El operativo secreto que permitió conseguir una prueba esencial para el juicio por Botnia en La Haya

“Mirá Gonzalo, ¿sabés cuál es el problema?”, le preguntó el canciller argentino Jorge Taiana al secretario de la Presidencia de Uruguay. “El problema acá es que el chico se la puso al grande”, completó.

A Gonzalo Fernández no hacía falta que le explicaran la frase. Como la principal figura del gobierno de Tabaré Vázquez en la negociación de ese conflicto tenía muy claro cuáles eran los motivos reales y aparentes, declarados y ocultos que hacían que el gobierno argentino no quisiera solucionar por la vía diplomática el conflicto que mantenía con Uruguay por la instalación de una planta procesadora de pasta de celulosa en la margen oriental del río Uruguay.

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Pero el inusual acto de franqueza de Taiana ponía en evidencia la visión argentina. La síntesis del ministro argentino delataba que la supuesta violación del Tratado del río Uruguay y la preocupación medioambiental que los argentinos argumentaban escondía una dimensión del conflicto más carnal, vinculado al orgullo nacional.

El hermano menor, la provincia rebelde, no solo se había quedado con una inversión que en un principio iba dirigida hacia ellos, sino que además Uruguay se había tomado la libertad de encaminar el proyecto sin la aprobación argentina. Por eso las múltiples fórmulas que a partir del 2006 se pusieron encima de la mesa, utilizando distintas soluciones, canales y funcionarios de diversa jerarquía, para intentar que se pasara del conflicto a la cooperación habían fracasado.

Se habían propuesto acciones involucrando a organismos internacionales, como el Banco Mundial, para mitigar los reclamos por contaminación visual y olfativa. Se habían buscado alternativas con incentivos económicos binacionales en lo que refería al suministro de la madera para la planta. Y también se habían ensayado varias propuestas para que la inauguración no fuera tomada como un gesto inamistoso y para que, en lo fundamental, el gobierno argentino pudiera salvar su cara frente a la opinión pública. Sin embargo, ninguna de estas ideas encontró eco del otro lado.

La única posibilidad antes de ir a un juicio era establecer una mediación. El candidato natural para acercar a las partes era el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre todo por las connotaciones que el asunto tenía para el Mercosur. Pero entre el canal frío presidencial entre Vázquez y Lula y la falta de incentivos para meterse en el medio —tenían más para perder que para ganar— Brasil decidió no interceder.

La corona española, entonces, había asumido la gestión de buenos oficios con Juan Antonio Yáñez-Barnuevo como facilitador. El entonces embajador español ante Naciones Unidas se pasó un buen tiempo yendo y viniendo, pero sin avanzar sustantivamente en su propósito. Ese día de abril de 2007 en Madrid en el que Taiana se sinceró con Fernández no fue la excepción, a pesar de una exhortación de Juan Carlos I.

Los finlandeses estaban planificando una inversión en el Cono Sur para lo cual, antes que nada, debían analizar los recursos disponibles con una misión de exploración en la que evaluarían las condiciones de las múltiples aristas que involucraban al proyecto en las dos márgenes del río. Era natural que pisaran primero el mercado más grande y el que les ofrecía una potencial producción mayor. Argentina les brindaba buenas condiciones desde el punto de vista normativo, pero al comenzar a hablar con las autoridades locales, concretamente con el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, se cruzaron con una campaña electoral que necesitaba ser financiada. El gobernador les hizo entender que existía la necesidad de aportar para su reelección, lo cual era, por lo menos, llamativo para las buenas prácticas a las que estaban acostumbrados los finlandeses.

La misión de exploración de la empresa siguió a Uruguay, donde ya se había preparado su recepción. Pero antes de su llegada, el gobierno de Jorge Batlle accedió a la información de que la delegación venía fuertemente impactada por lo que había pasado en Argentina, lo cual ofrecía una oportunidad adicional para mostrar las condiciones en que se trabajaba en Uruguay. Y allí mismo, en esa misma cena, se explicó con lujo de detalles las características y la idiosincrasia del país, con el objetivo evidente de que sus interlocutores se llevaran un fuerte contraste con lo experimentado. El abrebocas estaría a cargo de Pedro Bordaberry, en ese entonces ministro de Industria, Energía y Minería, y de Guillermo Valles quien oficiaba de canciller interino. Esa cena sería preparatoria para el plato fuerte con Batlle, quien estaba encima del asunto y con la convicción que debían hacer el mayor esfuerzo para atraer esa inversión. De hecho, fue el propio presidente quien ratificó con claridad y autoridad, poniéndose a sí mismo como garantía, de que en Uruguay esas cosas no corrían.

En una sola jugada Uruguay había evidenciado transparencia, convicción y capacidad de llegar a nivel presidencial, con lo cual había dado una señal muy fuerte en ese comienzo. A ello se le sumó la capacidad de llegada que Valles tenía con el embajador finlandés en Buenos Aires, Risto Veltheim, con quien había coincidido en destinos europeos y con quien empezaría a delinear el primer boceto de un acuerdo de promoción y protección de inversiones bilateral.

