MEF compromete pago de atrasos salariales a trabajadores tercerizados del Mides y desactiva amenaza de huelga

Tras un conflicto que se arrastraba desde hacía varias semanas, la propuesta presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue bien recibida por el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga). Las partes alcanzaron un preacuerdo, que será analizado por el colectivo de trabajadores el próximo sábado en asamblea.

Marcelo Bentos, integrante de la dirección nacional de Sutiga y participante de la negociación, dijo en diálogo con El País que “fue la primera vez que el gobierno presentó una solución concreta”. Según explicó, se planteó un nuevo mecanismo de subrogación, con el compromiso de que antes del 30 de setiembre el Estado pague todos los salarios adeudados a unos 1.500 trabajadores dependientes de organizaciones civiles contratadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En algunos casos, los salarios adeudados corresponden a hasta tres meses.

Antes de este acuerdo, Sutiga —que nuclea a unos 1.000 trabajadores de organizaciones de la sociedad civil que se desempeñan en refugios nocturnos, centros de 24 horas, servicios de atención a personas en situación de calle, a mujeres víctimas de trata y otros programas sociales— había advertido que, de no encontrarse una solución, podría llevar adelante una huelga “general e indefinida”. La medida habría afectado sensiblemente los servicios que presta el Mides a la población más vulnerable.

“El mecanismo lo vamos a evaluar y posiblemente sea positiva nuestra respuesta, por lo que se levantaría la carpa —pedido del gobierno como contrapartida—. Es una buena señal en principio y creo que para el colectivo también, pero deberá ser ratificado en la asamblea”, añadió Bentos. El colectivo de trabajadores mantiene desde hace 39 días una carpa instalada frente a Torre Ejecutiva, en reclamo por los atrasos salariales y otras condiciones laborales.

En la propuesta del MEF, que planteó esa solución y cuya implementación dependerá del Mides, también se aseguró que el mismo mecanismo sería utilizado de cara al futuro para evitar eventuales nuevos incumplimientos en el pago de la remuneración de los trabajadores.

En el acuerdo alcanzado en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) —que fue celebrado en redes sociales por el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala—, se establecieron mecanismos de pago “directo a través de cada organización a sus trabajadores, préstamos de microfinanzas y la subrogación sin resolución de contratos, además del acompañamiento en la gestión de las organizaciones”.

“En este momento en representación de los trabajadores tercerizados (Sutiga, Fuecys, Pit-Cnt) del Mides se está firmando un acta de preacuerdo a referéndum de la asamblea de los trabajadores. Su cumplimiento implica que se pagarán los adeudos salariales que se mantienen. Los mecanismo establecidos también servirán para evitar nuevos atrasos”, escribió el presidente de la central sindical.

En el acta también se acordó prorrogar por 30 días el grupo de trabajo constituido el 1° de setiembre que conforman el Mides, el MEF, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Sutiga.

La situación de incertidumbre y conflictividad que atraviesan los trabajadores tercerizados no es nueva, sino que se arrastra desde hace varios años y responde a una problemática estructural vinculada a la modalidad de contratación del Mides. Esto ocurre más allá de la asignación presupuestal —que, si bien es insuficiente, el ministro Gonzalo Civila ha destacado que fue mejorada en el último Presupuesto Quinquenal—, ya que el ministerio recibe en cada período refuerzos de crédito por parte del MEF.

En una resolución dirigida al ministro Gonzalo Civila, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), presidida actualmente por Juan Miguel Petit, consideró que “existen elementos suficientes para determinar vulneración de derechos por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.

El pronunciamiento, que fue firmado por los cinco directores del organismo, partió de una denuncia presentada por una trabajadora que tiene un contrato de tercerización con una Organización de la Sociedad Civil (OSC) que forma parte del sistema de respuesta a mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral que funciona bajo la órbita de Inmujeres.

En el texto —al que accedió El País— se denuncian “reiterados retrasos significativos al momento de desembolsar el dinero” a la organización por parte del Mides, así como contratos “precarios para las funcionarias de Inmujeres”. La situación, señala la denuncia, es “tan complicada” que “repercute en todo el sistema de respuestas de violencia de género”.

Tras los oficios realizados, la Inddhh señala que el Mides reconoció “las dificultades respecto al pago de algunas partidas”, que atribuyó a la “acumulación de procedimientos administrativos asociados al cierre del ejercicio anterior, la tramitación de convenios, así como a los controles administrativos y financieros preceptivos para la habilitación de los pagos”.

No obstante, el organismo recomienda a la cartera “garantizar el pago de salarios vinculados a las OSC en tiempo y forma, sin dilaciones, en cumplimiento de las normas internacionales y nacionales sobre el derecho al trabajo”.