Jutep recibió una denuncia anónima contra el edil blanco Gómez tras condena a un asesor suyo por lavado

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió una denuncia anónima contra el edil blanco Gonzalo Gómez, según informaron fuentes del organismo a El País, tras la condena a uno de sus asesores por lavado de activos, luego de un operativo en el que se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000 en su domicilio.

Uno de los tres condenados por el momento en la investigación es Pablo Leiva, ahora exasesor de Gómez pues se lo desvinculó de la Junta Departamental de Montevideo (JDM). Sin embargo, su hijo —quien en un principio estuvo en la mira, pero luego fue liberado y desvinculado de la investigación— también es asesor del edil y continúa como tal. Leiva recibió una pena de dos años y medio de prisión.

Las sentencias fueron logradas mediante acuerdos abreviados. Además, también fueron incautados $ 3.000.000, U$S 42.000, municiones de fusiles AK-47, varios vehículos de alta gama y armas de fuego.

Ahora la Jutep deberá determinar si Gómez incumplió algún aspecto de la normativa sobre anticorrupción. El Código de Ética en la Función Pública (Ley N° 19.823) sostiene que “todo funcionario público está obligado a denunciar irregularidades o prácticas corruptas de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, de las que se cometieren en su repartición o cuyos efectos ella experimentare particularmente”.

Además, la ley de funcionarios públicos (N° 17.060), también conocida como la “ley cristal”, establece que estos deberán evitar “toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos”.

Dentro de esto, “toda acción u omisión en contravención del presente artículo hará incurrir a sus autores en responsabilidad administrativa, civil o penal”.

Gómez volverá estos días a Uruguay tras haber estado de viaje en China. Cuando se hizo pública la información, el edil aseguró que Leiva se había incorporado a su equipo de trabajo desde hacía poco tiempo y que mantenía un “vínculo laboral”.

“Nunca tuve conocimiento ni sospeché que pudiera estar vinculado a los hechos que hoy son objeto de investigación, relacionados con otra actividad que desarrollaba fuera de la Junta Departamental. Tanto Lucio como yo nos encontramos ante una realidad que nos era totalmente ajena”, subrayó el edil.

Asimismo, manifestó que la situación lo tomó “completamente por sorpresa” y que asume la responsabilidad “por no haber sido suficientemente precavido al momento de incorporar” al ahora condenado a su equipo de trabajo.

El caso llegó hasta Jorge Gandini, dirigente del Partido Nacional y representante de la oposición en el directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), quien debió dar una conferencia este martes para dar explicaciones al respecto. Su vinculación se da a partir de que Gómez es integrante del sector que él lidera, Por la Patria, y que la Fiscalía investiga transacciones realizadas por Leiva en un local de cobranzas propiedad de la esposa de Gandini, ante la sospecha de que esos movimientos pudieran integrar una maniobra de lavado.

Gandini aseguró que él y su pareja no tenían “nada que ocultar” y que no conocía al condenado, aunque sí al hijo, que es militante de su sector. El local de cobranzas lo adquirió su esposa hace 13 meses, pero Leiva era cliente desde antes, indicó.