El gobierno uruguayo tuvo claro desde un inicio las implicancias de haber ganado esa pesada pulseada, sobre todo teniendo en cuenta la autorización conjunta que el proyecto requería. La cúpula de la cancillería definió con el presidente que se le daría toda la información a Argentina con absoluta transparencia, pero que no habría un pedido de permiso explícito. Al embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Mayer, se le entregó un voluminoso dossier en una carpeta amarilla con toda la información técnica sobre la planta y todos los estudios, incluyendo los aspectos eventualmente más controversiales referidos a los temores de polución y los controles que el estado uruguayo habría de aplicar.

El 27 de octubre de 2003, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la embajada argentina la resolución emitida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con la autorización ambiental previa; el informe técnico de la División de Evaluación de Impacto Ambiental de dicha secretaría y el informe ambiental presentado por la empresa. La cancillería uruguaya informaba a su contraparte argentina que este acto administrativo habilitaba “el inicio de un procedimiento complejo” que incluía otros permisos y autorizaciones, pero señalaba que dicho proceso permitía concluir que se habían tomado “todo los recaudos necesarios”. Lo que no decía con toda claridad la nota uruguaya era que con el informe de impacto ambiental era posible iniciar el proceso de construcción del emprendimiento. Uruguay envió información pero no pidió permiso. Y ciertamente no lo hizo en el marco de la Comisión Administrativa del Río Uruguay (CARU), de acuerdo al Estatuto del Río Uruguay.

Eso fue lo que le contestó por una nota fechada el mismo día la embajada, lo que luego alegaría en La Haya y lo que la propia Corte fallaría dándole la razón en este punto a Argentina: “Con relación al otorgamiento de dicha autorización, llama la atención que se haya realizado sin haber efectuado ningún tipo de consulta previa con el Gobierno argentino”, decía la nota de la misión diplomática en Montevideo. La respuesta daba cuenta que las acciones de Uruguay contradecían las declaraciones públicas que sus máximas autoridades habían hecho sobre el asunto y afirmaba que la documentación presentada era “insuficiente” para poder emitir opinión técnica fundada sobre las bondades ambientales del proyecto. “Por todo lo expuesto, el Gobierno argentino reitera con gran preocupación la misión del cumplimiento de los preceptos indicados precedentemente y requiere la realización efectiva de la consulta, como paso previo para iniciar el proceso de construcción de la planta”, cerraba la nota.

Pese a que se procuró algún tipo de acercamiento a nivel de cancillerías —incluyendo un supuesto acuerdo entre Didier Opertti y Rafael Bielsa que Uruguay luego usó en La Haya—, para fines de 2004 había un escenario de controversia instalado que escaló hasta el corte de los puentes, durante el gobierno de Vazquez, y un destrato que se hizo evidente por parte de Kirchner. La exageración y la manipulación más espuria ya estaban en el horizonte. Todo ello dejó a los hermanos del Plata en la puerta de un escenario inédito, tan feo como innecesario.

El conflicto había adquirido ribetes muy complicados para el gobierno uruguayo. Había un conjunto de indicios que anunciaban la posibilidad de que hubiera un quebrantamiento de la paz entre Montevideo y Buenos Aires. El bloqueo del puente había derivado en manifestaciones violentas sobre el río Uruguay, incluyendo un ataque a una lancha de Prefectura y la ruptura de plantíos de Botnia. Pero lo que más había despertado alertas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en Defensa eran los movimientos que el Ejército argentino ensayaba en el litoral.

La escalada argentina se volvió preocupante para los militares uruguayos que veían como la sucesión de hechos replicaba los escenarios posibles que aparecían en algunos de los juegos de guerra que ensayaban en los cursos de Estado Mayor. Sus manuales teorizaban sobre cómo responder de forma adecuada a una situación de amenaza para la integridad territorial uruguaya. Cada nueva transgresión que se daba del lado argentino provocaba un nivel de alarma creciente.

En esa coyuntura, Vázquez pidió informes para saber la situación en la que estaban. Así lo reconoció años después durante una charla con estudiantes en el Colegio Monte VI. “Teníamos un conflicto muy serio con Argentina y un presidente tiene la obligación de plantearse todos los escenarios posibles que se pudieran presentar. No esperar a que el problema surja para ver qué hacemos. Yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantáramos con el problema solucionado, hasta que hubiera un conflicto bélico”, dijo Vázquez en octubre de 2011 ante un grupo de estudiantes.

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, fue uno de los que se encargó de transmitirle el mensaje al mandatario. En una reunión le detalló que la Fuerza Aérea disponía de seis aviones de combate Cessna A-37 para el caso que el gobierno tuviera que responder a una invasión terrestre argentina. Pero el asesor militar hizo una advertencia: “Saldrán seis aviones cargados con municiones pero no volverá ninguno” , pronosticó. Para el jefe de la fuerza aérea era evidente que los aviones serían derribados.

