UNA MALA NOTICIA PARA EL GOBIERNO

El hecho supone una “mancha” para el país y cae en medio de la campaña electoral.

Cuando el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el subsecretario, Nelson Loustaunau, llegaron el domingo a Ginebra (Suiza) estaban preparados para lo peor. Antes de partir, Murro había declarado a los medios que viajaban “muy tranquilos”, pero también sabían que la política laboral del gobierno -y en particular la negociación colectiva tripartita que tanto ha defendido- podía estar bajo tela de juicio en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras una queja que las cámaras empresariales vienen impulsando desde hace una década.

Y el peor escenario se confirmó este martes, cuando se supo que por primera vez Uruguayintegra lo que los medios han bautizado como “lista negra” de países con incumplimientos en derechos laborales y cuyos casos serán analizados durante la conferencia.

Este viernes el Poder Ejecutivo deberá defenderse y dar explicaciones ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. El caso uruguayo llegó tras informes de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y luego de que el país quedara en una lista provisional de 40 países. La noticia se da en un momento complicado para el gobierno, en la recta final de la campaña electoral y después de algunos desbordes sindicales, como el control obrero en Petrobras el 25 de abril pasado y la polémica ocupación de Friopan a fines de mayo.

En la lista de 24 países -seleccionada en acuerdo por las organizaciones de empleados y empleadores en los días previos a la conferencia- Uruguay aparece en el octavo lugar, detrás de los seis casos más graves de violaciones a las libertades sindicales: Turquía, Etiopía, Irak, Libia, Myanmar y Nicaragua. De hecho, la gran mayoría de los casos que llegan a la OIT son violaciones de los derechos de los trabajadores y por eso el caso uruguayo es peculiar.

Solo Uruguay y Bolivia están en la “lista negra” por reclamos de empresarios (en el caso uruguayo con el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores). El resto son protestas sindicales, en general casos graves o reiterados de incumplimientos de derechos laborales. La inclusión en esta lista es negativa para el gobierno y genera una obvia incomodidad, aunque en rigor no implica sanciones concretas. Sí se elaborará un informe sobre el caso, que será sometido a la conferencia, donde están representados casi 200 países.

El catedrático de derecho laboral, Juan Raso Delgue, dijo a El País que la OIT “ahora mirará muy de cerca la situación de Uruguay” y que será “una mancha” sobre las relaciones laborales en el país. El gobierno “está preocupado por el tema” y “no mirará para otro lado”, mientras que la organización tratará de resolver el problema, “ya sea mandando una misión o intentando encontrar una solución entre las partes”, afirmó.

Uruguay estará bajo la lupa por violación del convenio 98 sobre negociación colectiva, por el cual la OIT viene insistiendo a la administración desde 2010. Hay varias recomendaciones de la organización, aunque la principal es que se privilegie la negociación entre empresa y empleados sobre las condiciones de trabajo y aumentos de salarios, por encima de la negociación tripartita con el gobierno en los consejos de salarios.

Pero quedan por fuera las violaciones al convenio 87 sobre ocupaciones y libertad sindical, sobre el cual los empresarios también habían presentado una queja hace diez años, vinculada al derecho al trabajo si una empresa está ocupada. Pero las cámaras intentarán que el tema igual esté presente durante la discusión.

A juicio de Nelson Larrañaga, abogado en temas laborales del estudio Ferrere, el gobierno ahora está casi obligado a redactar en forma urgente -tras la conferencia- un proyecto de ley sobre negociación colectiva y enviarlo al Parlamento. El problema, dijo Larrañaga, es que el gobierno no quiere modificar la ley de negociación “porque entiende que la negociación colectiva es tripartita”. Si eso se confirma, “seguiremos incumpliendo la normativa”.

Desde Ginebra, el ministro Murro consideró como un “ataque” la decisión de las cámaras de presentar el caso uruguayo ante la OIT. En un video que grabó en Suiza y difundió su equipo de comunicación, lamentó ayer “que algunos representantes empresariales y la OIT hayan cuestionado a Uruguay por su sistema de negociación colectiva”, al tiempo que pidió “tranquilidad” tras conocerse la noticia.

Por su parte, las cámaras empresariales ya preparan en Ginebra su presentación de este viernes. La delegación de los empleadores está encabezada por los asesores Juan Mailhos (Cámara de Comercio) y Andrés Fostik (Cámara de Industrias). A ellos se les sumará mañana el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, y el de la Cámara de Comercio, Julio Lestido, quien ofreció ayer una rueda de prensa antes de viajar.
Lestido dijo a El País que la queja ante la OIT “es un instrumento válido”, y discrepó con el ministro Murro respecto a que la denuncia haya sido formulada para atacar al país. También señaló que la decisión del organismo internacional seguramente genere efectos en las inversiones.

“Las normas que regulan el trabajo hacen que las empresas de Uruguay se vean complicadas para hacer inversiones”, apuntó el empresario.

En el Pit-Cnt se afilian a la teoría de que las cámaras y la Organización Internacional de Empleadores los sometieron a un “chantaje” para que intercedan y que los sindicatos brasileños depongan su denuncia contra el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. El secretario general de la central obrera, Marcelo Abdala, denuncia que detrás de todo esto existen objetivos electorales.

El convenio internacional afectado según la OIT es el 98 sobre negociación colectiva, por el cual ya en marzo de 2010 el Comité de Libertad Sindical de la organización había pedido al gobierno que tomara medidas para modificar la ley de negociación colectiva. Y en febrero de 2019 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT insistió que se cumpla con las ocho recomendaciones realizadas en aquel momento. Una de ellas era que se privilegie la negociación entre empresa y empleados sobre las condiciones de trabajo y aumentos de salarios, por encima de la negociación tripartita en los consejos de salarios.

Pero no fue la única. Otra de ellas fue establecer la exigencia de personería jurídica a los sindicatos, cuando se les comparte información para la negociación por parte de las organizaciones de empleadores.