"Esquema piramidal de captación": abogado explicó cómo era la trama de funcionarios y abogados con siniestros

En las últimas horas se conocieron más detalles sobre cómo era la red de abogados y funcionarios públicos que intercambiaban información sobre siniestros de tránsito para captar potenciales clientes para su representación en juicios, luego de que diez personas fueran condenadas y otras dos imputadas en el marco de una investigación.

La Fiscalía General de la Nación ya había informado en un comunicado que la investigación "permitió desarticular una red" de funcionarios públicos que accedían a información vinculada a personas que habían sufrido accidentes de tránsito y "la proporcionaban a abogados interesados en captar a esas personas como potenciales clientes".

Entre los funcionarios públicos involucrados hay policías, inspectores de tránsito y personal de la salud, "quienes utilizaban la información a la que accedían en razón de sus funciones para favorecer la captación de víctimas", y esa información se la proporcionaban a los abogados que intentaban captar clientes para su defensa.

El abogado Joaquín Abal, representante legal de dos de los condenados, contó este viernes en Informativo Sarandí (AM 690) que sus clientes "estaban manifiestamente identificados en la investigación" y que Fiscalía "tenía un caudal de evidencia sumamente importante" contra ellos, pese a lo cual lograron un acuerdo de proceso abreviado que les permitió reducir la pena en comparación a la que se les hubiera otorgado en un eventual juicio. Esto a cambio de reconocer su responsabilidad en el caso, lo que da por finalizada la investigación respecto de sus casos.

La trama consistía en "un esquema piramidal de captación" de clientes que sufrieron siniestros de tránsito para eventualmente quedarse con un "elevadísimo porcentaje" de lo que a esas personas les correspondía por el cobro de la póliza que establece el seguro obligatorio de automotores (SOA).

"Esto funciona con un promotor en la cúspide; en el medio de la pirámide tenemos al brazo ejecutor que son los gestores; y en la base quienes acceden a la información privilegiada, los informantes, funcionarios públicos de diferentes entidades, policías, choferes de ambulancias, enfermeros, inspectores de tránsito, que accedían a la información a través del acceso al sistema de gestión de seguridad pública y la elevaban a los gestores que se encargaban de colocar los casos", expresó.

El abogado informó que la causa llegó a Fiscalía porque empezaron las "denuncias cruzadas" entre los "cabecillas" de las pirámides, quienes tenían "problemas entre ellos por la captación" de clientes, es decir, por cómo se distribuían los casos.

A partir de allí se empezó a investigar esta maniobra que era ilícita desde el momento en que se les pagaba a funcionarios públicos para que divulgaran información a la que se accede a través de un sistema que es cerrado, lo que permite captar clientes.

Así se llegaba a personas que estaban en una "situación extremadamente vulnerable" tras haber perdido a un ser querido o en medio de una internación en un hospital. Abal agregó que la Fiscalía logró demostrar que algunos involucrados hacían de esta maniobra un "medio de vida".

"Diez de las personas involucradas fueron condenadas como autores y coautores de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado especialmente agravados y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravados", explicó Fiscalía, que añadió que "dos de los condenados fueron además responsabilizados, en calidad de coautores, por un delito de acceso ilícito a datos informáticos". Uno de los involucrados también fue condenado como autor de un delito de amenazas.

En las condenas figuran penas de entre dos y tres años y tres meses de penitenciaría, además de multas de entre 50 y 200 unidades reajustables, es decir, entre unos $ 96.000 y $ 385.000. Los condenados que son funcionarios públicos además quedarán inhabilitados para ejercer sus cargos.

Otras dos personas aún no fueron condenadas pero sí imputadas, y una de ellas incluso marchó a la cárcel de manera preventiva por seis meses, mientras avanza la investigación; la otra deberá cumplir prisión domiciliaria a la espera de más novedades.