El informe de las Fuerzas Armadas era claro que cualquier derivación militar que tuviera el conflicto sería de lamentar para Uruguay. Por eso Vázquez le solicitó a la cancillería, la elaboración de una estrategia de carácter político-diplomática cuyo objetivo primordial era disuadir al gobierno argentino de seguir escalando el conflicto. Si el estado uruguayo no tenía posibilidad de demostrar fuerza con sus atributos y capacidades materiales propias entonces debía recurrir a sus amigos para ello.

La cancillería tenía claro que nadie iría a una guerra para defender los intereses del Uruguay pero, al mismo tiempo, entendía que se debían jugar todos los recursos diplomáticos que el país poseyera para señalar al gobierno argentino de Kirchner que su hermano del Plata tenía amigos que se preocupan por su bienestar. Por eso se apuró a firmar una asociación estratégica en Defensa con Chile y a recibir al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon. El tercer paso de ese escalón era una foto con George W. Bush a orilla del Río de la Plata.

"Mr. president if you have any problem just pick up the phone and call me", le dijo Bush, durante su discurso de despedida, mirando a Vázquez a los ojos frente a las delegaciones de ambos en la residencia del embajador de Estados Unidos, Frank Baxter.

Nadie necesitaba una traducción que pusiera en contexto la frase de Bush. Del lado uruguayo estaba la satisfacción que el estadounidense había dicho las palabras que habían motivado esa visita a Uruguay, y los asesores de la Casa Blanca también habían cumplido el objetivo de generar un acercamiento con uno de los estados de la nueva ola progresista de la región en el mismo momento que el venezolano Hugo Chávez balconeaba improperios desde la Casa Rosada.

Gran parte del mérito de que eso hubiera sucedido era de Baxter, quien se comprometió como pocos embajadores estadounidenses en Montevideo, y convenció a su gobierno que de todo ese nuevo grupo de izquierda que asomaba en el hemisferio, Uruguay era el más moderado y dialoguista. Pero también funcionó el vínculo personal entre Vázquez y Bush quienes conectaron con la empatía necesaria —con una humorada tejana y una ril para pescar de regalo— como para que el estadounidense le extendiera su mano.

El vínculo con Washington y, en particular, elevar la relación comercial había sido uno de los primeros objetivos de política exterior de Vázquez quien le pidió a su diplomacia que volviera a poner sobre la mesa el tratado de inversiones para que él fuera recibido en la Casa Blanca. En el horizonte estaba el Tratado de Libre Comercio, pero Vázquez quería volver a enviar al Parlamento el documento que su propia bancada le había vetado a Jorge Batlle. En la agenda también había otro interés, según confesó el propio presidente en su famosa charla en el colegio Monte VI: “Yo fui a visitar al presidente Bush (en setiembre de 2005), quien tuvo la amabilidad y gentileza de recibirme. Me recibió en la Casa Blanca. Era un momento muy particular de las relaciones entre Uruguay y Argentina por el tema de los bloqueos de los puentes. Fui por razones comerciales, para estrechar los lazos comerciales de ese país y el nuestro. Pero también Uruguay necesitaba un respaldo, como dice Martín Fierro: 'Todo gaucho necesita un palenque' ".

Foto: AFP.

Y agregó: “También le pedí a la señora canciller Condoleezza Rice que dijera, si ella lo entendía así, porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile, que Uruguay era un país amigo y socio de Estados Unidos... y que le pidiera al presidente Bush si era posible que dijera lo mismo”, relató Vázquez. “Y así fue”, sentenció. “Dijeron: ‘Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos’; y se aplacaron todos los ánimos”.

Las insinuaciones bélicas de Argentina cesaron y en determinado momento la batalla se trasladó exclusivamente a la órbita judicial en el ring de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La demanda Argentina acusaba a Uruguay de violar el Estatuto del Río Uruguay al autorizar unilateralmente la construcción de la planta de celulosa en la ciudad de Fray Bentos, argumentando daños ambientales y a la pesca.

Una de las líneas de trabajo de la defensa uruguaya, encabezada por un prestigioso bufete neoyorquino liderado por Paul Reichler, era argumentar que la contaminación del río Uruguay no era generada por la empresa finlandesa sino por el Parque Industrial de Gualeguaychú. Para eso el estado uruguayo requería presentar una prueba que evidenciara lo que esgrimía y que, además, contrastara con la falta de evidencia argentina para probar su alegato sobre la supuesta polución de Botnia. La pregunta era cómo hacerlo: cómo documentar esa contaminación sin alertar a las autoridades argentinas.

Para ello el gobierno de Vázquez asistió a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas quienes contestaron que desde el final de la dictadura que no tenían agentes de campo operativos en Argentina. La única alternativa que quedaba era usar el canal privado, que con la excusa de querer estudiar la viabilidad de un negocio consiguiera fotos aéreas de la desembocadura del río Gualeguaychú. El deber patriótico acercó, en ese momento, a figuras del gobierno y de la órbita privada y así se montó un operativo secreto para obtener la información.

Las fotos finalmente llegaron a manos del gobierno para satisfacer el pedido de Reichler, quien los terminó presentando en La Haya. Esa pieza ayudó a equilibrar las fuerzas para que, en 2010, la corte expidiera un fallo salomónico tras el cual el único humo que quedó fue el que expulsan las chimeneas de la actual UPM.