El Parlamento analiza una serie de proyectos de ley sobre regular e incluso prohibir la tenencia de perros “potencialmente peligrosos”. Sin embargo, los legisladores que tratan las iniciativas se inclinan por una mayor regulación de este tipo de razas y a priori descartan la prohibición que propone uno de los textos.
La Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Representantes estudia dos proyectos de regulación —uno presentado por los colorados Felipe Schipani y Elianne Castro, y otro por el frenteamplista Javier Umpiérrez—, que agregan disposiciones a la Ley N° 18.471. Esta norma protege el bienestar animal, pero también establece obligaciones para los dueños, como en su artículo 10.
Por otro lado, un proyecto presentado por Nibia Reisch, diputada del Partido Colorado, aplica de plano la prohibición de la “cría, reproducción, comercialización, transferencia, adopción e importación de perros potencialmente peligrosos”.
En la sesión del pasado martes, se expresaron cuestionamientos a este último, incluso dentro del propio partido y sector. “Voy a hablar por mí, pero creo que toda la Comisión está de acuerdo: no estamos pensando en la prohibición”, aseguró el diputado colorado Walter Verri, según consta en la versión taquigráfica.
Asimismo, el legislador propuso unificar los proyectos de Schipani y Umpiérrez, por entender que tienen características “comunes”. Por ejemplo, ambos incluyen el requerimiento de contar con una licencia o registro especial para la tenencia de los animales, a cargo del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).
“Me parece que podríamos unir los dos textos, dejando la norma vigente y agregando esas cosas, porque los dos quieren lo mismo, con cosas que se complementan y que complementan el artículo 10 vigente, sin tocarlo en su esencia. (...) Creo que se pueden armonizar las dos propuestas en un solo texto legal que recoja el espíritu de los dos legisladores que propusieron las modificaciones a la norma vigente”, manifestó Verri.
En el Frente Amplio (FA), no vieron mal lo dicho por el legislador colorado. El diputado Marcos Presa comentó que su exposición fue “por los caminos que estaban conversados” y dijo estar “totalmente de acuerdo” en unificar los textos. No obstante, pidió un plazo para analizar el eventual proyecto común y “avanzar” al respecto.
Consultado por El País, el director del INBA, Álvaro Buscarons, dijo que hay “necesidad” real de regular la tenencia de perros “por una cuestión de seguridad y salud pública” en base a sus “características físicas”, como “la fuerza de su mandíbula, su peso, la inercia que origina, las lesiones que pueden provocar”.
Sin embargo, aclaró que “el animal, más que potencialmente peligroso por sus características físicas”, puede serlo porque “sus características comportamentales están dadas por la falta de socialización”, ya sea entre otros animales o humanos.
“Entonces, conjuntamente con eso, se deben poner determinadas reglas de juego para la convivencia para tener resguardos, que ya lo marca la normativa actualmente”, agregó.
Con respecto a la prohibición, sostuvo que “está en entredicho”, justamente por “bibliotecas” que ponen mayor o menor foco en la socialización o las características físicas. “Un animal no es malo porque sí, porque sea de tal raza, sino que por ser de tal raza tiene determinada potencia, capacidades de producir daño, pero el determinante es lo comportamental”.
Según Buscarons, la legislación debe contemplar ambos aspectos, así como la “tenencia irresponsable”. En ese sentido, explicó que “un animal de carácter que esté socializado correctamente” puede no generar problemas, pero si “tiene acceso irrestricto a la calle, sin ninguna advertencia, el perro puede provocar alguna lesión a personas extrañas o que no esté acostumbrado a ver por su territorialidad”.
Registro obligatorio y seguro de responsabilidad
El proyecto de Schipani crea un “registro obligatorio de tenedores de perros de razas potencialmente peligrosos”, a cargo del INBA, cuyo incumuplimiento “habilitará la imposición de una multa de 50 unidades reajustables”, lo que al cambio actual se traduce a más de $ 95.000.
Por su lado, la iniciativa de Umpiérrez establece que se “requerirá la previa obtención de una licencia”, también de parte del mencionado organismo, siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos.
Entre ellos, se incluye contar con un “certificado de aptitud psicológica” y la “acreditación de haber obtenido un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales”.
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