Sindicato de la Guardia Republicana y usuarios de armas se movilizarán para pedir la renuncia de Carlos Negro

Varios sindicatos policiales, así como la Asociación para la Defensa de los Derechos de Usuarios Legítimos de Armas de Fuego (Addulaf) se manifestarán el próximo sábado en las afueras del Ministerio del Interior en reclamo de mayor seguridad pública y con el pedido de renuncia del principal jerarca de la cartera, Carlos Negro.

Según explicó a El País el dirigente del sindicato de Unión de Policías de la Guardia Republicana (Unipolgr), Carlos Piedra, la convocatoria es llevada adelante por Addulaf, algunas organizaciones civiles y sindicatos policiales.

"A nosotros nos invitan y apoyamos, somos un sindicato que había pedido la renuncia del ministro", explicó Piedra.

En cuanto a las razones de la convocatoria, el dirigente señaló que son "la inseguridad que vive el país", así como la renuncia de Negro. "Esos son los dos puntos, y se están uniendo algunos sindicatos más como el Sindicato de Policías del Uruguay (Sin.Pol.Ur)", acotó.

Por su parte, Fabián Fernández, vocero de Addulaf, dijo a El País que "el único objetivo" de la movilización es el pedido de la renuncia del ministro Negro. Esta asociación ya se había movilizado a mediados de julio en las afueras del Palacio Legislativo en reclamo por sus “derechos” como “legítimos usuarios”, mientras que el gobierno busca avanzar en una mayor regulación de la comercialización y tenencia de armas.

"Ese es el principal objetivo nuestro, pedirle al hombre que dé un paso al costado, porque la situación del país no da para más", expresó.

Relató que Addulaf "defiende los derechos de usuarios legítimos de armas de fuego" y acotó que en la manifestación en las afueras del Palacio Legislativo solicitaron "ser escuchados".

"Hemos tenido una reunión con algún asesor del ministro, pero él jamás nos recibió. En base a esas situaciones, creemos que el ministro no nos ha dado el trato que creemos que merecemos, tampoco nos hemos sentido escuchados", añadió.

Foto: Archivo El País.

Aseguró que no ven políticas en contra del crimen organizado o el narcotráfico en el país. "Las políticas las vemos contra los que estamos legalizados", consideró.

"En base a que el ministro nunca nos escuchó, nosotros hicimos una nueva convocatoria pero para pedirle la renuncia, si él no se siente capacitado para llevar adelante una política de seguridad estatal, que de un paso al costado y que venga otro que sepa del asunto", sostuvo Fernández.

En cuanto a la movilización, el vocero de Addulaf subrayó que es "apolítica", y que recibirán "muchísima gente".

El pasado 10 de julio, una multitud, conformada por gremios, armerías y cazadores, se congregó afuera del Palacio Legislativo para expresarse en “rechazo a iniciativas perjudiciales para quienes cumplen con la ley”, en referencia particularmente a lo que propone el gobierno de Yamandú Orsi.

El ministro Negro anunció en junio pasado que se presentaría un proyecto de ley y un decreto ejecutivo. Ambos van en la dirección de aumentar penas para el tráfico, la numeración alterada y el porte no autorizado, así como una mayor regulación para las municiones, entre otras disposiciones.

Foto: Ignacio Sánchez.

“Si el objetivo es reducir la violencia y combatir el delito, las acciones deben dirigirse hacia el mercado ilegal de armas, el crimen organizado y los delincuentes, no hacia quienes ya están registrados y sometidos al control del Estado. Las restricciones a los ciudadanos honestos no desarman al delincuente”, sostuvo uno de los voceros en aquella oportunidad.

Incluso, a la manifestación asistieron los senadores blancos Javier García, Sergio Botana y Carlos Camy, así como los diputados colorados Walter Cervini y Carlos Rydström.

Foto: Ignacio Sánchez.

Según los últimos datos del ministerio, hay 617.327 armas de fuego registradas, sin contar las utilizadas por policías y militares, lo que “supone un arma legal cada 5,7 personas”.

De hecho, Uruguay es el país de América del Sur con mayor número de armas por cada 100 mil civiles, con 34,7, casi el doble del segundo en la lista, Venezuela (18,5). No obstante, se estima por parte de expertos y asociaciones que circulan aproximadamente otras 400.000 que no están registradas.