficio a fin de que el representante del Brasil ante el Consejo Supremo de la Liga de las Naciones acompañe con su voto para lograr la indispensable unanimidad la proposición en virtud de la cual se confiere a Inglaterra mandato sobre Palestina a condición de que se constituya el hogar del pueblo judío. Nuestro Gobierno ha decidido dar traslado a ese Gobierno del pedido que hace la Federación Sionista en favor de una aspiración que la formula invocando los principios sancionados por el Tratado de Versalles en virtud de los cuales se ha reconocido el derecho de los pueblos a disponer de sus propios destinos. Sírvase Vuecencia [vuestra excelencia] hacer en este sentido la gestión que considere suficiente para que el Gobierno del Brasil se imponga de esa solicitud”.
En el archivo Histórico Diplomático de la cancillería se conserva dicho telegrama así como la cadena de comunicación posterior: la nota (“pro memoria”) presentado al gobierno de Brasil, el telegrama de la Legación en Río de Janeiro, del 4 de junio, en el que adelantaba que el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Azevedo Marques, transmitiría “con interés y simpatía” la solicitud uruguaya a sus delegados en la Sociedad de las Naciones y una nota ampliatoria de Ramos Montero fechada ese mismo día.
La gestión diplomática de Uruguay no pasó desapercibida por parte del líder de la Organización Sionista, quien desde Londres envió una nota de agradecimiento al gobierno uruguayo el 13 de junio. “La Organización Sionista, apreciando profundamente la actitud solidaria de Uruguay hacia el hogar nacional judío, en consonancia con las tradiciones liberales de la República, agradece calurosamente a Vuestra Excelencia y al Gobierno de Uruguay por su amistosa intervención en favor del Mandato sobre Palestina”, escribió Weizmann.
Los británicos finalmente cedieron en el Artículo 14 a principios de julio de 1922. Propusieron un organismo imparcial que estaría sujeto a la aprobación del Consejo de la Sociedad de las Naciones en lugar de la potencia mandataria. También propusieron que cualquier informe elaborado por este cuerpo internacional, que incluiría a cristianos, musulmanes y judíos, sería sometido al consejo para su confirmación. La enmienda satisfizo al Vaticano. (Lo que el Vaticano no podía prever, sin embargo, era que la comisión de lugares santos prevista en el Artículo 14 nunca se estableció).
El 24 de julio de 1922, en la capital inglesa, el representante de Brasil ante el Consejo de la Liga de las Naciones levantó la mano, al igual que los otros siete miembros del organismo, para votar el establecimiento del mandato británico en Palestina. Ese fue el evento internacional que allanó el camino para la futura constitución del Estado de Israel.