Tras aumento de homicidios, gobierno busca marcar agenda con la seguridad en el plano local e internacional

Que la seguridad es el principal problema de preocupación para los uruguayos no secreto ni noticia para el gobierno de Yamandú Orsi, que además de buscar la forma de atender esa demanda también debe atender otras —fundamentalmente las económicas, las que pertenecen a la segunda categoría que inquieta a la ciudadanía, siempre según las encuestas—, que contribuyen a generar, como se sabe, un clima general de desaprobación de esta cuarta administración del Frente Amplio —y que todavía se encuentra en aumento.

Como reacción general, Orsi ha tratado de ser proactivo e imponer su propia agenda: además de divulgar en X noticias de gestión, este jueves publicó un video de poco más de tres minutos defendiendo el aumento de gasto para engrosar —y unificar— las transferencias sociales, sobre todo las enfocadas en la primera infancia, y defender a su vez la evolución de algunos indicadores de la economía, como el "nivel más alto de los últimos 50 años" del salario real, el crecimiento de las jubilaciones y la baja del desempleo.

Pero también ha cobrado centralidad la seguridad pública como temática, con la polémica —a la interna de la propia izquierda, e incluso del Poder Ejecutivo— decisión de utilizar vehículos blindados del Ejército para patrullar determinados barrios como el ejemplo más claro de la reorientación de la política policial —a la que ahora, además, y sumando varios rubros, se reasignarán US$ 29,5 millones.

Esto se da, como lo reconoció el propio ministro del Interior en su última comparecencia en el Parlamento, en un contexto de aumento de los asesinatos, alarma ya encendida en filas de la oposición. "En materia de homicidios y heridos de arma de fuego va a haber una leve suba con respecto al año anterior", dijo Carlos Negro el pasado 18 de junio, tras dar su informe ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados, y pese a asegurar luego que en lo que respecta al "total de los delitos, la tendencia va a seguir siendo a la baja".

"Me comprometí y estamos cumpliendo: en seguridad sumamos 300 cargos policiales nuevos y fortalecemos el sistema penitenciario —subrayó Orsi este jueves, en su video—. Sé que muchas de estas cosas todavía no se sienten o no se ven, pero no podemos caer en el error de callarnos las buenas noticias porque todavía no son suficientes.

Ahora bien, este énfasis político también ha tenido un correlato discursivo en al menos tres reciente posicionamientos internacionales del gobierno. "Queremos proyectar esta preocupación al nivel regional", dijo a El País, en esta línea, una fuente del Poder Ejecutiv.

Este esfuerzo se trasladó, por ejemplo, en la última Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se hizo en la ciudad de Panamá este 22 de junio, en la que el canciller Mario Lubetkin manifestó la inquietud del gobierno no solo en el crecimiento de la delincuencia internacional, sino también en la necesidad de articular acciones entre los países del continente.

"El crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el lavado de activos, los delitos cibernéticos y otras expresiones de la criminalidad organizada —dijo allí el ministro de Relaciones Exteriores— constituyen amenazas directas para la seguridad de nuestros ciudadanos, la estabilidad institucional y la gobernabilidad democrática".

Fue a continuación que agregó que Uruguay consideraba "indispensable fortalecer la cooperación hemisférica, el intercambio de información, la asistencia jurídica mutua y los mecanismos regionales de coordinación".

El propio Orsi usó términos muy similares durante su discurso en la cumbre del Mercosur de este martes en Asunción, donde habló de fortalecer "la coordinación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional" a través de una "mayor integración" en el intercambio de información entre los socios del bloque.

La intención de Orsi y Lubetkin de "empujar" en la región la temática de la seguridad pública como eje de gestión articulado —señaló la fuente consultada—, volvió a cristalizarse horas después esta semana, en el encuentro que tuvo el presidente uruguayo con el recién asumido mandatario de Chile, José Antonio Kast, a quien recibió este miércoles en la residencia de Suárez y Reyes.

Tras ese primer mano a mano con un hombre que ganó con una campaña enfocada justamente en el avance de la delincuencia —y con un signo político opuesto el de Orsi—, los presidentes suscribieron una declaración cuyo "punto 6" es esencialmente destacado puertas adentro del gobierno.

Allí se declara que Orsi y Kast "resaltaron que la Delincuencia Organizada Transnacional representa una seria amenaza para la gobernanza, el bienestar y la estabilidad para las sociedades en América Latina, cuya expansión afecta gravemente la seguridad de las personas, debilita las instituciones, compromete el desarrollo humano y erosiona la calidad de la democracia".

Y que, "en este contexto", se debe destacar "la importancia del Compromiso Regional de Santiago", una iniciativa que lidera el presidente chileno, y a la que ya se sumaron Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia, y en estos días también Paraguay, y que tiene como principal objeto, justamente, coordinar esfuerzos en la investigación del crimen organizado y el combate a la delincuencia.

La declaración de Uruguay y Chile define a esta alianza como "un espacio oportuno" para alcanzar esa meta; como un ámbito para que la cooperación regional sea "eficaz" y "orientada a enfrentar de manera conjunta este fenómeno, aunando esfuerzos y generando sinergias con los mecanismos existentes en el ámbito del Mercosur y Estados Asociados".

El gobierno de Orsi se terminará de sumar próximamente, porque además es conocedor de que "no hay presidente" que no hable de seguridad, asunto sobre el cual Orsi suele dialogar en todo encuentro bilateral, y que estuvo "intensamente" arriba de la mesa en la reunión con Kast, dijo un allegado del presidente uruguayo.