Edil blanco pide licencia en el directorio del Partido Nacional y desvincula a hijo del asesor condenado

El Partido Nacional empieza a procesar en su interna el caso que inició con la condena por lavado de activos de un asesor del edil blanco Gonzalo Gómez, contratado en la Junta Departamental. Es un episodio que escaló con los días por las acusaciones de una supuesta vinculación con un local de cobranzas de la esposa de Jorge Gandini, lo que el nacionalista ha negado. En las últimas horas se sumaron nuevos episodios, y aún quedan pendientes aspectos a resolver, los que serán analizados en la próxima reunión de directorio, el lunes 5 de octubre.

Uno de los puntos que el Partido Nacional tenía para resolver era qué iba a pasar con el hijo del asesor condenado de Gómez, que también era asesor. En una primera instancia, el edil mantuvo a Lucio Leiva en su rol en la Junta Departamental. "Es mi amigo, trabaja conmigo y es una persona de mi confianza", había dicho en un comunicado.

Sin embargo, hubo un cambio en la postura: ahora resolvió desvincularlo de su rol, aunque el implicado ya había pedido cortar el vínculo laboral, según supo El País.

El presidente del directorio, Álvaro Delgado, se reunió el sábado con Gómez. Al día siguiente, el domingo, hubo sesión de la comisión de asuntos políticos, donde se trató el tema que tiene al Partido Nacional en el centro de la atención.

La comisión de asuntos políticos encomendó a la comisión de ética recibir al edil por Montevideo. En la resolución, a la que accedió El País, se recuerda que Gómez “se ha puesto a disposición", algo que el involucrado había hecho a través de un mensaje de Whatsapp mientras estaba en China, en el que había pedido que su partido lo recibiera para dar todas las explicaciones que ameritaran.

Por otra parte, Leiva, el hijo del condenado, renunció como integrante de la comisión departamental de jóvenes de Montevideo.

En tanto, la comisión de asuntos políticos hizo un breve análisis de la situación. En su resolución indica que el hecho de que "una persona condenada por narcotráfico haya accedido a un cargo de confianza política es de enorme gravedad”.

En esa línea, entiende que el “desconocimiento” de los integrantes del partido “sobre ello no excusa” que deban “actuar con diligencia y cuidado en la función pública así como preservando en todos sus límites imaginables la imagen, conducta e historia de probidad y honor” de su fuerza política.

“El sistema político, las instituciones y la democracia están amenazados por el crimen organizado y el narcotráfico y estamos decididos a estar alertas y contribuir en todo a luchar contra este avance criminal”, se continúa.

Además, dice confiar en la “acción de la Justicia y de la Fiscalía, que serán quienes echen luz con sus investigaciones en el plano institucional, respetando siempre el principio de las garantías del proceso y de la presunción de inocencia hasta demostración de lo contrario”.

La comisión de asuntos políticos se refiere solo a la parte del caso que refiere al edil Gómez y sus dos asesores, el condenado, Pablo Leiva, y su hijo, Lucio Leiva. No obstante, no se aborda la otra parte del episodio, que incluyen acusaciones públicas de un vínculo de un local de cobranzas a nombre de la esposa de Jorge Gandini.

En los últimos días, desde el Frente Amplio ha crecido la crítica por este episodio. En tanto, Gandini ha hecho varias apariciones públicas donde niega un vínculo y dice que “no tiene nada que ocultar”.