Profundizan investigación en dinero del narcotráfico mientras edil blanco admite “errores” y descarta renuncia

En del Partido Nacional esperan que la comisión de ética pueda recibir al edil blanco de Montevideo Gonzalo Gómez, antes del próximo lunes, cuando vuelva a sesionar el directorio. Esta citación, como es notorio, se da ya que uno de sus asesores en la Junta Departamental, Pablo Leiva, fuera condenado por lavado de activos. Más allá del proceso interno que realiza el partido, después de mantenerse en silencio durante varios días —salvo un comunicado—, el curul nacionalista dio ayer una conferencia en la que aseguró que el procesado no tenía ninguna tarea asignada pese a estar contratado por él y, además, que entiende que “no hay mérito” para renunciar.

Lo que inició con una condena a un asesor de un edil por lavado de activos rápidamente escaló a acusaciones sobre una posible vinculación con un local de cobranzas que tiene la esposa del fundador de la lista 250 y director en la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, Jorge Gandini. El líder del sector Por la Patria aseguró la semana pasada que no tiene nada para “ocultar” y explicó que Leiva —a quien no conocía, dijo— pagaba facturas del Banco de Previsión Social y de la Dirección General Impositiva de dos empresas constructoras.

El caso, además, hizo que al Partido Nacional le llovieran críticas desde el Frente Amplio en los últimos días. A las que sumó ayer una declaración Secretario Ejecutivo, la segunda sobre este tema. El organismo frentista, allí, señaló que los "vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas" y pidió a las autoridades nacionalistas "una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos que tienen vinculación" con Gómez.

Los demás partidos de la oposición se mantienen en silencio.

En el plano de la Justicia, más allá de la condena a Leiva, Fiscalía siguió indagando las posibles derivaciones de la causa inicial en estos últimos días. Finalmente, ayer el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió abrir una investigación a partir de la información surgida. Fuentes del caso confirmaron a El País que el representante del ministerio público tomó la decisión luego de recibir elementos sobre los movimientos de dinero vinculados al condenado.

La resolución se adoptó después de que el fiscal mantuviera ayer una reunión con efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, según informó La Diaria y confirmó El País. En esa instancia le transmitieron información sobre el circuito utilizado para mover dinero proveniente del narcotráfico. La investigación apuntará ahora a profundizar el recorrido de esos fondos y las operaciones realizadas a través de casas de cambio y locales de cobranza.

Entre los puntos que quedaron bajo la lupa está el local de cobranzas propiedad de la esposa de Gandini. El Partido Nacional no se ha pronunciado sobre la vinculación del caso con Gandini. Sin embargo, sí lo ha hecho con lo que involucra al edil Gómez, a quien recibió el sábado el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el domingo la comisión de asuntos políticos.

Tras ese fin de semana de reuniones —después de volver de un viaje a China—, Gómez dio una conferencia en el segundo piso de la Junta Departamental de Montevideo.

Allí explicó que contrató a Pablo Leiva por recomendación de otro de sus asesores, Lucio Leiva. Padre e hijo. El primero, condenado. El segundo, con un “vínculo personal y de confianza” con el edil, aseguró. En una primera instancia, defendió el vínculo laboral, pero después lo despidió de su rol de asesor en la Junta Departamental. Su trabajo era manejarle las redes sociales.

Pablo Leiva no tenía tareas asignadas, aunque cobraba un sueldo de $ 52.000 nominales, que son alrededor de unos $ 42.000 líquidos. Esto se desprende de las declaraciones que dio Gómez, en las que quiso aclarar que no era su asesor —pese a que ese es el cargo formal— sino que quería que lo “ayudara al despliegue con la tarea de representación”. Pero ese trabajo no se llevó adelante porque desde marzo, cuando volvieron del receso en la Junta, y “hasta hace muy pocas semanas” —indicó— se enfocó en las “tareas legislativas y de contralor de la intendencia”. En tanto, los planteos de la ciudadanía estuvieron canalizados vía WhatsApp.

Al mismo tiempo, afirmó que las “pocas comunicaciones” que tuvo con Pablo Leiva fueron a través de Lucio Leiva, de quien cree que de “buena fe” recomendó a su padre. Y que desconocía “totalmente las actividades ilícitas” que llevaba adelante.

Gómez asumió el “error” de no haberle asignado tareas. También asumió el “error de haber contratado a esta persona a través de la confianza” que depositó en Lucio Leiva. Y el “error” de “no ser precavido a la hora de la contratación” porque “debería haber tenido más recaudos”. Pero entiende que “errores tenemos todos”.

“Tengo 27 años, es la primera vez que estoy ejerciendo este cargo. Cometí este error de gravedad de no haber sido precavido, pero uno no está en la casa de las personas. No puedo saber lo que hacía en su actividad y no me puedo hacer responsable por eso”, indicó. Y continuó, reafirmándose en su banca: “Le tengo mucho para dar a Montevideo. Se lo he estado dando hasta el día de hoy y pretendo seguir realizando mi tarea con los mismos compromisos”.

En los últimos días volvió a la discusión pública las partidas que reciben los ediles y los sueldos de los funcionarios que pueden contratar. En ese sentido, Gómez aseguró que ninguno de los cinco asesores que tiene hace “transferencias ni aportes” a él o su agrupación. Asimismo, lamentó que la labor de los ediles sea honoraria porque cumplen un rol “muy importante para el sistema departamental” dado que manejan y controlan los recursos de los montevideanos. A su entender, es un “debate que deberá darse el sistema político y la ciudadanía”.