"Van a seguir cerrando empresas": dura advertencia de los industriales sobre el proyecto de ley de Competitividad

La Cámara de Industrias (CIU) presentó ante el Parlamento una propuesta con el objetivo de “eliminar o desglosar” el artículo 140 del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. Los industriales consideraron que la iniciativa elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no aborda las problemáticas de altos costos de producción en Uruguay y que el artículo 140 “empeoraría la competitividad”. El vicepresidente de la gremial, Ruben Donnángelo advirtió ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes: “Los tiempos políticos no son los tiempos industriales, y van a seguir cerrando empresas”, según indica la versión taquigráfica del encuentro.

“Reducir los costos para los productos importados, sin corregir antes los problemas de competitividad que encarecen la producción en Uruguay, expone a la industria a una competencia completamente asimétrica”, dice la CIU en el documento presentado al Parlamento. Los industriales señalaron que entre empresas consultadas existe una “importante preocupación, a tal punto de que algunas manejarían la posibilidad de acelerar procesos de cerrar operaciones o líneas de producción en el país” en el caso de que se apruebe la normativa.

“La competitividad para la industria nacional es un tema grave, que va a impactar en la sociedad y está impactando cada vez más”, dijo Donnángelo. “No hay más tiempo en la parte industrial. Van a seguir cerrando empresas y el drama va a ser muy grande”, insistió.

El artículo 140 prevé la simplificación de registro de importadores subsiguientes. Esta medida establece un procedimiento para que cualquier empresa pueda registrar e importar un producto que ya fue previamente registrado y evaluado ante las autoridades competentes por un primer importador.

“Salvo en los casos en que la legislación prevea expresamente que la provisión de un producto en un mercado se efectúe mediante un representante o distribuidor exclusivo, se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo”, redacta el texto remitido a la Cámara de Representantes. El registro simplificado se aplicará luego de un año desde la fecha del otorgamiento del primer registro del producto del país.

El documento presentado por la CIU el miércoles ante el Parlamento denuncia que el sector “tiene costos excesivos para fabricar en Uruguay” y entre los principales, destaca los costos energéticos, laborales, logísticos e impositivos. La CIU también considera que existe una importante exigencia “por servicios que el Estado no presta, o lo hace en forma deficiente, a pesar de la elevada presión fiscal (seguridad, salud, educación, infraestructura, etc.)”.

Los industriales también sostuvieron que la problemática de altos costos no fue abordada en el proyecto de ley y consideraron que medidas como la del artículo 140 “empeorarían la competitividad”.

Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Por otra parte, la CIU se refirió al rol de los exportadores y sostuvo que “las condiciones no son simples” en los mercados en los que se posicionan y agregó que estas dificultades “se acrecentarían” de aprobarse el proyecto.

“Abaratar los registros para importadores subsiguientes desconocería la inversión realizada por quienes lo hicieron primero (desarrollo comercial, análisis, registros, certificaciones, información del exterior, etc.). Al permitir que un tercero se adhiera a un registro ya aprobado se le otorgaría una ventaja injusta”, redactó la CIU en el documento y agregó: “No tendrá sentido invertir en ello porque luego el beneficio se lo apropiaría cualquier nuevo importador”.

Los reclamos de la CIU no quedaron en las dificultades por posicionarse en el mercado, sino que el sector advirtió que la medida generará una mayor presión de precios sobre los actuales competidores de menores precios, “en general proveedores de marcas nacionales, que ya se encuentran en su piso de rentabilidad, forzándolos a salir del mercado”.

Como consecuencia, la CIU consideró que esto resultaría en una competencia menor aunque más intensa y como consecuencia, una mayor concentración de marcas en manos de empresas extranjeras que incluso “traerá mayor dependencia de los niveles de precios de países extranjeros, importando también sus vaivenes producto de macroeconomías inestables como las de Argentina y Brasil” que abastecen en su mayoría al mercado local.

“La medida promoverá una disminución en la inversión y el empleo”, aseguró la CIU sobre la situación de fabricantes locales y de las cadenas de distribución de quienes comercializan productos importados. “El impacto ocurrirá no solo en sus propios negocios sino en la cadena de proveedores de tecnología, medios, logística, publicidad, agencias de promoción/vendedores, agencias de POP (puntos de venta), entre otros, produciendo desinversión y reduciendo estímulos para inversiones futuras”, indicó.

