"No estamos frente a un asunto menor": sindicato portuario reclama la renuncia de Jorge Gandini de la ANP

El Sindicato Único de Trabajadores Portuarios (Supra) emitió este viernes un comunicado en el que expresó su preocupación por los hechos vinculados a la denominada Operación Trazador, una investigación por narcotráfico y lavado de activos que derivó en la incautación de más de 260 kilos de droga, armas y dinero en efectivo, y donde fue condenado Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez.

En el documento, titulado “Puerto limpio”, el sindicato sostuvo que corresponde que sea la Justicia la que determine las responsabilidades y el alcance de los hechos. Al mismo tiempo, cuestionó que "una red de cobranzas en la que se habrían realizado determinadas transacciones es propiedad de la esposa del actual director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini".

El gremio consideró que esta situación constituye “una enorme gravedad institucional” y genera un escenario “absolutamente adverso para los intereses del sistema portuario y logístico nacional”. En ese sentido, sostuvo que no se trata de “un asunto menor” ni de una cuestión que pueda ser relativizada políticamente.

“Que nada menos que un integrante del directorio del organismo responsable de administrar y conducir parte estratégica de la actividad portuaria del país aparezca públicamente relacionado con una investigación de esta naturaleza genera preocupación, interrogantes y una legítima demanda de explicaciones”, señala el comunicado.

La investigación Trazador derivó en la condena de Pablo Leiva, quien se desempeñaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, por delitos de lavado de activos y tráfico interno de municiones. Gómez, integrante de la lista 250 del Partido Nacional, anunció la desvinculación de Leiva y afirmó que desconocía cualquier vínculo de su asesor con actividades ilícitas.

Cuenta de X de Gonzalo Gómez

El sindicato remarcó que, en un sector como el portuario, “la transparencia, la seguridad y la integridad institucional son condiciones imprescindibles” y advirtió que cualquier situación de esta magnitud afecta la credibilidad de la institución y proyecta “una sombra que perjudica al conjunto del sistema portuario”.

Por ese motivo, el gremio portuario reclamó que el sistema político y las autoridades correspondientes exijan “el máximo esclarecimiento de los hechos” mientras continúan las investigaciones. Además, sostuvo que, mientras se desarrolla el proceso, Gandini “debería dar un paso al costado”, priorizando “el interés general, la institucionalidad y la credibilidad de la Administración Nacional de Puertos”.

“El puerto no puede quedar atrapado bajo ninguna sospecha que comprometa su transparencia, su función estratégica y su imagen a nivel nacional e internacional”, sostuvo el gremio, que reclamó instituciones “limpias, transparentes y alejadas de cualquier sombra de connivencia con el crimen organizado”.

Finalmente, el sindicato exhortó a que la investigación continúe “hasta sus últimas consecuencias”, con transparencia y garantías, y sostuvo que fortalecer la transparencia, la integridad y la confianza pública debe ser una responsabilidad compartida por todos los actores vinculados al sistema portuario.

“Un puerto limpio debe ser tarea y preocupación de todas y de todos”, concluyó el comunicado.

Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Tal como informara El País en su edición matutina de este viernes, el nacionalista Jorge Gandini envió este jueves una carta a la fiscal Angelita Romano, que lleva adelante el caso que terminó en la condena de un asesor de un edil blanco por Montevideo por delito de lavado de dinero, para ponerse —él y su esposa, ante las vinculaciones de que el local de cobranzas ganancial podría estar involucrado— “a entera disposición a los efectos que considere”.

Asimismo, con el argumento de que han “sido mencionados como vinculados a esa causa” de manera pública, y “sin haber sido contactados ni citados por ninguna autoridad durante estos días”, solicitó acceso a la carpeta fiscal —que entiende que es reservada, dice— y cuyo contenido, “supuestamente, habría transcendido y ha sido manejado públicamente en los medios de comunicación”.

Foto: Ignacio Sánchez.

Por último, en la misiva, a la que accedió El País, aclaró que le escribe a la fiscal “de modo personal y sin asistencia letrada”, y que “nombraría un representante legal” si ella “lo considera necesario”.

“Estoy convencido que me asiste el derecho de conocer esa carpeta, para defender mi honor y el de mi familia”, sostuvo.