Cómo operaba la red de funcionarios públicos y abogados que lucraba con datos de siniestros de tránsito

El esquema investigado por la Fiscalía de Toledo involucraba a policías, inspectores de tránsito y personal de la salud para que abogados captaran clientes.

Dispositivo de la Policía Científica tras un siniestro de tránsito fatal en la Aguada.
Dispositivo de la Policía Científica tras un siniestro de tránsito fatal en la Aguada.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La Fiscalía Departamental de Toledo logró diez condenas y dos imputaciones en el marco de una trama que vincula a abogados y funcionarios públicos que intercambiaban información sobre siniestros de tránsito para captar potenciales clientes para su representación en juicios.

La Fiscalía General de la Nación informó en un comunicado que la investigación "permitió desarticular una red que accedía a información vinculada a personas que habían sufrido accidentes de tránsito y la proporcionaban a abogados interesados en captar a esas personas como potenciales clientes para su representación en reclamos y procesos judiciales".

Entre los funcionarios públicos involucrados hay policías, inspectores de tránsito y personal de la salud, "quienes utilizaban la información a la que accedían en razón de sus funciones para favorecer la captación de víctimas", y esa información se la proporcionaban a los abogados que intentaban captar clientes para su defensa.

Siniestro de tránsito en el kilómetro 310 de la ruta 8.
Siniestro de tránsito en el kilómetro 310 de la ruta 8.
Foto: Policía Caminera

"Diez de las personas involucradas fueron condenadas como autores y coautores de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado especialmente agravados y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravados", explicó Fiscalía, que añadió que "dos de los condenados fueron además responsabilizados, en calidad de coautores, por un delito de acceso ilícito a datos informáticos". Uno de los involucrados también fue condenado como autor de un delito de amenazas.

En las condenas figuran penas de entre dos y tres años y tres meses de penitenciaría, además de multas de entre 50 y 200 unidades reajustables, es decir, entre unos $ 96.000 y $ 385.000. Los condenados que son funcionarios públicos además quedarán inhabilitados para ejercer sus cargos.

Otras dos personas aún no fueron condenadas pero sí imputadas, y una de ellas incluso marchó a la cárcel de manera preventiva por seis meses, mientras avanza la investigación; la otra deberá cumplir prisión domiciliaria a la espera de más novedades.

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