Imputaron al dueño de la inmobiliaria que vendía terrenos con documentos falsos en Punta Negra

La jueza de crimen organizado Diovanet Olivera, imputó este viernes a Paulo Álvez, dueño de una inmobiliaria de Piriápolis que vendía terrenos con papeles falsos en Punta Negra, Maldonado.

El empresario fue encausado por los delitos de asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa. Deberá cumplir con arresto domiciliario total hasta el 22 de diciembre, uso de tobillera electrónica, cierre de fronteras, retención de documentos de viajes y prohibición de comunicación con otras personas mencionadas en la investigación.

Su esposa fue condenada en acuerdo abreviado por los delitos de asociación para delinquir y estafa en calidad de coautora. Deberá cumplir 22 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

Ambos estaban de vacaciones en Río de Janeiro, e iban a retornar este domingo, pero al enterarse de los avances en la causa (en la que ya hay dos imputados y dos condenados) regresaron este jueves y fueron detenidos. También estaba requerida la suegra de Álvez, pero quedó desvinculada ya que participó en una venta que no se llegó a concretar. Aún resta detener a una escribana que está en el exterior y será detenida el domingo al arribar al país.

En paralelo, la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Sandra Fleitas, informó que va a investigar el patrimonio de los implicados ante la posibilidad de que se haya cometido el delito de lavado de activos. Hasta ahora, el Ministerio Público tiene comprobadas transacciones fraudulentas por US$ 200.000 y quiere determinar a dónde fue a parar ese dinero.

La trama se armó en torno a un poder para realizar compraventas de terrenos en nombre de otras personas. Para hacer la maniobra con este documento, se falsificó la firma y se utilizó un sello de un escribano que ya falleció y no emitía poderes desde la década del 80.

Posteriormente, los implicados buscaban terrenos de propietarios argentinos muertos o que no venían seguido al país, de manera que los predios no tuvieran una custodia permanente.

Utilizando el poder falsificado, los integrantes de la organización actuaban ficticiamente en nombre de esos propietarios y se vendían el terreno entre ellos, sin abonar precio alguno o una ínfima parte del valor real.

Posteriormente vendían los terrenos a terceros compradores de buena fe, obteniendo miles de dólares de ganancia. Para eso utilizaban la inmobiliaria de Piriápolis, propiedad de Álvez. Este empresario, su esposa, y la escribana aún requerida, estuvieron involucrados en la primera venta ficticia y luego en la venta a terceros de buena fé.

Formalizados

El martes la Justicia imputó a William Mattón Pimentel, quien trabajaba para la inmobiliaria de Paulo Álvez Él se encargaba de conseguir los terrenos y muchas veces se apersonaba en padrones ocupados diciendo que él era el dueño e intimando a esas personas a irse bajo amenazas de embargo. Esta persona fue imputada por asociación para delinquir, además de dos delitos de uso de documento público falso y otros dos de estafa.

Por otro lado, fue imputado Oscar Iguini, el encargado de facilitar el poder del escribano fallecido. De hecho, en un allanamiento en su domicilio se encontró un sello y fotocopias de documentos utilizados por el escribano fallecido. Esta persona declaró en Fiscalía que el dueño de la inmobiliaria y su empleado se acercaron a él para hacer la maniobra.

Fue imputado por los delitos de asociación para delinquir, falsificación de documento público, y estafa.

Los dos participaron de todos los negocios ilícitos y mantuvieron una conducta delictiva continuada en el tiempo, señaló la Fiscalía.

El Ministerio Público pidió prisión preventiva para los dos por 90 días, alegando que podían entorpecer la investigación si eventualmente entraran en contacto con las personas que falta detener u otros testigos. Sin embargo, la jueza Olivera determinó que deberán cumplir arresto domiciliario total con dispositivo electrónico hasta el 22 de diciembre de este año y prohibición de comunicación con las otras personas mencionadas en la investigación. La jueza consideró que esas medidas son suficientes para no entorpecer la investigación, acogiendo el argumento de la defensa de que estos dos imputados desconocen el paradero de los otros requeridos en la causa.

En tanto, Sebastián Mattón (hermano de William) y María Fernanda Muñoz Esquivel (expareja de William) alcanzaron un acuerdo abreviado con la Fiscalía y fueron condenados por los delitos de asociación para delinquir y estafa y deberán cumplir 18 meses de libertad a prueba. Ella participó sin saber que todo estaba basado en un poder falso. Él sólo participó en operaciones puntuales.

Según informó La Diaria ,Tanto Álvez como su esposa, son militantes del Partido Nacional e integraron la lista 133 que, en junio de 2024, postuló a Álvaro Delgado a la Presidencia de la República y al actual diputado Diego Echeverría a la Intendencia de Maldonado, con el respaldo de Enrique Antía. En la lista también figuran María Fernández Muñoz y William Mattón.