Gonzalo Civila: “El debate sobre el derecho de vivir en la calle fue superado por la realidad”

- ¿Qué balance hace pasadas ya dos semanas desde que se empezó a implementar la utilización de la ley de faltas para trasladar a la gente en situación de calle? ¿Ven resultados tangibles?

-Lo que esto prevé es que el Ministerio del Interior, en conjunto con las intendencias, pueda llevar adelante una serie de acciones en lo que refiere a personas que estén en espacios públicos. Pero esto no es algo nuevo. Lo que hay es una intensificación de su aplicación en estas últimas semanas. Hasta ahora son más de 200 personas, junto a sus pertenencias, que fueron trasladadas. Nuestra tarea es recibir a las personas. Para eso está el Centro de Primera Atención (CPA, de Casavalle), que fue creado durante la anterior administración. Allí se hace una primera entrevista y una derivación para aquellos que aceptan ingresar a algunos de los dispositivos de protección social. En este momento tenemos 8.500 plazas, cuando eran 5.000 al comenzar el año 2025, con distintos tipos de dispositivos: de emergencia, vinculados a salud mental, a cuidados, propuestas para mujeres con niños o adolescentes.

-¿Cuando se los traslada se les da de comer, hay espacios para dormir, o es solo un centro de distribución? ¿Qué atención se brinda?

-El CPA tiene por un lado prevista la alimentación, un espacio para ducharse, además de áreas comunes para poder permanecer allí. También para pernoctar. Muchas personas eligen quedarse ahí y otras lo rechazan. En esos casos se ofrecen otros centros más adecuados con sus características. Otras directamente descartan las opciones.

-¿En esos casos qué se hace?

-Las personas no están privadas de su libertad. Por lo tanto, lo que hacemos es primero tratar de persuadir y después volver a contactarlas a través de nuestro sistema de captación o vinculación.

-¿Está de acuerdo con la medida de llevar a las personas a la fuerza?

-Es una herramienta que está vigente. Siempre dijimos que todos los instrumentos disponibles los íbamos a usar. El problema es grande, es país. Por tanto, requiere el aporte de todas las instituciones y que se utilicen todos los mecanismos. Después si esos instrumentos contribuyen más o menos a una solución de fondo del problema es otro debate. Podemos realizar múltiples intervenciones, pero si no existe un proceso sostenido que acompañe a la persona y promueva un cambio en su vida, la situación tenderá a repetirse. Ahí está el desafío más grande. Hay que tratar de ser lo más armónico posible y cuidadoso de la dignidad de la persona al sostener procesos. Pero el componente de la voluntad es muy importante. Tenemos 1.400 plazas vinculadas a salud mental y un porcentaje importante es para rehabilitación por el consumo de drogas. Estos procesos requieren inevitablemente de la voluntad de la persona. Es trabajoso, pero hay que construir las condiciones. Para eso hemos introducido innovaciones en la conformación de los equipos. Mantuvimos el componente técnico y hemos incorporado figuras nuevas como agentes comunitarios y referentes pares. Funcionan en la primera línea, en el día a día. Se establece un diálogo con alguien que conoce esa realidad de forma directa porque la ha vivido.

-¿Asumen un rol de empatizar y entender las necesidades de cada uno?

-Hay condiciones de autonomía de las personas que están afectadas. Todo aquel debate que se dio sobre el derecho de vivir en la calle fue superado por la realidad.

-No es un derecho para el ministro…

-Lo que hay son un montón de derechos vulnerados. En la propia situación de vivir en calle. Tenemos que trabajar en respetar y promover la dignidad, la autonomía y la libertad de las personas.

-¿Por qué el lugar hacia el que se trasladan es Casavalle?

-Es una decisión que se tomó en la administración anterior de ubicar el CPA en ese lugar. Es un espacio muy grande con muy buenas condiciones en el que existen otros servicios del Mides. Entiendo que la referencia a Casavalle puede sonar estigmatizante o como una especie de movimiento de segregación. Es un tema a analizar. Hoy hacemos la derivación al lugar que tenemos para hacerla.

-¿El mayor factor de personas que terminan en calle es la salida de la cárcel?

-En relación a otros factores sí. Más de la mitad de la población que se encuentra a la intemperie ha pasado por privación de libertad.

-Visto ese fenómeno, la directora de Programas de Calle, Carla Lima, dijo que la cantidad de personas en esa situación sigue en aumento.

-Parte de nuestra tarea también es prevenir esa situación, pero no lo podemos hacer solos. Es en vínculo siempre con otros actores. Estamos previendo mecanismos para que los que salen de prisión y no tienen un lugar a donde ir ya puedan tener una plaza para alojarse. El sistema tiene mucho para desarrollar y en el proceso de construcción de una estrategia de horizonte quinquenal dos de los énfasis son la prevención y el egreso. Lograr que la persona se vincule con el trabajo, con la vivienda, con la salud…

-¿Con la comunidad?

