Femicidio de Valentina Cancela: el comunicado de la FCEA y cuál es la situación del condenado

La comunidad educativa atraviesa momentos de conmoción por el intento de femicidio registrado en la Facultad de Medicina, donde un alumno apuñaló a una compañera, ambos de 19 años. En este contexto surgieron, a modo de denuncia pública, una serie de publicaciones en redes sociales acerca de la participación del femicida de Valentina Cancela, asesinada en 2023 en Maldonado, en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), motivo por el que la institución emitió un comunicado.

Valentina Cancela y el femicida tenían 17 años cuando ocurrió el crimen en Punta del Este en 2023. El joven fue condenado a 10 años de privación de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), la pena máxima que permiten las normas para los menores de edad.

Por eso llamó la atención que el joven figurara en listas de materias de la facultad. Ante las versiones de que el femicida había recuperado en parte su libertad pese a haber sido condenado a diez años de reclusión, El País consultó a fuentes judiciales y del Inisa que negaron esta versión.

El joven actualmente se encuentra recluido en un centro del Inisa en Montevideo, aunque ha obtenido permisos circunstanciales para salir, como uno para asistir a una consulta médica en julio de este año. Otras fuentes consultadas indicaron que, además, los privados de libertad suelen tener oportunidades de estudio incluso con instituciones terciarias.

Foto: Ricardo Figueredo

El comunicado de la FCEA, firmada por la decana Danny Freira, indica que se han recibido "numerosas consultas" sobre la presencia del joven en la facultad y que por eso se quería dar una "respuesta clara y responsable, distinguiendo aquella información que la Facultad puede comunicar de aquella que, por razones de confidencialidad, protección de las personas involucradas y respeto de los procedimientos institucionales, debe mantenerse bajo reserva".

Sin referirse al femicida en particular, la FCEA aclaró que es "competencia exclusiva del Poder Judicial" resolver la forma en que una persona privada de libertad accede a las instancias educativas, es decir, si lo hace a través de la virtualidad o de manera presencial, o si le permite ir a una institución únicamente a rendir pruebas y exámenes.

"En este sentido, nos corresponde como servicio universitario cumplir con los aspectos previstos judicialmente: si eso significa permitir que una persona privada de libertad ingrese a una prueba acompañada por quien la ley dispone, así lo hacemos", detalló la institución.

"Somos conscientes de que esta situación puede generar incomodidad, miedo e inseguridad en otras personas de nuestra comunidad, y eso no lo minimizamos", indicó la FCEA, que luego añadió: "Por eso contamos con mecanismos institucionales para acompañar a quienes se sientan afectadas, y seguimos analizando qué medidas adicionales están dentro de nuestras competencias para dar respuesta a esta situación concreta".

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Por otro lado, la institución reafirmó que "el acceso a la educación constituye un derecho que la Universidad garantiza también a las personas privadas de libertad, en consonancia con los principios de inclusión y reinserción social".

"Este compromiso no se contrapone con la responsabilidad institucional de promover condiciones de cuidado y convivencia adecuadas para toda la comunidad universitaria. Ambos principios deben ser garantizados de manera simultánea, mediante respuestas institucionales que permitan atender situaciones complejas sin afectar derechos ni profundizar situaciones de vulnerabilidad", añade el escrito.

Por este motivo la FCEA indicó que está "analizando la situación y considerando todas aquellas medidas que, dentro del marco de las respectivas competencias institucionales, puedan contribuir a su adecuado abordaje y al cuidado de las personas involucradas".