Declaraciones juradas de intendentes: cómo cambiaron sus patrimonios desde que fueron candidatos en las elecciones

Cuando llegan las elecciones, todo candidato debe presentar la declaración jurada de su patrimonio ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Los intendentes no son la excepción y todos quienes aspiraron al cargo en los 19 departamentos debieron acatar. En las últimas semanas el organismo publicó varias declaraciones de los jefes departamentales luego de haber asumido el 10 de julio, y muchos presentaron notorios cambios en su estado patrimonial (es preciso señalar que en muchos casos esto no se debe a su actividad, sino a herencias u otros ingresos que tiene que ver con la vida privada). En muchos casos aumentaron, mientras que en otros no hubo mayores alteraciones y unos pocos descendieron.

Proporcionalmente, el caso más llamativo es el de Felipe Algorta (Durazno), quien casi duplicó su patrimonio, pasando de $ 13.950.140 a $ 22.945.784. El mayor cambio fue que declaró un inmueble más que antes: de cuatro con un valor neto de $ 30.923.140, a cinco con uno de $ 37.520.000.

También indicó tener depósitos bancarios de $ 2 millones, mientras que meses atrás registró tener $ 1 millón en efectivo y ninguna cuenta bancaria. Mientras tanto, sus pasivos se mantuvieron entre los $ 17 y 19 millones. Además, declaró un sueldo como intendente de $ 275.000 (varían según el departamento, pues son fijados por cada una de las 19 juntas legislativas).

Otro que aumentó su patrimonio fue el rochense Alejo Umpiérrez, que pasó de $ 89.026.700 a $ 100.307.000. Aquí la razón fue una suba de sus activos, acompañada de una leve suba de sus pasivos. El intendente pasó de tener depósitos bancarios por $ 395.000, nueve inmuebles por $ 78.905.000 y un vehículo por $ 2.580.000, a registrar depósitos por $ 1.361.040, ocho inmuebles por $ 85.560.000 y dos vehículos por $ 5.358.000.

Christian Morel (Cerro Largo) pasó de un patrimonio de $ 5.484.000 a uno de $ 7.968.569. Esto ocurrió a causa de que subió el valor de sus activos, pues en ningún caso señaló tener pasivos. De depósitos bancarios por $ 1.200.000, pasó a $ 2.342.669; de dos inmuebles por $ 3.360.000, pasó a $ 4.389.000; también tuvo una suba del valor de sus vehículos de cerca de $ 300.000. Declaró un sueldo como intendente de $ 229.070.

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, también registró un aumento patrimonial: de $ 18.719.407 a $ 22.565.541. Esta diferencia, teniendo en cuenta que tampoco indicó pasivos, se explica casi completamente por la suba en sus depósitos bancarios, que pasaron de $ 9.580.507 a $ 13.402.896. Además, declaró un sueldo de $ 562.100.

Miguel Abella (Maldonado) es un caso similar. Indicó tener un patrimonio de $ 25.529.375, superior a la cifra anterior de $ 19.729.146. Sus pasivos se mantuvieron casi idénticos, pero pasó de tener depósitos bancarios por $ 4.653.652 y $ 475.000 en efectivo a $ 6.416.916 en sus cuentas. A su vez, uno de sus tres inmuebles casi duplicó su valor, llegando a $ 7.680.000. Declaró un sueldo de $ 464.899.

Los casos anteriores fueron los que demostraron mayor incremento patrimonial. Del resto, varios no tuvieron variaciones significativas (ni al alza ni a la baja), mientras que hubo un caso que registró un notorio descenso.

Este último refiere a la intendenta de San José, Ana Bentaberri. Previo a las elecciones municipales, declaró un patrimonio de $ 6.012.354, que a los meses actualizó a $ 3.813.978. El principal factor fue que sus depósitos —que eran de $ 870.841— se redujeron a $ 86.412, y sus pasivos subieron: duplicó sus deudas por concepto de tarjetas de crédito ($ 255.858) y asumió otra por “contrato de alquiler” con la cifra de $ 1.265.880. Declaró un sueldo de $ 446.512.

Dentro de los que no tuvieron variaciones grandes, quien declaró el mayor patrimonio —e incluso en comparación con todos los intendentes— fue Wilson Ezquerra (Tacuarembó): $ 294.896.830, $ 160.000 más que la cifra anterior. Con un sueldo de $ 314.393, señaló tener casi $ 5 millones en depósitos bancarios, ocho inmuebles con un valor neto de $ 73.321.450 y $ 216.639.309 en concepto de participaciones y acciones en empresas.

