El cierre de la empresa autopartista japonesa, Yazaki, en Colonia y Canelones en enero de este año sacudió al nuevo gobierno poco antes asumir. El Ministerio Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el de Industria, Energía y Minería (MIEM) tuvieron un intenso año caracterizado por el cierre de empresas y los conflictos sindicales, que según denunció la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), resultaron en la pérdida de 3.000 puestos de trabajo. Por este motivo, el director de Industria, Adrián Míguez, adelantó a El País que durante el último Consejo Industrial se decidió la ampliación de un incentivo fiscal a nivel local para el sector metalmecánico.
La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo en diálogo con El País: “Vamos a tener que convivir con estos fenómenos”, aunque mostró optimismo por la alta tasa de empleo registrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en noviembre de este año (60%). “La clave de estos procesos es la capacitación”, agregó.
Por su parte, el presidente de la CSI, Danilo Dárdano, lamentó las pérdidas de empleo aunque resaltó el trabajo en conjunto con las autoridades. “Logramos ámbitos que habíamos reclamado, como el consejo de industria”, dijo a El País y aseguró que el próximo año, el sindicato buscará impulsar cambios vinculados a la jornada laboral y compras públicas.
Ante este escenario, el MIEM, la Cámara de Industrias (CIU), el Pit-Cnt y la academia participaron del Consejo de Industria; una instancia mensual en la que se reúnen varios actores del sector para elaborar una política industrial con objetivos hacia 2050. Durante los últimos días de diciembre los participantes se reunieron en la última instancia del año e hicieron un resumen de lo trabajado.
Míguez indicó que para el sector metalmecánico; uno de los más afectados por el cierre de empresas, se busca generar un "encadenamiento industrial" entre las empresas instaladas. Esto significa que los incentivos fiscales con los que contaba el sector para colocar sus productos en el exterior, también se aplicarán a nivel local.
“Hoy nos quedamos con la mitad de trabajadores del sector y eso no nos gusta. Queremos que las empresas sigan invirtiendo y generen puestos de trabajo calificados”, dijo Míguez y resaltó que además de promover las inversiones, el gobierno tiene la intención de fortalecer las empresas instaladas en Uruguay.
Yazaki
Yazaki se dedica a la fabricación de componentes y sistemas para automóviles y el pasado 30 de enero, unos 1.100 trabajadores recibieron un comunicado que anunciaba el retiro de la firma de sus plantas en Uruguay. Tras varias instancias y en medio del cambio de gobierno, los trabajadores pudieron acceder a seguro de paro en febrero de este año. Luego se aprobó una extensión por tres meses más y en setiembre de este año el seguro de paro se extendió una vez más por tres meses.
El cierre de la empresa despertó la alerta en el gobierno y trabajadores del sector metalúrgico que buscaron alternativas para los departamentos que ya estaban golpeados por las altas tasas de desempleo. Según los datos del INE correspondientes al período julio-setiembre, Colonia cuenta con una tasa de desempleo de 6,7%, mientras que en Canelones alcanza 7,4%.
Cla Sienz
La multinacional especializada en fabricación de maquinaria Cla Sienz ubicada en la Zona Franca de Colonia, se suma a la lista de empresas que cierran sus puertas en Uruguay y se presenta a concurso de acreedores. Más de 80 trabajadores se verán afectados por esta medida, según confirmó Dárdano a El País.
"La empresa anunció que no tiene los recursos para pagar los créditos laborales", señaló Dárdano y aseguró que se realizó una asamblea con los trabajadores en Colonia para dialogar sobre la situación de cada uno.
La empresa del sector metalúrgico fue fundada en 1984 como Compac Sorting Equipment y en 2017 se estableció Sienz como una escisión luego de la venta de Compac. La planta en Colonia fue fundada en 2006 como Compac Latinoamérica convirtiéndose en Sienz Latinoamérica en el futuro.
Las únicas fábricas que se dedican a la producción son: una instalada en Valencia (España) y la de Colonia que tiene previsto cesar sus actividades en enero del 2026. El País se comunicó con la dirección de la empresa para ampliar la información pero no obtuvo respuesta.
UKG
Uno de los más recientes y polémicos retiros del país fue el de la empresa estadounidense de tecnología de gestión de recursos humanos UKG (Ultimate Kronos Group). La firma anunció en noviembre de este año a través de un video a sus empleados que cerraría sus operaciones en Uruguay. La compañía desembarcó en el país en 2022, tenía oficinas en el LATU y contaba con 300 empleados.
