Ojeda recibe a Sanjurjo y analiza mayor regulación de armas; sector de Bordaberry defiende al “ciudadano honesto”

El gobierno de Yamandú Orsi propone una mayor regulación del porte y tráfico de armas, a través de un proyecto de ley y un decreto enfocado en la comercialización de municiones. De este impulso del Ministerio del Interior es parte el jerarca colorado Diego Sanjurjo, director del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), quien este lunes asistió —para brindar información al respecto— al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, en cuyas filas hay posiciones encontradas al respecto.

Por su parte, el senador y secretario general del partido, Andrés Ojeda, indicó a El País que a Sanjurjo se le pidió información sobre la “situación” actual en cuanto al “mercado, sobre todo ilegal, de armas”. Según los últimos datos del ministerio, hay 617.327 armas de fuego registradas, sin contar las utilizadas por policías y militares, lo que “supone un arma legal cada 5,7 personas”.

De hecho, Uruguay es el país de América del Sur con mayor número de armas por cada 100 mil civiles, con 34,7, casi el doble del segundo en la lista, Brasil (18,5). No obstante, se estima por parte de expertos y asociaciones que circulan aproximadamente otras 400.000 que no están registradas.

“Es importante que, si nos vamos a meter en el debate, que nos metamos con toda la información en la mesa, porque siento que es un tema donde a veces las respuestas salen muy percepcionales. La gente responde sobre lo que le parece que es. No podemos tomar decisiones sobre percepciones. En virtud de estos datos estamos tratando de empezar a cortarle el camino a la llegada de armas al narcotráfico y a la violencia desde diferentes lugares”, explicó Ojeda, que aseguró no haber tomado posición aún.

Una multitud de “legítimos usuarios” de armas, conformada por gremios, armerías y cazadores, se manifestó el viernes pasado afuera del Palacio Legislativo para expresarse en “rechazo a iniciativas perjudiciales para quienes cumplen con la ley”, en referencia particularmente a lo que propone el gobierno. Ojeda expresó su “respeto” hacia estos “importantes” grupos y sostuvo que quiere “escuchar antes de tomar cualquier decisión”.

Con respecto al aumento de penas —tal cual lo propone el proyecto de ley para delitos relacionados—, el senador colorado dijo que se verá “caso a caso” y opinó que el Frente Amplio (FA) “tiene un problema enorme de identidad” en este aspecto: “Yo estoy dispuesto a debatir todo. Me alegro de que el FA empiece a abandonar sus convicciones arcaicas”.

Otra postura tienen en Vamos Uruguay (VU), sector liderado por el senador Pedro Bordaberry: varios dirigentes ya se han expresado en contra. Sin ir más lejos, la manifestación del viernes contó con la presencia de los diputados colorados Walter Cervini y Carlos Rydström —ambos de VU— para mostrar su apoyo, además de los senadores blancos Javier García, Sergio Botana y Carlos Camy.

“Estamos acá para apoyarlos, hemos venido trabajando el tema. Hay compañeros del sector que han hecho alguna exposición, se la hemos tratado de compartir para que sepan en dónde estamos parados desde nuestro lugar para acompañarlos. Acá no hay delincuentes, hay gente que hace las cosas bien, con sus pasiones, con su familia, en el deporte. Nos parece a veces increíble que por hacer las cosas bien se tengan que movilizar para que no saquen derechos correctos. Siempre nos van a encontrar al lado de ustedes cuando estas cosas sucedan, cuenten con nosotros”, dijo Cervini a los manifestantes en una breve declaración que hizo.

Nibia Reisch, otra diputada del sector, también se declaró en contra del planteo del gobierno, por entender que “parte de una premisa profundamente fallida”, dijo en una sesión de la Cámara de Representantes la semana pasada.

Según la legisladora, “restringir la tenencia legítima no desarma las bandas ni frena el narcotráfico”, sino que “lo único que logra es quitarle el último recurso de defensa al ciudadano que trabaja, paga sus impuestos y cumple con la ley”.

“Exigirle al ciudadano honesto que renuncie a su defensa mientras las bandas operan con total impunidad con armas ilegales en el mercado negro, es condenarlo a la indefensión absoluta”, agregó.

Carlos Negro, ministro del Interior, se refirió a la propuesta en la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados el pasado 18 de junio: “Lo que queremos regular es el pasaje de las armas del mercado legal al ilegal, porque allí es donde los criminales obtienen la mayor cantidad de armas”.

Allí, dio algunas cifras: el 79% de las armas en Uruguay tiene sus signos de identificación “borrados”. Los del 21% restante están intactos, y la gran mayoría dentro de ellas —más del 90%— provienen del mercado legal.

En cuanto a las municiones, aseguró que se puede “decir lo mismo” porque no tienen “ningún registro”, por lo que “se venden las municiones como se venden caramelos”. El ministro responsabilizó “en parte” a un decreto del gobierno de Luis Lacalle Pou que “eliminó la obligación que tenían los importadores de dar una muestra de lo que importaban a Policía Científica” y que imposibilita “hacer su seguimiento”. El nuevo decreto que prepara el gobierno va en el sentido de “remediar esta situación”, mediante un nuevo marco legal que regule el mercado de municiones.

Por su parte, el proyecto presentado por la bancada del FA amplía la regulación a armas de gas, aire comprimido y electromagnéticas. Establece aumento de penas “ante alteraciones de armas y municiones para aumentar significativamente su letalidad”, para el delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos, entre otros delitos relacionados.