Luego de que saliera a la luz la red de abogados y funcionarios públicos que intercambiaban información sobre siniestros de tránsito para captar clientes, el Colegio de Abogados de Uruguay emitió este lunes un comunicado en el que señalaron que la abogacía es "un servicio hacia las personas" y reprocharon la conducta de los letrados que fueron condenados.
Desde la asociación subrayan que quien "abraza" la profesión asume la obligación de actuar con "probidad, lealtad e independencia". En ese sentido, resaltan el "irrenunciable compromiso hacia quien consulta, en defensa de los intereses del cliente y respeto absoluto al ordenamiento jurídico".
Por otro lado, aseguran que el "debate ético" referido al comportamiento de los abogados "debe ser independiente del alcance de la Justicia Penal". Sostienen que en ese ámbito deben preservarse "las garantías y los derechos de los indagados", así como "el debido proceso y la medida cautelar de reserva de la indagatoria".
Paralelamente, citan un artículo del Código de Ética del Colegio de Abogados que es crítico con la conducta de dirigirse, aún mediante terceros a "víctimas de accidentes o catástrofes que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse en ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva, o a sus herederos o causahabientes".
"La ética no es un complemento del ejercicio profesional: es su esencia misma. Por ello éstas prácticas reconocidas por sentencia firma son incompatibles e inaceptables con el ejercicios de la abogacía", añade el comunicado.
Finalmente, el Colegio de Abogados resalta a los profesionales del derecho de que "todos los días, de manera silenciosa, honran estos principios en la defensa de los derechos de sus clientes". "Reivindicamos a esos abogados y abogadas que dignifican la abogacía nacional y que día a día en su apasionada defensa enaltecen los valores y principios de la profesión", concluye el comunicado.
Cómo operaba la red de funcionarios y abogados que lucraba con datos de siniestros de tránsito
El pasado jueves, la Fiscalía Departamental de Toledo logró diez condenas y dos imputaciones en el marco de esta trama que vincula a abogados y funcionarios públicos.
La Fiscalía General de la Nación informó en un comunicado que la investigación "permitió desarticular una red que accedía a información vinculada a personas que habían sufrido accidentes de tránsito y la proporcionaban a abogados interesados en captar a esas personas como potenciales clientes para su representación en reclamos y procesos judiciales".
Entre los funcionarios públicos involucrados hay policías, inspectores de tránsito y personal de la salud, "quienes utilizaban la información a la que accedían en razón de sus funciones para favorecer la captación de víctimas", y esa información se la proporcionaban a los abogados que intentaban captar clientes para su defensa.
"Diez de las personas involucradas fueron condenadas como autores y coautores de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado especialmente agravados y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravados", explicó Fiscalía, que añadió que "dos de los condenados fueron además responsabilizados, en calidad de coautores, por un delito de acceso ilícito a datos informáticos". Uno de los involucrados también fue condenado como autor de un delito de amenazas.
En las condenas figuran penas de entre dos y tres años y tres meses de penitenciaría, además de multas de entre 50 y 200 unidades reajustables, es decir, entre unos $ 96.000 y $ 385.000. Los condenados que son funcionarios públicos además quedarán inhabilitados para ejercer sus cargos.
Otras dos personas aún no fueron condenadas pero sí imputadas, y una de ellas incluso marchó a la cárcel de manera preventiva por seis meses, mientras avanza la investigación; la otra deberá cumplir prisión domiciliaria a la espera de más novedades.
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