La CIU señaló que en caso de aprobarse el artículo en las condiciones en las que está redactado, resultaría en una acumulación de “importadores de oportunidad, que no darán garantías inter temporales de trazabilidad, responsabilidad sanitaria y control de vencimientos”. Los importadores de oportunidad son actores comerciales o empresas que aprovechan momentos de apertura de mercado, excedentes de producción regional o liquidaciones internacionales para ingresar mercadería económica al país.

“Un trámite de importación simplificado convertiría al mercado uruguayo, por su tamaño reducido, en el destino ideal para la Liquidación de excedentes de Brasil y Argentina, o de Asia, o productos próximos a su vencimiento”, advirtió la CIU y continuó: “El ingreso de lotes liquidados por debajo de su costo real de producción desplazará del mercado a los bienes nacionales, que no tienen margen estructural para competir contra esos precios de liquidación”.

“Los costos de producir en el país hacen que muchas industrias ya no sean viables”, dijo el vicepresidente de la CIU, Ruben Donnángelo, de acuerdo con la versión taquigráfica del encuentro y agregó que Uruguay “es un país caro y el sistema político no ha mirado a la industria ni la ha ayudado”.

Si bien los industriales reconocieron un correcto abordaje de la problemática de la competitividad en el proyecto, sostuvieron que “no va al fondo de lo que, por lo pronto, para la industria realmente mueve los números de la competitividad”, según dijo el economista de la CIU, Sebastián Pérez.

Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Costos energéticos, relaciones laborales y logística portuaria son tres asuntos que para la CIU prevalecen como puntos de partida para abordar la competitividad. Según indicó Perez, autoridades del MEF indicaron al sector que la discusión de esos temas se aplazaría hasta el próximo año.

“Reducir precios mediante importadores subsiguientes no siempre implica una mejora real de la competitividad ni una reducción significativa del costo de vida”, dijo ante el Parlamento el técnico de la CIU, Marcelo Ballesta, quien también consideró “insuficiente” el plazo de un año para la aplicación del nuevo régimen. Ballesta también cuestionó la demostración de identidad, origen y condiciones sanitarias por parte del segundo importador ya que la nueva normativa no requerirá la presentación de este tipo de documentos.

Por otra parte, el ejecutivo hizo referencia al artículo 154 del proyecto de ley, que establece aranceles diferenciales para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). “¿No sería posible evolucionar hacia un sistema en el que el arancel acompañe el ciclo de vida del registro?”, cuestionó.

“Estamos centrando toda nuestra energía sobre este artículo vinculado a uno o dos productos de la canasta básica”, dijo Pérez y defendió la postura de que uno de los gastos más significativos de los uruguayos está vinculado al costo de la energía.

Pérez recordó los dichos del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sobre el “desvelo” que implica para el gobierno impulsar el crecimiento de la economía y revertir los problemas de competitividad. “El partido lo venimos perdiendo 2 a 0, porque ya vamos a terminar con un segundo año de bajo crecimiento”, dijo ante el Parlamento.

La recurrente discusión sobre la posibilidad de que proyectos de gran porte –como es el caso de HIF Global– se instale en Uruguay también despertó cuestionamientos ante la falta de inversión. “Cuando tenemos una inversión relevante por delante para que se instale”, dijo Pérez y agregó: “Tenemos algunas inversiones como país, felizmente en la agenda, que están dependiendo de determinadas decisiones. Quizás debamos cobrar tarifas, por ejemplo, más reducidas que las que le cobramos al resto o tengamos que cobrar impuestos diferentes a los que nos cobran a todos en Uruguay y que mueva los números, tenemos que estar atrás dándole condiciones especiales”.

Uno de los temas del proyecto que despertó el debate político fue el de la interoperabilidad entre organismos públicos, sobre el que sectores de la oposición alertaron sobre la creación de estructuras de control centralizadas y realizaron un paralelismo con un posible "Gran Hermano" económico. Según el economista de la CIU, la gremial se adhiere a la propuesta de la oposición de agregar la necesidad de la autorización. “Cuando a veces se habla de que hay oscurantismo en la información de Uruguay, sorprende, porque eso no es así”, dijo.

La gremial no realizó reparos ante los cambios en las compras públicas que plantea el proyecto o sobre el autodespacho aduanero. “No hemos encontrado socios que nos hayan acercado dificultades”, defendió Pérez y agregó que aún no se tienen cuantificadas las pérdidas con motivo del conflicto en el puerto de Montevideo.