Ante mayor regulación de armas con proyectos del gobierno, “legítimos usuarios” reclaman con apoyo de oposición

En un contexto de fuerte preocupación por la seguridad pública, el gobierno quiere avanzar en una mayor regulación de la comercialización y tenencia de armas. Mientras tanto, asociaciones y civiles se han manifestado en reclamo por sus “derechos” como “legítimos usuarios”.

Una multitud, conformada por gremios, armerías y cazadores, se congregó en la tarde de este viernes afuera del Palacio Legislativo para expresarse en “rechazo a iniciativas perjudiciales para quienes cumplen con la ley”, en referencia particularmente a lo que propone el gobierno de Yamandú Orsi.

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció el mes pasado que se presentaría un proyecto de ley —cuyo tratamiento en comisión de Diputados iniciará a fines de julio— y un decreto ejecutivo. Ambos van en la dirección de aumentar penas para el tráfico, la numeración alterada y el porte no autorizado, así como una mayor regulación para las municiones, entre otras disposiciones.

En la manifestación del viernes, los “legítimos usuarios de armas” defendieron su derecho al porte de armas con la ley actual y aseguraron que están “siendo señalados injustamente”.

“Si el objetivo es reducir la violencia y combatir el delito, las acciones deben dirigirse hacia el mercado ilegal de armas, el crimen organizado y los delincuentes, no hacia quienes ya están registrados y sometidos al control del Estado. Las restricciones a los ciudadanos honestos no desarman al delincuente”, sostuvo uno de los voceros.

Incluso, a la manifestación asistieron los senadores blancos Javier García, Sergio Botana y Carlos Camy, así como los diputados colorados Walter Cervini y Carlos Rydström, para mostrar su apoyo. Botana, Camy y Cervini dieron unas palabras y coincidieron en el reclamo de los manifestantes, al mismo tiempo que aseguraron que contemplarán su posición cuando se comience a tratar el proyecto del oficialismo.

El ministro del Interior, se refirió a la normativa propuesta cuando compareció ante la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados el pasado 18 de junio.

“Nuestro principal objeto de desvelo son precisamente las armas en poder de la delincuencia. Nadie pretende dentro de este ministerio un desarme de la población civil que tiene sus armas con los debidos cuidados y los legítimos controles que se exigen”, dijo.

Según los últimos datos del ministerio, hay 617.327 armas de fuego registradas, sin contar las utilizadas por policías y militares, lo que “supone un arma legal cada 5,7 personas”.

De hecho, Uruguay es el país de América del Sur con mayor número de armas por cada 100 mil civiles, con 34,7, casi el doble del segundo en la lista, Brasil (18,5). No obstante, se estima por parte de expertos y asociaciones que circulan aproximadamente otras 400.000 que no están registradas.

Foto: Ignacio Sánchez.

“Lo que queremos regular es el pasaje de las armas del mercado legal al ilegal, porque allí es donde los criminales obtienen la mayor cantidad de armas”, aseguró Negro frente a diputados de todos los partidos cuando fue a presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública al Parlamento.

Allí, dio algunas cifras: el 79% de las armas en Uruguay tiene sus signos de identificación “borrados”. Los del 21% restante están intactos, y la gran mayoría dentro de ellas —más del 90%— provienen del mercado legal.

En cuanto a las municiones, aseguró que se puede “decir lo mismo” porque no tienen “ningún registro”, por lo que “se venden las municiones como se venden caramelos”. El ministro responsabilizó “en parte” a un decreto del gobierno de Luis Lacalle Pou que “eliminó la obligación que tenían los importadores de dar una muestra de lo que importaban a Policía Científica” y que imposibilita “hacer su seguimiento”.

El nuevo decreto que prepara el gobierno va en el sentido de “remediar esta situación”, mediante un nuevo marco legal que regule el mercado de municiones.

Por su parte, el proyecto presentado por la bancada del Frente Amplio (FA) amplía la regulación a armas de gas, aire comprimido y electromagnéticas. Establece aumento de penas “ante alteraciones de armas y municiones para aumentar significativamente su letalidad”, para el delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos, entre otros delitos relacionados.

A principios de julio, el Senado aprobó unánimemente un proyecto del senador blanco Camy, que establece una prórroga del plazo para la regularización de armas de fuego, lo cual ya ha ocurrido varias veces.

Según dijeron desde Anapa a El País, estas prórrogas son necesarias porque “todavía hay muchas personas con armas sin regularizar”, por ejemplo aquellas que son heredadas de parte de familiares.

Si bien contó con el apoyo de todos los integrantes, desde el FA plantearon matices al respecto, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País. La senadora Blanca Rodríguez aseguró que, “para no seguir en esta dinámica de prórrogas, sería bueno dar prioridad en la comisión al tratamiento de los proyectos que abarcan este tema”.

Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, estuvo de acuerdo y propuso estudiarlos en la siguiente sesión. Más allá del proyecto de Diputados, la comisión tiene otras iniciativas pendientes —algunos del período anterior— sobre armas: uno del FA, uno del propio Camy y otro del nacionalista Sebastián Da Silva.