El régimen comunista cubano aprobó en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, buscando salir del pozo en que se encuentra la isla.
En siete días, el actual dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció las medidas, el pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC) las respaldó y una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) las ratificó. Ante la ANPP, Díaz-Canel aseguró el jueves que Cuba “vive las horas más difíciles de este siglo” y que “es tiempo de cambiar todo lo que tiene ser cambiado”.
El plan, al menos en su letra, supone un antes y un después en el sistema económico estatista y centralizado de Cuba, al buscar abrir y descentralizar una economía exhausta y paralizada por factores internos y, en los últimos seis meses, por la política de máxima presión de Estados Unidos.
Es difícil prever las consecuencias de estos movimientos. Algunos analistas apuntan hacia un escenario en línea con las transformaciones de sistemas como el chino y el vietnamita, mientras otros advierten sobre la posibilidad de que la isla se oriente más hacia un régimen económico como el ruso.
Las reformas
El actual paquete son 176 reformas. Muchas se habían propuesto y anunciado en los últimos años, en ocasiones hace más de una década. Otras tratan de afrontar problemas recientes, como la escasez de combustible.
Las medidas van de la entrada en el sector turístico de “nuevos actores” en “nuevas modalidades” al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el papel del sector privado.
Entre las reformas adoptadas destacan la transformación de las empresas estatales en sociedades comerciales “por acciones o de participación”, la autorización de empresas privadas con más de 100 empleados, la participación de capital extranjero en el sector privado y la apertura de cuentas en divisas para particulares.
También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor “autonomía” a empresas estatales y municipios.
Asimismo se busca acabar con las graves distorsiones del sistema monetario (con dos monedas, tres tipos de cambio oficiales y una tasa informal dominante), ajustar el sistema tributario e incluso acabar con los subsidios universales a productos básicos (para ir hacia los subsidios a personas, solo para colectivos vulnerables).
Los cubanos también podrán poseer más de una empresa privada y participar en otras sociedades. Asimismo, se permitirá la negociación salarial dentro de las empresas.
El primer ministro, Manuel Marrero, al defender las iniciativas ante la ANPP, habló de “medidas de impacto estratégico” que en absoluto pervierten el carácter socialista del sistema económico cubano, sino que son “condición para su preservación”.
Éstas, además, no serían las últimas reformas. Díaz-Canel ha puesto en marcha un grupo de expertos -que incluye economistas no oficialistas y críticos- para que planteen nuevas medidas más allá de las ya aprobadas.
Sin embargo, por el momento no se ha anunciado ningún calendario de aplicación, ni tampoco se contempla un cuestionamiento del sistema político dominado por el único partido permitido, el PCC.
“Son transformaciones para rectificar, pero siempre en defensa del socialismo”, declaró Díaz-Canel tras la votación de los diputados.
Las reformas atacan dos realidades acuciantes para el régimen: la dramática situación interna, con un alarmante deterioro económico, energético y social, y las presiones desde enero de Estados Unidos para que Cuba introduzca profundos cambios políticos y económicos.
La Administración de Donald Trump ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y derivados en Cuba desde hace seis meses con un bloqueo petrolero que ha paralizado la economía estatal.
El deterioro de la calidad de vida, progresivo en los últimos seis años y acelerado desde enero, está alentando inusuales protestas ciudadanas en la isla.
Además, Estados Unidos ha provocado una desbandada de empresas internacionales que operaban en Cuba (hoteleras, mineras, navieras, aerolíneas y bancos) con una orden ejecutiva que prevé sanciones para empresas que mantengan vínculos con el Estado cubano o sus compañías.
El régimen quiere a toda costa desvincular las reformas a las presiones de Estados Unidos. “No lo estamos haciendo por las presiones de los yanquis (...) lo estamos haciendo de manera soberana”, insistió Díaz-Canel.
“Son cambios drásticos, no ajustes cosméticos”
¿La reforma aprobada por el régimen cubano un punto de inflexión para el sistema económico cubano? “Se trata de cambios drásticos, no estamos hablando de simples ajustes cosméticos. Los anuncios presentan transformaciones radicales: por ejemplo, ya no habrá solo pequeñas y medianas empresas, sino que será posible crear grandes empresas privadas en Cuba”, explica a AFP el economista cubano Daniel Torralbas, radicado en Londres. “Las personas van a poder ser propietarias de varias empresas a la vez, lo cual va en el sentido de que se concentra la propiedad privada”, indica Daniel Torralbas. Otro “gran giro está en el abandono de la planificación centralizada, ahora reconocida tácitamente como un fracaso o como inoperante en las condiciones actuales de Cuba”, subraya.
Aumento de las protestas ciudadanas
La ONG Cubalex dijo ayer viernes que la agudización extrema de la crisis económica y energética en Cuba provocó en mayo un aumento de las protestas ciudadanas que ha visibilizado el descontento popular.
Cubalex indicó en un comunicado que el descontento popular se manifestó en 106 protestas, alcanzando un pico de 30 en una sola jornada el 13 de mayo tras la caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional.
Señaló que esas protestas adoptaron “formas disruptivas” como cacerolazos, quema de basura y concentraciones frente a sedes gubernamentales. Asimismo denunció que ante ese escenario el régimen cubano dio prioridad a una “respuesta de control y represión en lugar de soluciones institucionales” y para ello utilizó una narrativa de amenaza militar externa que “justificó la militarización interna y la difusión de propaganda belicista en espacios familiares y escolares”.
La ONG indicó que registró 304 eventos represivos y entre los más retirados citó las violaciones contra personas privadas de libertad, amenazas o coacción, operativos policiales, uso de la violencia o acoso, traslados a centros de detención o en establecimientos penitenciarios, negación de atención médica o negligencia, detenciones arbitrarias, cortes selectivos de comunicaciones y citaciones oficiales arbitrarias.
Precisó que se identificaron 221 víctimas directas y entre ellas menciona a los presos políticos Yoan de la Cruz, participante en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021, quien fue revocado a prisión y enfrenta un nuevo proceso; y Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, detenido desde el 16 de marzo pasado tras las protestas reportadas en la ciudad de Morón. EFE
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