Mario Bergara, intendente de Montevideo, declaró por su lado un patrimonio de $ 35.920.000, frente a los $ 34.210.000 que había presentado anteriormente. Si bien sus dos inmuebles y su vehículo se devaluaron levemente, aumentó sus depósitos de $ 13.310.000 a $ 14.480.000 y sus activos por “obras de arte” de $ 2.940.000 a $ 4.000.000. Declaró un sueldo de $ 420.000.

De Rivera, Richard Sander declaró un patrimonio levemente menor, en este caso de $ 37.467.305. Indicó tener depósitos bancarios por $ 542.570, dos inmuebles que se devaluaron a $ 3.900.000 y bonos financieros en el entorno de los $ 35 millones, además de un sueldo de $ 440.000 y cerca de $ 2 millones de pasivos, principalmente por préstamos bancarios.

El salteño Carlos Albisu presentó un patrimonio de $ 14.987.823, que incluye depósitos bancarios por $ 1.550.000 (100.000 más que la cifra anterior), seis inmuebles valuados en cerca de $ 17 millones en total y cuatro vehículos por $ 1.710.000, así como un pasivo de casi $ 7 millones por deudas hipotecarias. Como intendente, declaró percibir un sueldo de $ 259.353.

Guillermo Levratto, jefe departamental de Río Negro, declaró un patrimonio de $ 4.749.800, algo superior a la cifra anterior, con activos por $ 7.120.000 y pasivos por $ 2.370.200. En su declaración anterior figuran un inmueble por $ 6.784.000, un vehículo por $ 360.400 y deudas hipotecarias y bancarias netas de casi $ 3 millones.

Mario Silvera (Treinta y Tres) declaró por su lado un patrimonio de $ 19.421.220, poco más de un millón menos que el registro anterior. En este caso, el principal factor estuvo en el apartado de sus vehículos, al pasar de $ 1.886.000 a $ 1.130.900. Incluso, dentro de las deudas que indicó, dos de ellas —las más voluminosas— son con el propio gobierno departamental local: $ 19.365 de contribución y $ 32.389 de patente. Cobra un sueldo de $ 276.518.

El intendente de Flores, Diego Irazábal, presentó su declaración jurada al asumir, mas no cuando era candidato. Declaró un patrimonio de $ 30.288.929, conformado por depósitos bancarios por $ 4.546.344, cuatro inmuebles por $ 24.000.000 y un vehículo por $ 1.742.585. No indicó tener pasivos.

Hubo unos pocos casos de intendentes que no actualizaron su declaración jurada. Uno fue el canario Francisco Legnani, sucesor del actual presidente de la República, Yamandú Orsi. Fuentes cercanas al intendente señalaron que hubo comunicaciones mixtas por parte de la Jutep en los últimos meses que generaron malentendidos en cuanto a la necesidad de presentar el documento y que Legnani lo presentaría en las próximas semanas.

Otro fue Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, quien dijo a El País que presentó una cuando era candidato a principios de 2025 y aseguró que sigue vigente.

En la misma línea, su par de Artigas, Emiliano Soravilla, sostuvo en diálogo con El País que la suya está presentada desde antes de asumir, pero se venció en agosto y deberá renovarla, lo que hará también en las próximas semanas.

Por último, el intendente de Florida, Carlos Enciso, tampoco presentó una declaración luego de asumir. Desde su entorno indicaron a El País que no hubo ningún cambio “sustancial”.

Algo peculiar se dio en Soriano, cuando en pleno período electoral Guillermo Besozzi se vio envuelto en un escándalo político y judicial que lo llevó a renunciar en febrero de 2025, momento en el que asumió Ruben Valentín Martínez. Sin embargo, Besozzi finalmente fue habilitado para participar en la contienda y renovó su cargo de jefe departamental. Cada uno presentó una declaración jurada, pero ambas previas a las elecciones. El País intentó comunicarse con Besozzi, sin éxito.

En orden descendente, estos fueron los patrimonios que declararon por entonces: Enciso ($ 12.617.847), Olivera ($ 9.418.970), Soravilla ($ 8.449.166), Besozzi ($ 3.804.765) y Legnani ( $ 2.400.000).