El Ministerio Público de Paraguay volvió este martes a la residencia de verano del expresidente Santiago Peña, en San Bernardino, para intentar abrir la bóveda que encontró el domingo. La propiedad está en la zona de Ciervo Cuá, y los investigadores todavía no pudieron superar la segunda barrera de seguridad del compartimento, ubicado detrás de una pared falsa.
El equipo pudo abrir una primera puerta, pero detrás había una segunda compuerta con un mecanismo de seguridad sofisticado. Medios locales reportan que el sistema funcionaría con puertas de acero y mecanismos biométricos como reconocimiento de iris, aunque esa versión surgió en una transmisión en vivo de ABC Color TV y la Fiscalía no la confirmó.
La fiscal coordinadora del caso, Silvia González, explicó que el equipo entró a la vivienda con orden judicial, pero no pudo terminar el trabajo por la “alta complejidad” de la bóveda, y que esperan “contar con el dispositivo correspondiente a los efectos de proceder a la apertura”. Mientras tanto, la casa quedó precintada y bajo custodia. En ese procedimiento solo se recuperaron documentos generales, que podrían ser relevantes para la causa.
La Fiscalía no informó qué método usará. El fiscal Christian Benítez dijo a ABC que una opción es pedirle a Leticia Ocampos, la esposa de Peña, que colabore: se busca comprobar si su iris está habilitado en el sistema de reconocimiento de la bóveda.
Se habló también de convocar a otros familiares, aunque nadie está obligado a colaborar. Otra alternativa es una detonación controlada, siempre que los especialistas la consideren el procedimiento más seguro. Llevar al propio Peña a la residencia para que use los mecanismos de apertura no está, por ahora, entre las opciones.
La mansión y los préstamos
La casa se construyó entre 2024 y 2025, tiene 1.015 metros cuadrados y está valuada en dos millones de dólares. Según la Fiscalía, en mayo de 2024 Peña obtuvo dos préstamos del banco por 3.548 millones de guaraníes (unos 567.000 dólares), con cuotas mensuales de 239 millones de guaraníes, seis veces su salario presidencial.
El allanamiento en Asunción
El lunes, un equipo fiscal-policial allanó la residencia de Peña en el barrio Mbocayaty de Asunción. El juez de garantías Humberto Otazú autorizó el operativo, que duró más de cinco horas.
Se incautaron carpetas contables, facturas, escrituras públicas y declaraciones juradas patrimoniales de distintos años, además de documentos que aparentemente están vinculados al caso Ueno. Los agentes encontraron un grabador de cámaras de seguridad (DVR) en un compartimento oculto y se llevaron varios celulares personales y familiares, computadoras de escritorio, notebooks y tablets.
Había una caja fuerte, pero estaba vacía, y en la casa no apareció dinero en efectivo. Los investigadores creen que las grabaciones podrían mostrar entradas y salidas de figuras públicas y dirigentes políticos en los días previos a la caída del gobierno.
Al mismo tiempo se allanó el domicilio de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), que hoy está en prisión preventiva.
Allí se secuestraron documentos, equipos informáticos, soportes digitales, un sistema de circuito cerrado y documentación contable relacionada con el BCP.
La Fiscalía también allanó la sede central de Ueno Bank en Asunción. Además, mantiene contactos con autoridades de Estados Unidos, Argentina y Luxemburgo para localizar posibles bienes de Peña y de otras personas y empresas investigadas.
Cómo empezó la crisis
El 3 de noviembre, el BCP anunció la intervención de Ueno Bank, una de las entidades más populares del país, con 2,9 millones de clientes, cerca del 60% de la población adulta. Era el quinto banco por depósitos y el primero por cantidad de clientes, y administraba unos 850 millones de dólares de organismos del Estado, entre ellos el Instituto de Previsión Social (IPS). El BCP resolvió la intervención por unanimidad, tras constatar que el índice de solvencia estaba por debajo del 50% del mínimo exigido. El regulador detectó créditos a empresas vinculadas al Grupo Vázquez, dueño del banco, que derivaron en impagos y un deterioro de la liquidez.
La app, las tarjetas y los demás servicios se suspendieron. Los certificados de depósito dejaron de pagarse, con perjuicio para el IPS, el Ministerio de Economía, la Conmebol, casas de bolsa, empresas y fondos de pensión. El Congreso aprobó una ley de emergencia que adelanta, desde el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta 40 salarios mínimos por depositante (unos 19.800 dólares).
Carvallo había encabezado la Financiera Ueno, que después se convirtió en Ueno Bank, antes de asumir en el BCP en 2023, y renunció a raíz del caso. El mayor accionista y uno de los fundadores del banco, Miguel Vázquez, se entregó a la Justicia junto con seis de los principales directivos.
La Fiscalía imputó a 27 personas: ocho directivos y 19 personas vinculadas a empresas investigadas.
La caída de Peña
Peña fue accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025. El Ministerio Público sostiene que el expresidente “habría intervenido” en la colocación, renovación y permanencia de grandes sumas de dinero de entidades públicas y previsionales en el banco.
Está imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, y la Fiscalía calcula un perjuicio de unos 809 millones de dólares. Peña niega los cargos.
El jueves 5 anunció su renuncia en un video, pero el Congreso nunca la votó por falta de quórum, y ese mismo día Diputados aprobó el juicio político con 78 votos.
El viernes 6, el Senado lo destituyó por mal desempeño de funciones, con el voto de los 44 senadores presentes. Si hubiera renunciado, habría pasado a ser senador vitalicio con fueros. La destitución lo dejó sin esa protección.
Desde el sábado está en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción. Lo reemplazó el vicepresidente Pedro Alliana, que completará el mandato hasta el 15 de agosto de 2028.
Con información de EFE y AFP
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