UKG justificó la decisión de su salida debido a "una combinación de dinámicas de mercado y prioridades comerciales a largo plazo". "Cerraremos las operaciones por fases, comenzando hoy y terminando en agosto de 2026", anunciaron ejecutivos de la firma en noviembre.
"Cuando me enteré lo que le está pasando a UKG en el mundo, no me sorprende. Es un modelo de negocios que está teniendo sus dificultades", había indicado el presidente de la República, Yamandú Orsi.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, manifestó que "este tipo de fenómenos van a ser frecuentes" en la medida en que se trata de una empresa con "puestos de trabajo sofisticados". "Lo más importante es que la afectación de estos puestos de trabajo rápidamente se pueda recompensar con otras oportunidades laborales, que afortunadamente en este tipo de industrias suele ser rápido", añadió el jerarca.
Barrios explicó que ante la solicitud de una reunión por parte del gobierno, la empresa “cumplió con las obligaciones y más”. La jerarca señaló que la empresa pagó una consultoría y despidos con incentivos económicos, además de explicar el cronograma de retiro a las autoridades. Según recordó Barrios, la empresa despidió en una primera etapa a unos 100 trabajadores y agregó que se concretarán despidos de forma gradual hasta que la empresa se retire de forma definitiva en 2026.
Proyecto de ley
El cierre de empresas motivó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo a promover un proyecto de ley a partir del cual las empresas notifiquen con antelación el cese de sus actividades para trabajar con mayor margen de tiempo la reinserción de los trabajadores.
Sin embargo, esto no es nuevo para los actores del mercado laboral. Dárdano y Barrios coincidieron en que en la mayoría de los casos, las empresas emiten un aviso previo a las autoridades y los respectivos comités de base sobre su situación. “En excepciones que no lo hacen (la situación) es dramática”, sostuvo Barrios y agregó que el proyecto también busca que en todos los casos se emita una causal de despido.
Esto es observado de forma positiva por parte del sector trabajador, aunque generó descontento entre los empresarios quienes consideraron que desestimula la atracción de inversiones.
La Gotita
Otro de los cierres más sorpresivos del año fue el de la fábrica de adhesivos y productos relacionados, Fenedur, que anunció el cierre de su planta en el departamento de Canelones y su salida de Uruguay, para trasladar su producción a Argentina (donde ya tiene una fábrica) en octubre de este año.
La medida afectó a unos 40 trabajadores de la industria química. La empresa es quien elabora y comercializa las emblemáticas marcas de adhesivos y pegamentos "La gotita", Voligoma, Poxilina, Fastix, Novopren y Éccole, entre otras.
En Argentina, las marcas "La gotita", Poxipol y Poxilina son fabricadas por Akapol S.A, y a partir del año 2000 Fenedur adquirió el dominio para producirlas de forma independiente desde su planta en Uruguay. La relocalización de las actividades obligó a la importadora de adhesivos, Adesur, a importar mercadería del país vecino.
Según indicaron fuentes de Adesur a El País, a pesar de que la fábrica en Argentina también tiene “capacidad ociosa”, la planta es de mayor porte en comparación a la de Canelones, por lo que la empresa decidió trasladar la producción y cerrar la fábrica en Uruguay.
La Vienesa
Uno de los primeros cierres que estuvo en el centro de la polémica fue el de La Vienesa, que en junio del 2025 anunció el cese de actividades en sus ocho sucursales ubicadas en Montevideo y que afectaron a unos 100 trabajadores.
Según había confirmado a El País el dueño de la empresa, Alejandro Aguerre, si bien atravesaba dificultades y adeudaba a proveedores y trabajadores por un total de $ 15 millones, la panadería no planeaba detener su actividad en ese momento. Semanas más tarde, la Mesa Coordinadora del Pan denunció que las deudas alcanzaban los US$ 900.000.
Luego de varias instancias de negociaciones en el MTSS y movilizaciones en la casa central de la panadería ubicada en Avenida Rivera y Avenida Luis Ponce, la empresa cerró cinco sucursales y semanas más tarde las tres restantes. Esto resultó en el amparo de 80 trabajadores en seguro de desempleo y un llamado a concurso para adquirir La Vienesa.
Según comentó el presidente de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, Luis Echevarría, semanas atrás el propietario de la firma se presentó a concurso de acreedores. En la actualidad, 10 trabajadores se encuentran conformando una cooperativa, otros 30 reperfilaron su currículum a partir del asesoramiento de la Dinatra y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), mientras que otros 40 trabajadores se reinsertaron en otras panaderías y panificadoras.