-Es el eje. El problema de la privación de libertad, de salud mental y de consumo. Pero eso es la fenomenología, la descripción del fenómeno. Ni siquiera son necesariamente causas, que a veces están más atrás: violencia estructural, intrafamiliar, desplazamiento de los territorios... Son muchos factores. En el centro del abordaje hemos puesto la construcción de redes comunitarias y la restauración de las familiares. Para eso inauguramos un dispositivo de carácter socio-comunitario, de “puertas abiertas”. Permite que las personas que antes iban a solicitar una plaza para dormir por la noche a un refugio, vayan a un espacio cuidado y de contención con un equipo. Se hace un seguimiento de la trayectoria de esa persona y eso está dando resultado. Hay un trabajo previo en territorio y los que llegan a puertas abiertas lo hacen con otra disposición. Se va construyendo red y condiciones para el reconocimento de cada uno. Si a vos no te miran como persona eso va deteriorando la visión que tenés de vos mismo, cómo te reconocen y te reconocés.

-¿Cómo evalúa la actualidad del Partido Socialista? Hoy es un ministro, pero junto al Partido Comunista del Uruguay el PS ha sido de las voces más discordantes con algunas de las decisiones del gobierno. Podríamos mencionar al senador Gustavo González, por ejemplo.

-Primero hay que destacar que el partido ha demostrado a lo largo de la historia del Frente Amplio y de sus gobiernos una gran capacidad de aporte para la construcción política. Segundo, ha tenido mucha autonomía para dar su punto de vista o visión sobre distintas cosas. Pero todo sin confundir los roles. Hay compañeros con roles institucionales, como es mi caso, y otros en diferentes roles sociales u orgánicos. Siempre hemos sido muy cuidadosos de cuidar los espacios específicos para no confundir el ámbito institucional o de gestión con el orgánico o el de las luchas sociales. Al partido lo veo bien parado, dando debates. He visto posicionamientos críticos, pero también de respaldo. Es un momento político muy especial para el país con un gobierno que no tiene mayoría propia en el Parlamento, en un contexto internacional y regional difícil. Muy duro para la izquierda en particular. Hay debates abiertos, pero no veo al partido exacerbando la crítica al gobierno.

-En la última elección no votó bien (58.000 votos) y además se fueron muchos dirigentes durante su gestión como secretario general. Su sucesor, Pablo Oribe, dijo a El País que uno de los problemas que tuvo el PS durante los pasados tres gobiernos del FA fue que se comportó como el partido “fiel de la balanza”. ¿Comparte?

-Hubo un aprendizaje de ese proceso. Pero recuerdo al partido parándose con su propia mirada sobre distintos temas. En el primer gobierno del Frente en un tema polémico vinculado a la inserción internacional, por ejemplo.

-¿Mira Carnaval?

-Miro, pero no soy un fan.

-Muchas murgas están criticando al gobierno. No tanto al Frente Amplio, más bien al gobierno y por izquierda. Con posturas capaz que más cercanas al PS y al PCU, pero apuntando mucho al Movimiento de Participación Popular (MPP). ¿Hay un reclamo de las bases para que se mueva la administración más a la izquierda?

-La base social del FA, sobre todo la organizada, siempre le va a exigir al gobierno más. Es natural que así sea. Es parte de los procesos políticos cuando tenés una base consciente y con ideas de transformación. El electorado frenteamplista votó y esa decisión fue la que configuró el mapa de la interna del FA. Hubo un gran apoyo a algunos sectores y eso es un dato relevante. El que tiene mayor responsabilidad o peso está más expuesto a la crítica.

-Se ha transmitido a la dirigencia molestia o descontento desde las bases. ¿Le han llegado reclamos?

-He encontrado críticas, inquietudes y ansiedad. No solamente en la base militante, sino también en la sociedad. Y hay que dejarse tensar por eso, relacionarse sin traumas. Lo otro es pretender monolitismo, una uniformidad que el FA nunca tuvo.

-¿Comparte la propuesta de gravar al 1% más rico?

-El PS tiene una postura clara. Yo soy un militante y sus posiciones me contienen. En este período hubo avances significativos en el Presupuesto en gravámenes al capital. Ese fue el corazón el asunto. Creo que se ha subvalorado en nuestra propia narrativa ese impacto en la recaudación y que no se discutió la posibilidad de más carga tributaria para sectores de trabajadores. En otros períodos del FA sí se discutió. El FA y el PS siempre han planteado la necesidad de avanzar a una mayor justicia tributaria.