Jutep acumula más de 400 denuncias atrasadas y busca cambiar su sistema tras ataque cibernético

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tiene más de 400 denuncias atrasadas y, tras el ataque cibernético que sufrió la institución el 13 de abril de 2026, no se publican los funcionarios omisos que no presentaron su declaración jurada. Esto último sucede porque el sistema no funciona de manera adecuada. Así lo explicaron este martes la presidenta de la institución, Ana Ferraris, y su vicepresidente, Alfredo Asti, en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, donde se trata la Rendición de Cuentas
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Asti señaló que hay 12.000 funcionarios obligados a presentar la declaración pero que, aunque hay una “cantidad que está omisa”, no se la declaró así en el primer y segundo cuatrimestre del año. Esto se debe a que todos los días reciben “reclamos telefónicos o personales diciendo que intentaron, pero no pudieron ingresar la declaración jurada”, indicó a los senadores, e informó que el sistema estuvo sin funcionar durante dos meses y que, después de ser reinstalado, “ha tenido fallas”.

Ante esta situación, las autoridades de la Jutep presentaron aditivos para ser incluidos en la Rendición de Cuentas que le permitan —dijo el vicepresidente— utilizar un sistema mucho más avanzado, más sólido y más eficiente: el DeclaraBID.

En tanto, la presidenta Ferraris calificó el sistema actual como “sumamente vulnerable y, sinceramente, bastante ineficiente”. Lo que buscan —con un préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo— es tener un sistema que sea “más que un instrumento para el registro de declaraciones juradas, es decir, “que sirva para alertar si falta algún dato”.

Asimismo, contó que trabajan en la “creación del área de análisis de declaraciones juradas” porque la Jutep, hasta ahora, en lo vinculado a este tema, “no es más que un gran depósito en el que hay más de 200.000 en papel y no sé cuántas en la nube”.

En esa línea, Ferraris recordó que estos documentos “deben ser analizados porque, primero, para algo fueron creados —cumplen un rol preventivo en materia de corrupción—, pero, además, porque hay un mandato expreso del legislador que establece que todos los años debe procederse a la apertura aleatoria de hasta el 5% de las que están cerradas”.

“La idea es ir generando este equipo que, entre otras cosas, tendrá que elaborar la metodología de análisis basada en riesgo, tal como establece la normativa”, añadió.