MSP estima récord de juicios de amparo por medicamentos de alto costo: más de 2.600 acciones en 2026

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló días atrás en el Parlamento que prevén una cifra récord de acciones de amparo en 2026 para acceder a medicamentos de alto costo, según la proyección de la demanda acumulada hasta la mitad del año.

Durante la visita del Ministerio de Salud Pública (MSP) a la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda del Senado, por la Rendición de Cuentas, la cartera compartió una gráfica con la evolución de los amparos del 2018 a la fecha, a la que accedió El País.

El acceso por la vía judicial de costosos tratamientos médicos, que no están incluidos en la canasta que deben brindar los prestadores, ni tampoco en el catálogo del Fondo Nacional de Recursos (FNR), ha tenido un vertiginoso aumento, que está lejos de detenerse.

De acuerdo a datos del MSP, en 2018 hubo 331 acciones de amparo, en 2019 fueron 634, en 2020 subieron a 751 y en 2021 llegaron a ser 956. Mientras que en 2022 escalaron a 1.445 los amparos, en 2023 fueron 1.609, en 2024 llegaron a 2.032 y en 2025 sumaron 2.219.

Hasta el 1° de julio de 2026, hubo 1.328 acciones de amparo. “Si se mantiene este ritmo en el segundo semestre, terminaremos el 2026 con más de 2.600 amparos”, dijo Lustemberg ante los legisladores.

“Esta es una de las prioridades que nosotros tenemos en la gestión”, marcó la ministra de Salud Pública, en relación a un asunto que, remarcó, están “trabajando” junto al FNR y al Ministerio de Economía y Finanzas (ver aparte).

El incremento sucesivo de amparos, al que deben acudir los pacientes para acceder a suntuosos fármacos, conlleva una inyección creciente del Estado para asumir las condenas, que suelen fallar contra el MSP y/o el FNR, y el Banco de Previsión Social (BPS).

Foto: Freepik.

En 2025, el MSP le transfirió al FNR US$ 142 millones para comprar medicamentos de alto costo por amparos, dijo la ministra. La cifra engloba condenas de 2025, como de años anteriores, porque los tratamientos se brindan de por vida.

El senador colorado Pedro Bordaberry planteó en comisión activar las licencias obligatorias, según la Ley 17.164 (Ley de Patentes), para bajar “entre un 70% u 80%” el precio de los medicamentos. “Desde la abogacía y desde los laboratorios se están haciendo la América a costa del presupuesto de la salud uruguaya”, lanzó.

“Por un lado, estamos destinando US$ 30 millones a la pobreza infantil como gran cosa y, por otro, se destinan US$ 150 millones a estas cuestiones que, me parece, no deberíamos tolerar”, enfatizó Bordaberry.

“Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”, indica el artículo 44 de la Constitución, sobre el que se sostienen los amparos.

La demanda creciente por tratamientos que cuestan miles de dólares por mes, sumado a una erogación estatal mayor para cumplir condenas, tensiona un sistema de salud que requirió en 2025 un aporte extra de Rentas Generales de casi US$ 1.000 millones para que no caiga el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), corazón del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

“De no encontrar alguna solución, el sistema de salud puede colapsar financieramente”, alertó Lustemberg en mayo, en el Senado.

“Todos los ministros que han pasado desde que empezó el tema han vaticinado el quiebre del sistema, y nada de eso ocurrió”, dijo a El País el abogado y docente Juan Ceretta, uno de los principales impulsores de amparos desde hace una década. Ceretta señaló que es “esperable” el aumento de los amparos porque la ciencia avanza a una velocidad “diferente” al proceso de incorporación de prestaciones, y porque “ha mejorado” el acceso a la Justicia.

Desde su óptica, la política de incorporación de fármacos de alto costo del gobierno es “similar” a los anteriores. No obstante, consideró “positiva” la convocatoria del MSP a los actores vinculados, a mediados de julio. “Por primera vez, nos escucharon a todos”, resaltó.

En relación al gasto en amparos, Ceretta dijo que es un número “insignificante” en el Presupuesto Nacional, y que a largo plazo es “imposible” que genere efectos macro económicos “relevantes”, por la baja natalidad, en una población de tres millones.

“¿Si perdés el 99% de los juicios, no tendrías que cambiar algo a la interna, o es siempre un problema de los que hacen juicio o el Poder Judicial?”, cuestionó.

Ceretta agregó que la situación actual se cambia “poniendo más plata, e incluyendo más tratamientos”. Lo cual, a su vez, bajaría “drásticamente” los amparos, entre quienes pueden pagar un abogado, que cuesta unos US$ 1.000, en adelante.

“¿Por qué no hablamos del máximo gasto que tiene el FNR por año, que no son los medicamentos de alto costo, sino los actos médicos?”, deslizó el abogado, que planteó discutir la “renegociación” del valor del acto médico, en particular de los anestésicos quirúrgicos.

Pero detrás de litigios y millones de dólares en juego, hay personas que buscan una solución. El País habló con pacientes que acudieron a amparos, patrocinados por Facundo Briz.

Silvana Maciel tiene 40 años y le detectaron hace unos meses un cáncer de mama triple negativo, un subtipo agresivo. Le encomendaron quimioterapia, una operación e inmunoterapia, no cubierta por el sistema, de alto costo, para el que accedió por un amparo.

“Fue un palito más en la rueda”, dijo Silvana, sobre el diagnóstico de cáncer, sumado al “estrés extra” de esperar por el amparo. “Es un trámite que no sé para qué está, porque en definitiva te lo dan”, agregó.

Agustina Balbi tiene 47 años y le diagnosticaron este año un tumor en la hipofaringe. Contaba con un seguro de medicina internacional, por lo que se trató en San Pablo, donde le realizaron quimioterapia, radioterapia, e inmunoterapia. Esto último no lo tenía cubierto, por lo que acudió a una colecta primero.

Luego debió ir por un amparo, con el que logró acceder al tratamiento mediante un copago, una modalidad poco habitual. “Es justo que para las personas que no pueden pagar se lo den totalmente gratis, y para quienes pueden aportar con algo, sí lo hagamos. Me parece muy justo este intermedio”, valoró Agustina.

Eduardo Nicora tiene 79 años y hace seis lo operaron por un cáncer de colon. En controles posteriores le detectaron nódulos en el hígado y pulmones, por lo que retomó la quimioterapia. Inició dos amparos, que ganó, por dos tratamientos diferentes en el último año. “Estoy muy conforme. Yo me siento bien. Lo importante es eso, ¿no?”, destacó Eduardo.